Un funcionario de la Policía de Investigaciones Osorno (PDI) fue detenido en la Región de Los Lagos tras protagonizar un accidente de tránsito en estado de ebriedad, huir del lugar y amenazar con un arma de fuego a una inspectora municipal que documentaba el procedimiento.
El hecho ocurrió la madrugada de este 18 de septiembre,a dos kilómetros de Osorno, en la ruta que conduce a Puerto Octay, lo que derivó en la intervención de personal policial, seguridad municipal y servicios de emergencia. Carabineros fueron alertados sobre un vehículo volcado en una de las pistas, sin ocupantes visibles.
En ese momento, un paramédico de una ambulancia que transitaba por el sector —y que advirtió el accidente— informó que el conductor presentaba lesiones faciales, pero huyó mientras se intentaba aplicar el protocolo de inmovilización.
Tras la alerta, se iniciaron patrullajes preventivos que permitieron ubicar al conductor en el kilómetro 1, frente a una empresa, oculto entre matorrales. Se constató que presentaba lesiones visibles y signos evidentes de ebriedad.
Durante el procedimiento, una inspectora municipal tomó registro fotográfico para georreferenciación. En ese instante, el detenido exhibió una placa identificándose como funcionario de la PDI y habría proferido amenazas de muerte contra la funcionaria. La inspectora, al ver en riego su vida, se refugió en su vehículo y solicitó apoyo a Carabineros, quienes redujeron al sujeto, quitándole el arma, la credencial y la placa de servicio del detective.
Posteriormente el sujeto se negó a realizar la prueba intoxilyzer como también rechazó la alcoholemia voluntaria en el Hospital Base de Osorno. No obstante, por parte de carabineros, se constató aliento etílico, incoherencia verbal e inestabilidad física.
Ante consultas de Radio Bío Bío, la policía civil habría emitió un comunicado señalando que “respecto al accidente vial en el que estuvo involucrado un funcionario dependiente de la Prefectura Provincial Osorno, mientras hacía uso de su tiempo libre, se instruyó un acto administrativo para determinar las responsabilidades en el hecho, entregando además todos los antecedentes al Ministerio Público”.
Por su parte, Carabineros informaron al fiscal de turno sobre los hechos descritos. Sin embargo, este ordenó la inmediata libertad del funcionario de la PDI, lo que ha generado una profunda indignación en la opinión pública. Se cuestiona si el Ministerio Público aplica un trato preferencial cuando el responsable de un delito es parte de una institución policial.
Cuando quienes deben protegernos se transforman en una amenaza
- La gravedad del hecho exige más que sanciones administrativas. Se requiere una revisión profunda de los protocolos de conducta, de los mecanismos de control interno y, sobre todo, de los valores que deben regir a quienes portan un arma y una placa.
- La justicia no puede ser selectiva ni tolerante con el abuso de poder. Si un ciudadano común hubiese cometido estos actos, difícilmente estaría en libertad. La ley debe aplicarse con el mismo rigor para todos, especialmente para quienes tienen el deber de ejemplaridad.
- La prevención comienza con formación ética, fiscalización efectiva y una cultura institucional que no encubra, no relativice ni normalice conductas peligrosas.
- Como sociedad, no podemos esperar a que una tragedia se concrete para actuar, como ocurrió con la inspectora de la I. Municipalidad de Osorno. Cada vida que se pone en riesgo por irresponsabilidades como esta es una alerta que no debe ser ignorada.
Este no es un caso aislado. Es un espejo incómodo que nos obliga a preguntarnos qué tipo de sociedad estamos construyendo y qué tipo de instituciones policiales queremos que nos representen. Que este hecho no se repita depende de todos: de las autoridades, de los organismos de control, de la ciudadanía y de una justicia que no tiemble ante el uniforme.
