Las horas previas al 18-O: el rol del movimiento estudiantil que detonó la “primavera chilena”

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El preámbulo del 18 de octubre fue escrito a pulso por los y las secundarias que instaron a la ciudadanía a saltar los torniquetes. Hoy con la Convención Constitucional instalada y funcionando, se avanza en el mecanismo que daría voz y voto a los mayores de 16 años para efectos de participar en los plebiscitos dirimentes

El 18 de octubre de 2019 quedará grabado en las retinas de todas y todos los habitantes de nuestro país. Sin embargo, ese histórico día fue precedido por movilizaciones de jóvenes y estudiantes, que se manifestaron en las calles y estaciones de metro en reclamo por el alza de 30 pesos en el valor del pasaje.

AL respecto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con algunos de los y las estudiantes que estuvieron al frente de las protestas que dieron pie al denominado “estallido social”.

Marcela Catoni, presidenta del Centro de Alumnas del Liceo 7 de Providencia en ese período recordó que “la movilización secundaria del 2019 “partió con el impulso feminista”.

“Desde mayo que estábamos con diferentes marchas, diferentes movilizaciones respecto a las demandas estudiantiles y las estábamos realizando en bloque con diferentes liceos y colegios secundarios”, comenta.

Esta plataforma secundaria fue alternativa a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y a la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) en la medida que a esa altura contaban con bajos niveles de legitimidad y una adhesión de estudiantes en declive, explica.

Otro tema sustancial para el bloque secundario, relata la ex alumna, era Aula Segura, ley que fue promulgada en noviembre del 2018 por la administración Piñera y Marcela Cubillos a cargo del Ministerio de Educación. La iniciativa fue la respuesta del Gobierno para “ir en apoyo a la educación pública salvaguardando a los docentes que debían convivir con su agresor”.

De ese modo se robustecieron las facultades a nivel de dirección de los establecimientos educacionales en términos de poder expulsar de manera inmediata a los estudiantes que eran vinculados a hechos de violencia o sorprendidos con el porte de elementos amenazadores para la comunidad escolar.

En junio del 2019 el Presidente destacaba en su cuenta pública la promulgación de la ley, aseverando que como Gobierno no se permitirá que “un puñado de delincuentes sigan atentando contra sus propios profesores, compañeros y colegios, destruyendo la educación pública”.

Una política severa que golpeó fuerte en el ejercicio político secundario sostuvo la ex presidenta del Centro de Alumnas del Liceo Tajamar, Muriel Rojas, en cuanto vieron coartado su derecho a manifestación.

“Todos estábamos en contra de eso, fue un shock súper importante. Sentí que fue el primer momento en que se estaban pasando por donde quisieran los derechos humanos, una cuestión de que estamos en democracia y nos están castigando por protestar, por tener opinión. Eso lo encontré muy heavy. Fue el inicio del fin de este gobierno que ya se estaba yendo a las pailas pero ahí pensé, ‘esto no tiene vuelta’”, relató

La disposición confrontacional del Gobierno, redundó en la radicalización del movimiento estudiantil, así interpretó el ex presidente del Instituto Nacional, Rodrigo Pérez, conjugando en el conflicto al entonces alcalde de la comuna de Santiago, Felipe Alessandri, quien a juicio del joven “no desarrolló en su gobernabilidad la importancia de la educación pública”.

“Era notorio que tanto nuestro liceo como el INBA de Santiago, como el Liceo 1, estaban teniendo muchos menos recursos de los que tuvieron en su momento y eso fue por recortes municipales y entendiendo la postura del Municipio, eso tenía que ver con el desfalco financiero que había dejado la administración anterior, pero yo creo que los recortes no tenían que ir dirigidos a la educación pública, deberían haber ido quizás a seguridad, a estas camionetas municipales que se dan vueltas y vueltas pero que pocas veces salvan a alguien. Creo que ahí la decisión política de donde se recorta el dinero fue definitivamente errónea y precarizó nuestra comunidad aún más“, aseveró.

Bajo esa línea, el ex dirigente del Instituto Nacional sostuvo que la respuesta del entonces alcalde de Santiago “siempre fue violenta”. Lejos de generar acercamientos con los alumnos y a sus necesidades, “su respuesta fue: aquí nos están revolviendo el gallinero, necesitamos más seguridad, necesitamos más fuerza policial, necesitamos sacar las manzanas podridas”, citó Pérez algunas frases de Alessandri en ese período.

Secundarios delincuentes

Consultada por el actuar de las policías con el estudiantado durante ese año, Muriel   manifestó que “fue un año difícil porque la protesta estaba súper criminalizada y los pacos…sorry, me cuesta mucho decirle Carabineros, estaban violentos hace mucho tiempo. Hubo un día del 2019 cuando comenzaron a ignorar cualquier prohibición que tuvieran y empezaron a actuar de formas que no pensábamos”, mencionó.

La exacerbación de la fuerza ahondó la desafección de los secundarios sobre las vías institucionales para la resolución de conflictos asegura el ex presidente del Instituto Nacional.

“Empezaron a organizarse cabros aparte de lo que era nuestra organización democrática, institucional y empezaron a haber movilizaciones por doquier, como una explosión de movilizaciones dentro de nuestra misma comunidad. Ahí llegamos a un punto donde había carabineros en el techo del liceo y estaban ahí todo el día, incluso orinaban en el techo y la orina una vez cayó a la sala de clases. Fue un escenario terrible”, recordó.

El robusto edificio ubicado en Arturo Prat 33 fue el epicentro de los altercados entre los adolescentes y las fuerzas de orden público durante el 2019. En eso estuvieron de acuerdo las representantes del Liceo 1 y Tajamar quienes fueron testigo de las circunstancias por las que cruzaron sus pares.

“El estado de emergencia que se declaró a propósito del estallido social había ocurrido, ese año antes, en nuestro liceo”, reflexiona Pérez, “habíamos estado en una especie de estado de excepción constitucional, nuestros derechos se vieron restringidos, nos revisaban las mochilas para entrar a clases, nos trataban a todos como delincuentes, había pacos arriba del techo. No era una cárcel, era un liceo“.

De los establecimientos al Metro

Un cuatro de octubre se anunció un alza de $30 en la tarifa del Metro a la hora punta, con lo que el pasaje alcanzaría los $830 dentro de dos días más. Por otro lado, se redujo el valor en el horario Valle que comprende un tramo entre las 6.00 a 7.00 de la mañana, segmento que sería el consuelo del gobierno para que la ciudadanía hiciera frente a esta nueva disposición.

Bajo esa coyuntura el entonces ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, quien en una entrevista televisada intentaba desdramatizar los declaraciones emanadas por el encargado de Interior Andrés Chadwick sobre la reintegración tributaria, articuló una de las frases disparadoras del descontento popular.

“Quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja”, sostuvo el secretario de Estado.

La declaración, sumada a otras de distintas autoridades, constató una desconexión de las elites hacia las dificultades que enfrenta la población en el día cotidiano.

Así lo comenta la académica del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Sofía Donoso, en el entendido que el Ejecutivo manifestó una ignorancia desde cómo está estructurada la ciudad, hasta los trayectos que la ciudadanía tiene que hacer para llegar a sus lugares de trabajo.

“Si tu piensas en las 24 horas y lo que tienen que enfrentar la gran mayoría de los chilenos y chilenas en su día a día, hay muchos elementos que son abusivos y que ponen de manifiesto las precariedades que vive la población”, analizó.

Con el alza de los $30 pesos del Metro, los movimientos secundarios convocaron a las jornadas de evasión masiva sin ningún tipo de intermediario. El llamado se realizaba vía redes sociales o entre alguna página de memes que circunstancialmente compartía el contenido político.

Pese a que el aumento en la tarifa del Metro no consideraba adultos mayores ni a estudiantes de enseñanza básica y media, el descontento lo encarnación los adolescentes. Una situación que ocurre por lo que Donoso explica como disponibilidad biográfica.

“Efectivamente los estudiantes tienen menos responsabilidades, no están a cargo de una familia, no tienen un trabajo donde tienen que ir necesariamente todos los días y tienen mucho más disposición para participar en la protesta. Menos que perder por así decirlo, en comparación con alguien un poco mayor que en el fondo puede perder el trabajo y el sustento de su familia”, señaló.

El factor se suma al desencanto de los jóvenes al sentir sus expectativas desinfladas de la realidad, lo que se reproduce en cuanto se enfrentan a la desigualdad en materia de educación. Cuestión de la que dio cuenta la ex dirigenta de la Revolución Pingüina el año 2006 y ahora alcaldesa de la comuna de Quinta Normal, Karina Delfino.

“Fuimos parte y figuras conscientes de un modelo profundamente desigual educacional y esto significaba que -sigue siéndolo- de la capacidad de pago de los padres, era la educación que tenían los hijos, entonces el que tenía mucha plata podía meter a su hijo en un colegio que costaba muy caro y tenía asegurado el ingreso a la educación superior y esa desigualdad es la que se cuestiona del movimiento estudiantil con jóvenes que no tenían miedo a cuestionar nada porque somos una generación que nació en democracia”, señala Delfino.

La intervención directa de los secundarios en el espacio público atribuyó a forjar un tejido social más allá del ámbito estudiantil. En esos espacios compartieron con juntas de vecinos y trabajadores del Metro que de forma espontánea se comenzaron a movilizar, relata el institutiano.

“El transporte público es un elemento que de alguna forma mantiene a la ciudad, no así quizás la toma de un colegio. Cuando uno paraliza una cosa tan neurálgica como es el transporte de la capital, creo que la gente reflexiona de manera más profunda, ataca un poco más su cotidianeidad y en ese sentido la gente empezó a apoyar y nos veía y aplaudía con admiración con estas frases de la juventud valiente”.

La situación provocó la inmediata arremetida de las policías. Amplios contingentes de FF.EE se esparcieron en la vía pública, cientos hacia el interior de las estaciones que fueron empujadas a suspender los servicios y a cerrar los accesos para evitar a la turba evasora. A partir de entonces se levantarían serias acusaciones sobre la vulneración de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de orden.

Catoni recuerda cómo las jornadas de protesta comenzaron a concluir de manera sistemática en las Comisarías, en la eterna espera de que las compañeras fuesen liberadas ilesas. Es así como reconoce una notoria desproporcionalidad de la fuerza policial en octubre, en relación a lo que venía sucediendo previamente ese año.

“Para las evasiones del metro nos encerraban y se llevaban a la gente que estaba adentro. Hay muchos videos que muestran como nos encerraban entre medio de los cajeros automáticos y no nos dejaban salir del metro, toda la gente que quedaba  abajo, quedaba encerrada y fue totalmente diferente comparado con lo que había sido en mayo. La lacrimógena ya no era sólo lacri, teníamos a muchas compañeras lastimadas por el gas pimienta y quemaduras en el cuerpo”.

La detención masiva de los estudiantes a partir de ese año y su posterior encarcelamiento entraña una contradicción en materia de los derechos y deberes civiles de los jóvenes secundarios. De eso sabe bien la ex vocera nacional de la CONES y ahora convencional constituyente, Valentina Miranda, en la medida que se “promueve la responsabilidad penal adolescente pero no se reconoce su autonomía progresiva en la participación política y el derecho a tener una opinión“, criticó.

“Los estudiantes secundarios entre los 12 a 18 años son los que dan el primer paso en esta revuelta social y son quienes abren este proceso constituyente, de ellos viene el poder originario constituyente y creo que es fundamental que puedan participar, que puedan poner sus visiones, sus argumentos también y sus proyectos sobre la mesa para que los podamos discutir”, aseveró.

En el marco del proceso constituyente los convencionales han abierto la puerta a la participación de mayores de 16 años para efectos de que puedan sufragar en lo que serían los plebiscitos dirimentes. Una medida que busca correr el cerco de las disposiciones que estableció la reforma constitucional en términos de vincular a quienes fueron los protagonistas del preámbulo del preámbulo del 18 de octubre.

“No pueden quedar fuera de este proceso. Lo que ellos puedan decir, lo que puedan demandar es muy importante pero al mismo también que el mismo proceso constituyente los pueda incorporar en los procesos de participación o en las mesas de trabajo. Este es el momento más importante de Chile constituyente y fue desde el movimiento estudiantil donde se levantaron las primeras demandas de cuestionamiento al modelo”, aseveró Delfino.

By: María Luisa Cisternas Diario UChileCollage por Andrés Ponce G. / Diario tvcanal5.cl Santiago

 

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