octubre 6, 2022

ENTÉRESE DE LAS ÚLTIMAS NOTICIAS EN BREVE

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CDE coordina inspección de parcelación predios rurales en Puerto Varas para evaluar impacto sobre el medioambiente

En una actividad que se extendió durante dos días, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Municipalidad de Puerto Varas y una serie de servicios públicos con competencia ambiental se reunieron para fortalecer la coordinación y gestionar instancias de fiscalización sobre proyectos inmobiliarios en la zona rural, con el propósito de evaluar el impacto que ellos han provocado al medioambiente, asegurar el cumplimiento de la normativa sobre la materia y generar actividades de educación ambiental.
La iniciativa se generó a partir de la necesidad de evaluar y conducir, desde el punto de vista de la protección del medioambiente, un aumento explosivo de subdivisiones prediales en la comuna efectuadas en el periodo reciente, de modo de generar una estrategia conjunta para abordar el adecuado desarrollo urbano.
Junto con el CDE -representado por el jefe de su Unidad de Medio Ambiente, el abogado Rodrigo Rivera-, participaron en las jornadas de trabajo equipos de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), del Servicio de Impuestos Internos (SII), de la Dirección General de Aguas (DGA), del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo y de la Municipalidad de Puerto Varas.

“Es relevante para el Consejo de Defensa del Estado colaborar y favorecer una mayor articulación entre los distintos servicios públicos con competencias medioambientales, junto con la activa participación, en esta ocasión, de la Municipalidad de Puerto Varas, con el objetivo de coordinar y garantizar el pleno cumplimiento de la normativa ambiental”, indicó Rodrigo Rivera.
Por su parte, el alcalde Puerto Varas, Tomás Gárate, sostuvo que “el último año hemos visto que se han generado más de tres mil parcelaciones con información del SII y eso genera una carga muy importante a los territorios. En ese sentido, hoy hemos visto una coordinación inédita de todos los servicios públicos para poder enfrentar este fenómeno, mejorar la regulación y la fiscalización cuando sea necesario”.
En tanto, el abogado regional de la CONAF, Francisco Urrutia, destacó la posibilidad de generar acciones concretas y agregó: “que este sea el primer ejercicio de muchas visitas y revisiones de lo que está ocurriendo en el tema de las parcelaciones. No es que no se pueden hacer, es que se hagan bien. Eso significa tener los permisos adecuados, las obras de urbanización adecuadas, con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el Servicio Agrícola y Ganadero, que los permisos municipales estén debidamente acordados, y que de los pasivos ambientales está claro que se hace cargo el desarrollador inmobiliario y no finalmente el Estado a través del municipio”.
Inspección en terreno
Tras la reunión de coordinación, los equipos se trasladaron hasta los seis predios que fueron fiscalizados, en los que se constataron permisos de edificación, urbanizaciones, captación de aguas y planes de manejo forestal, entre otros.
Una de las preocupaciones de las autoridades se refiere al suministro de agua, dado el déficit hídrico que enfrenta la comuna y el aumento de la población asociado los proyectos de parcelaciones. Al respecto, el jefe de fiscalizadores de la DGA, Leonardo Vega, señaló que se encuentran verificando “cuáles son las fuentes de abastecimiento de agua, si son pozos, ríos, vertientes, o son sistemas de abastecimiento de aguas particulares. También, algunas intervenciones que podrían haber de los cauces naturales, que puedan generar problemas a la comunidad”.
Efectuada la actividad de inspección, cada servicio complementará la información para evaluar el cumplimiento de las obligaciones en las parcelaciones y elaborar un ordenamiento territorial armónico con el entorno y bienestar de las comunidades que lo habitan.
“La actividad de fiscalización contempló visitas de inspección a proyectos de urbanización en zonas rurales, que permitan, durante su desarrollo, generar instancias de educación ambiental y, a su vez, evaluar en terreno eventuales acciones judiciales de competencia del Consejo, específicamente, en aquellos casos en que se corrobore que se han provocados daños al medioambiente y a sus distintos componentes”, concluyó el profesional del CDE, Rodrigo Rivera.

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