Pesca ilegal china en Chile: caso revela vacíos legales y debilidades en fiscalización marítima
Una denuncia contra una empresa pesquera china por presunta pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) chilena profundizó un aumento sostenido de este tipo de delitos. Según cifras recientes difundidas por la directora nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, María Soledad Tapia, las denuncias sobre estas acciones se han triplicado en el último año.
Frente a la comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, la autoridad expuso que en los últimos meses se han triplicado las incautaciones y denuncias asociadas a pesca ilegal en el país, lo que da cuenta de una presión creciente sobre los recursos marinos y de mayores esfuerzos de fiscalización, aunque todavía con brechas relevantes en alta mar. Esto, además, expuso un problema mayor: un 96% de los casos queda sin sanción.
En ese escenario, la acción judicial presentada ante la Corte de Apelaciones de Iquique contra una empresa china busca marcar un hito. Se trata del primer caso en Chile que utiliza evidencia satelital como base para acreditar una eventual infracción dentro de la ZEE, lo que podría abrir un nuevo estándar en la persecución de flotas extranjeras.
En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada y coordinadora general de ONG FIMA, Antonia Berríos, explicó que la denuncia surge en el marco del proyecto Legal Ocean Watch, que busca dotar a la sociedad civil de herramientas tecnológicas para detectar actividades ilícitas en el mar.
“Identificamos que el 1 de octubre de 2025 una nave de bandera extranjera habría ingresado a la zona económica exclusiva, presuntamente realizando actividades de pesca. Contrastamos la información de posición con imágenes que muestran la iluminación de la nave, además de su velocidad y rumbo, lo que nos permitió confirmar con alta probabilidad que se trataba de una maniobra de pesca ilegal”, señaló.
Berríos detalló que la embarcación habría permanecido entre 40 y 50 minutos dentro de la ZEE, recorriendo cerca de 500 a 600 metros, antes de salir nuevamente a aguas internacionales para continuar sus operaciones. “Esto lo denunciamos tanto a Sernapesca como al juzgado civil correspondiente. El tribunal deberá analizar los antecedentes y requerir información al armador o responsable de la nave”, indicó.
Desde el ámbito técnico, el especialista en pesca ilegal Milko Schvartzman, consultado por nuestro medio, apuntó a debilidades estructurales en el sistema de control. “Existe una falta de capacidades que tiene que ver con la voluntad política de mejorar el sistema, incorporar nuevas tecnologías y aumentar la presencia en el mar. No ha habido patrullajes permanentes mientras flotas extranjeras operan en zonas adyacentes e incluso ingresan a la ZEE”, afirmó.
El experto subrayó que el monitoreo satelital representa una herramienta clave, aunque insuficiente por sí sola. “Las nuevas tecnologías son fundamentales y permiten contar con información en tiempo prácticamente real. Sin embargo, deben complementarse con vigilancia física, tanto marítima como aérea, y con personal capacitado. Mientras más herramientas se integren, más eficiente será el sistema”, sostuvo.
“Una de las ventajas que tiene este monitoreo es que nos brinda información en tiempo prácticamente real de lo que está sucediendo en el mar. Entonces en algunos casos cuando la unidad de superficie o la embarcación de vigilancia de la Armada está a una distancia extensa del lugar donde se detecta la actividad, en algunos casos este monitoreo satelital nos permite hasta identificar la embarcación y poder, como ocurre en algunos países, hasta sancionarla sin la necesidad de un abordaje”, prosiguió en su explicación sobre las ventajas del uso de nuevas tecnologías en la fiscalización de la pesca ilegal.
En relación con las complejidades de perseguir este tipo de casos cuando involucran actores extranjeros, Berríos explicó que uno de los principales desafíos radica en la eficacia de las sanciones. “Las multas no son altas en relación con los beneficios que se obtienen por el volumen de captura, por lo que no resultan tan disuasorias. También existen obstáculos procesales, como las notificaciones en el extranjero, que implican costos, aunque son salvables”, indicó la abogada.
La abogada agregó que, pese a ello, la normativa chilena permite avanzar en estos procedimientos. “Una nave que realiza pesca dentro de la zona económica exclusiva se somete a la regulación nacional, por lo que el proceso debiera avanzar, aunque se trate de una empresa extranjera”, precisó.
Respecto del impacto del caso, Berríos planteó que podría sentar precedentes relevantes en dos dimensiones. “Primero, será clave ver la posición del tribunal frente a una denuncia presentada por una organización y no directamente por Sernapesca. Segundo, cómo se valora la prueba satelital y qué exigencias establece el tribunal para considerarla fidedigna”, explicó.
Finalmente, Schvartzman abordó la necesidad de ajustes normativos para fortalecer la fiscalización. “Hay que hacer algunos ajustes y actualizar las regulaciones y las normas para el control y monitoreo de la pesca”, enfatizó el especialista.
“Es evidente que hay una falencia de voluntad política. O sea, debe haber una voluntad política de controlar y evitar los ingresos de pesca ilegal. Esa voluntad política no existió en estos últimos años y permitió que flotas extranjeras tuvieran comportamientos transgresores dentro de la Zona Económica Exclusiva de Chile”, concluyó.
By: Camilo Vega Martínez / Diario y Radio Uchile
