Senador Karim Bianchi advierte riesgos para la soberanía y el libre tránsito tras proyecto argentino
El senador independiente por Magallanes, Karim Bianchi, manifestó su preocupación por la reciente presentación en el Congreso de Argentina del proyecto denominado “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”, iniciativa que, según advirtió, podría tener implicancias directas para la navegación y el libre tránsito en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
De acuerdo con lo expuesto por el parlamentario, la propuesta busca establecer un marco normativo de amplio alcance para la vigilancia y control de rutas marítimas, otorgando facultades al Comando Conjunto Marítimo y a la Prefectura Naval Argentina para ejecutar procedimientos de interdicción en determinadas zonas bajo su jurisdicción.
Bianchi alertó que el proyecto contempla medidas coercitivas progresivas que podrían incluir la interceptación de embarcaciones, “disparos de inutilización” e incluso el hundimiento de naves por decisión presidencial. Asimismo, la iniciativa considera penas de hasta 20 años de prisión e importantes sanciones comerciales para quienes sean calificados como infractores.
Ante este escenario, el legislador ofició al Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando un análisis técnico y jurídico detallado respecto de la compatibilidad de la propuesta con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y con los tratados bilaterales vigentes entre Chile y Argentina.
Además, requirió que la Cancillería informe sobre las medidas de protección diplomática que el Estado chileno podría adoptar en favor de las tripulaciones nacionales y de las empresas de servicios marítimos y portuarios de Punta Arenas que eventualmente pudieran verse afectadas por la aplicación de la futura normativa.
Según señaló el parlamentario, la finalidad de estas gestiones es resguardar la certeza jurídica, la libertad de navegación y los intereses estratégicos de Chile en la macrozona austral.
El parlamentario magallánico solicitó un informe a Cancillería para evaluar los alcances del proyecto argentino y su eventual impacto sobre la navegación, las operaciones portuarias y la soberanía nacional en el extremo sur del país.
