Tras más de un año de iniciado, la Contraloría General informó que concluyó el sumario que determina responsabilidades administrativas de Carabineros respecto de su actuar entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre del 2019, durante el contexto del estallido social.
En el informe se propuso la suspensión de dos generales activos, Enrique Bassaletti, quien se desempeñó como Jefe de Zona Este durante las manifestaciones; y Mauricio Rodríguez, ex jefe de Zona Metropolitana y actual director nacional de Personal. También al general en retiro Jorge Ávila, ex jefe de zona de control del orden público. Todos ello por incumplimiento de protocolo.
La disposición formulada por Contraloría es inédita y equivale a la segunda sanción más alta en Carabineros, solo detrás de la destitución. De aplicarse, podría implicar entre uno y dos meses de separación de sus cargos y la imposibilidad de impartir clases en la escuela policial.
El sumario se centró en dos aspectos fundamentalmente: en el uso de gases antidisturbios en las cercanías de los hospitales en Félix Bulnes, Exequiel González Cortés, Gustavo Fricke y la Clínica Santa María entre el 4 y el 11 de noviembre de 2019, el cual está prohibido de acuerdo al protocolo de Carabineros, mienta que el segundo aspecto fue el uso de escopetas antidisturbios en Plaza Baquedano y sus alrededores entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, pese a que existían dudas sobre la composición de los balines arrojados por las escopetas.
Según el informe, ninguno de los generales mencionados adoptaron medidas para corregir estas prácticas policiales de orden público.
Ahora será el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien debe aplicar o no las sanciones y estas, a su vez, deben ser refrendadas por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a través de un decreto supremo.
By: Diario Uchile