Un contundente respaldo judicial recibieron los procesos de cobranza estatal de la educación superior. La Tesorería General de la República (TGR) informó que, de un total de 1.968 recursos de protección interpuestos en su contra por deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), 1.453 acciones legales —equivalentes al 74%— fueron declaradas inadmisibles por las diversas Cortes de Apelaciones del país. Desde la institución señalaron que estos dictámenes confirman la solidez jurídica de sus actuaciones en materia de recuperación de fondos públicos vinculados al financiamiento educativo en 2026.
Fallos por región
El desglose geográfico de los fallos revela un criterio mayoritario en los principales tribunales de alzada de la zona central y sur. Entre las cortes que lideraron los rechazos de admisibilidad destacan:
- Santiago: 569 casos desestimados.
- San Miguel: 197 casos.
- Concepción: 146 casos.
- Rancagua: 58 resoluciones.
Disparidad de criterios en regiones
A pesar de la tendencia nacional, el balance de la TGR también dio cuenta de zonas donde los deudores lograron sortear con relativo éxito la primera etapa de tramitación:
- Talca: 102 casos admitidos.
- Valparaíso: 99 ingresos declarados admisibles.
- La Serena: 24 recursos aceptados.
- Arica: 7 recursos admitidos.
Estos fallos abrieron procesos de revisión de fondo sobre los mecanismos de cobro aplicados.
Rol de la Corte Suprema
La Tesorería General de la República enfatizó que la Corte Suprema ya ha declarado inadmisibles más de 250 recursos de protección de forma directa. Con este pronunciamiento, el máximo tribunal ratifica la postura adoptada inicialmente por los tribunales de Santiago y San Miguel, consolidando una jurisprudencia favorable a las atribuciones de cobranza coactiva de la TGR frente a los saldos pendientes del financiamiento universitario.
