Que familias con ampliaciones casas más recientes, de mayor superficie y con avalúo fiscal más alto también puedan hacer uso de la “Ley del Mono”, persigue la moción que presentó el diputado Bernardo Berger para facilitar la regularización de viviendas en Chile.
La ley N° 20.898 –conocida comúnmente como Ley del Mono- es un procedimiento simplificado que través de un croquis sencillo y menos burocracia, permite normalizar ante la direcciones de Obras Municipales la situación de viviendas autoconstruidas o que no tienen recepción definitiva.
“Si bien la ley ha sido eficiente hasta ahora, el problema surge debido a que las condiciones exigidas de metraje, antigüedad de la vivienda y avalúo fiscal son bastante limitantes, lo que hace que un grueso importante de la población no pueda acogerse a ella pese a que realmente lo necesitan”, explicó Berger.
Berger agregó que “entonces, el proyecto que he presentado busca que casas más nuevas, más grandes o de mayor superficie, y con un avalúo fiscal más alto que el actual, también puedan hacer uso de la Ley del Mono para regularizar la vivienda, y que esto se pueda tramitar y aprobar con apego a los plazos normales que las municipalidades tienen definido para este tipo de gestión, esto es, en 30 días o menos”.
“El tema es sumamente importante para las familias, porque cuando las casas no tienen esta regularización, sus propietarios se ven impedidos de hacerle mejoras a través de los distintos beneficios y subsidios estatales, participar en algún programa de mejoramiento individual o colectivo, o incluso se ven impedidos de vender”, advirtió el legislador.
La propuesta de Berger, a través de una serie de modificaciones a la normativa vigente, permitiría elevar la superficie de las viviendas afectas a regularización mediante este procedimiento, de los 140 metros cuadrados actuales, hasta 400 m2, indistintamente si se ubican en zonas urbanas o rurales, incluyendo además las superficies no habitables de inmuebles tales como bodegas y estacionamientos cerrados.
Además, eleva el rango de la tasación fiscal, del actual límite de 2 mil unidades de fomento (UF),  hasta las 3 mil UF. También permitirá que pueda acogerse a la norma aquellas viviendas que hayan sido construidas, modificadas o ampliadas hasta el año 2022.
Finalmente, obliga a las direcciones de obras municipales a respetar el plazo de 30 días para la tramitación y aprobación del permiso de regularización, plazo que es el mismo que corre para la regulación bajo la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Este es el segundo proyecto que Bernardo Berger presenta en menos de un año para facilitar el mejoramiento de las viviendas de las familias chilenas. En junio y junto a la diputada Francesca Muñoz, ingresó otra iniciativa que extiende la vigencia de la norma hasta el 2025