Que Chile sea un Estado social y democrático de derecho ¿para qué sirve?, ¿en qué beneficia a un ciudadano? y ¿cómo se lleva a la práctica para que no sea letra muerta?

Estas y otras preguntas quizás muchos se han hecho, y para eso es indispensable explicar el esfuerzo que hizo la Comisión Experta con el fin que nuestro país reciba este reconocimiento en la nueva Constitución.

Después de debates, reuniones y largas jornadas de conversaciones, los integrantes de esta instancia, donde están representadas las distintas fuerzas políticas, acordaron establecer en el artículo 1 del anteproyecto –que habla sobre la dignidad humana como inviolable y la base del derecho y la justicia-, lo siguiente:

“Chile es un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”, dice en la propuesta.

Para explicar en términos simples cómo cada uno de los ciudadanos de Chile se beneficiará en su vida diaria con este nuevo sistema hablamos con dos integrantes de la Comisión Experta, quienes nos dieron su visión sobre esta materia.

Alexis Cortés: “Esto no es una varita mágica”

¿Qué significa que Chile sea reconocido como un Estado social y democrático de derecho?

Es la gran conquista del largo proceso constitucional que se llevó a cabo y que permite asegurar de que esta nueva Constitución sea distinta. ¿Por qué?, porque supone una modificación de la lógica que ha imperado en el estado actual, es decir, que es un estado que solo interviene cuando los privados no pueden o no lo quieren hacer.

Un Estado social y democrático de derecho es un sistema que se define por los derechos que garantiza y que establece la disminución de las brechas y materializa mayores grados de justicia e igualdad social. Eso se supone que es un estado que no abandona y que no puede desatender las grandes desigualdades que hay en el país, las cuales son escandalosas y que deben ser superadas.

¿Cómo esto beneficia o llega a una persona de la tercera edad, a un joven o a un estudiante, por ejemplo?

Significa que es un Estado que debe garantizar los derechos que estamos consagrando en la Constitución, particularmente, en materia de salud, educación, de seguridad social. Es un Estado que tiene un mandato de asegurar condiciones materiales para todos los chilenos, porque solo de ese modo la democracia tiene sentido.

¿Qué significa que como propuesta esté ligado al artículo 1, el cual habla sobre la dignidad humana?

Significa que en buena medida todos los principios y normativas que prevalecen de textos anteriores, se tienen que releer a la luz de esta nueva organización de Estado, y eso supone el principal marco de transformación y modificación de esta normativa. Es un Estado distinto, entendiéndose que es  social, democrático y de derecho, y que no puede olvidarse de los derechos sociales más básicos que nos constituyen, como son salud, educación, vivienda, seguridad social. Sin esos derechos no puede haber democracia plena.

¿Cómo podríamos explicarle a la ciudadanía que este reconocimiento constitucional no quede en letra muerta?

Para que esto sea una realidad es necesario que se establezca una normativa robusta, es decir, una consagración adecuada de los derechos sociales que permitan que el modo de cómo nosotros hemos venido haciendo las cosas puedan ser modificadas en materia de pensiones, salud, educación, etcetera. Las cosas no pueden seguir siendo iguales. Entonces esta nueva Constitución abre la posibilidad de transformarlo, pero, claro, queda sobre todo en manos del legislador democrático. Esto no es una varita mágica, sino que es una llave que permite abrir nuevas posibilidades para implementar esos derechos.

Para todo esto se necesita tener una capacidad recaudatoria adecuada y se ha consagrado el deber de contribuir para que todos nosotros podamos aportar a que esto sea una realidad. Luego del debate constitucional será necesario llegar a un pacto tributario, porque no se constituye un Estado social y democrático de derecho con apenas un 19 por ciento de recaudación en materia de impuestos. Sin duda tendremos que hacer un esfuerzo y será la clave para que esta definición no quede solo en el papel”.

Jaime Arancibia: “No hay derechos sociales si no hay crecimiento económico”

El comisionado, Jaime Arancibia, explica en detalle y de manera muy simple algunas preguntas para entender el concepto y cómo los chilenos pueden resultar beneficiados.

¿Qué significa en la práctica que Chile sea un Estado social y democrático de derecho?

Un Estado social de lo que se preocupa es de decir: miren como Estado no solamente voy a administrar justicia, dictar leyes y dar seguridad ciudadana, de lo que me voy a encargar también es que aquellos que no puedan por si mismos proveerse de estos bienes que son necesarios para la dignidad (alimentación, salud, vivienda, educación, etcétera), yo voy a contribuir a que usted pueda adquirirlos y pueda formar parte de un esfuerzo en que nadie se quede atrás.

¿Qué refleja al final?

El Estado social refleja lo que somos como comunidad, es decir, que nadie se quede atrás en aquellos aspectos que son esenciales para su dignidad, ya que por las circunstancias de la vida no pudo proveérselos por si mismos. Entonces, aquí lo que se está dando cuando se dice que Chile pasará a un Estado social y democrático de derecho, es asegurar prestaciones mínimas en cada uno de estos bienes que son necesarios más allá de la capacidad económica que tengan las personas en financiarlas, pero al mismo tiempo se trata de un Estado democrático de derecho en orden a que estas necesidades puedan ser saciadas por su propio talento, por su capacidad empresarial y de poder contribuir a través de agrupaciones intermedias, como universidades, colegios, clínicas, etcétera.

¿Entonces cómo lo aterrizamos en la práctica?

El Estado social y democrático de derecho en esta propuesta de Constitución forma parte del ADN constitucional chileno, y es que nuestro país siempre se ha hecho cargo de las necesidades sociales a través de instituciones estatales y privadas. Chile no podría decir: oye ahora todos los derechos sociales están a cargo únicamente del Estado, porque iría en contra de su historia, pero tampoco podría decir que todas las prestaciones sociales tienen que estar a cargo de privados y que el Estado no tiene ningún control. Por lo tanto, a mí me parece que una Constitución, que ya en las bases establece que el Estado social consiste en el desarrollo progresivo de estos derechos sociales, a través de instituciones privadas y estatales, logra un justo equilibrio.

¿Cómo se financia y en cuánto tiempo se podría aplicar?

El avance de los derechos sociales depende directamente de la capacidad económica del país. Y por lo tanto, no hay derechos sociales si no hay crecimiento económico. Entonces, si queremos que haya un buen financiamiento, sobre todo por la vía tributaria, es necesario asegurar condiciones de estabilidad para efectos que la libertad de empresa, que es la principal recaudación tributaria, pueda funcionar.  A nadie le beneficia tener un Estado en que la capacidad de emprender o la libertad de empresa esté cercenada, porque eso en la práctica se traduce en menos impuestos, y por tanto, en menos financiamiento sociales. Hay muchos países donde se consagra el Estado social con una libertad de empresa totalmente coartada y asfixiada, donde lo que se produce es pobreza y lo que dice la Constitución sobre los derechos sociales no se cumple, porque no hay dinero para financiarlo. Un Estado social y democrático de derecho robusto, es aquel que logra compatibilizar muy bien la libertad de empresa y el crecimiento económico con el financiamiento de estas prestaciones