El Juzgado de Garantía de Río Bueno decretó este miércoles la medida cautelar de prisión preventiva para el alcalde de la comuna, Luis Reyes Álvarez, tras ser formalizado por los delitos de cohecho agravado reiterado y lavado de activos en una investigación vinculada a procesos de licitación municipal desarrollados entre 2017 y 2022.
La misma medida fue aplicada al empresario constructor Héctor Meza, quien enfrenta cargos por el delito de soborno en el marco de la misma causa.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el jefe comunal habría recibido pagos de diversos proveedores a cambio de favorecerlos en procesos de contratación y licitación desarrollados por el municipio. La Fiscalía sostuvo que la libertad de ambos imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, argumento que fue acogido por el tribunal al momento de resolver las cautelares.
Según la investigación, Reyes habría obtenido al menos $36.360.000 en beneficios económicos indebidos provenientes de empresarios y contratistas. De esa cifra, $27.860.000 corresponderían a pagos efectuados por el empresario que también quedó en prisión preventiva.
Asimismo, durante las diligencias investigativas se detectaron cerca de $90 millones en depósitos en efectivo en la cuenta personal del alcalde, cuyo origen aún no ha podido ser justificado ni determinado por los investigadores.
El Ministerio Público sostiene que parte de los recursos obtenidos de manera irregular habrían sido incorporados al patrimonio del jefe comunal y posteriormente utilizados para la compra de bienes y el pago de distintos servicios.
En su resolución, el tribunal enfatizó que los hechos atribuidos al alcalde afectan gravemente la probidad administrativa, la confianza pública y la correcta administración de los recursos fiscales.
Durante la misma audiencia también fueron formalizados la conviviente del alcalde y otros tres imputados vinculados a la causa. Sin embargo, respecto de ellos se decretaron medidas cautelares de menor intensidad, entre las que se encuentran arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, firma periódica y la prohibición de comunicarse entre sí mientras dure la investigación.
La Fiscalía continuará desarrollando diligencias para esclarecer el alcance de los presuntos ilícitos y determinar eventuales responsabilidades de otros involucrados en esta causa de corrupción que afecta al municipio de Río Bueno.
