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En Puyehue fue detenido exmilitar condenado por asesinatos de Víctor Jara y Littré Quiroga

Este sábado, en la comuna de Puyehue, Región de Los Lagos, fue detenido el militar en retiro Nelson Haase Mazzei, quien permanecía prófugo de la justicia. La captura se concretó en una parcela rural donde se mantenía oculto y responde a la orden de ingreso a prisión dictada por la ministra en visita Paola Plaza, en el marco de las condenas impuestas por su participación en los homicidios del cantautor Víctor Jara y del entonces director general de Prisiones, Littré Quiroga.

Haase Mazzei fue sentenciado a:

  • 15 años y un día de presidio efectivo como autor de los homicidios de Jara y Quiroga.
  • 10 años y un día de presidio por el delito de secuestro calificado de ambas víctimas.

Estas penas forman parte de una de las causas más emblemáticas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar en Chile.

Antecedentes Judiciales

De acuerdo con los antecedentes judiciales, Haase Mazzei se desempeñaba como teniente en el Estadio Chile en septiembre de 1973, recinto utilizado como centro de detención tras el golpe de Estado. Allí integró una unidad militar proveniente del Regimiento Tejas Verdes de San Antonio, bajo el mando de Manuel Contreras, pocos días después del quiebre institucional.

La investigación también estableció que Haase Mazzei fue uno de los primeros oficiales en incorporarse a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), organismo represivo clave en la dictadura. Además, se determinó su participación en la sociedad “Pedro Diet Lobos”, considerada una empresa de fachada utilizada por la DINA para encubrir actividades ilícitas y administrar parte de su financiamiento.

La captura

La detención de Haase Mazzei marca un hito en el cumplimiento de las sentencias relacionadas con crímenes de lesa humanidad. Su captura refuerza el principio de que, aunque la justicia pueda tardar, finalmente se ejecuta, y constituye un avance en la reparación simbólica hacia las víctimas y sus familias.

Este caso se suma a otros procesos judiciales que han buscado esclarecer y sancionar los hechos ocurridos en los primeros días posteriores al golpe de Estado de 1973, consolidando la memoria histórica y reafirmando el compromiso del país con la justicia transicional y los derechos humanos.

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