Las representantes del Sindicato de Trabajadoras Sexuales Trans y Travestis Amanda Jofré sostuvieron que el ataque perpetrado hacia la presidenta del organismo es evidencia del odio transfóbico enquistado en la sociedad, que se perpetúa por la omisión del Estado en materia de sus derechos humanos.
“Maricón”, “caballo” y “enfermo” es la categoría de descalificaciones que vociferaron tres hombres a Alejandra Soto la madrugada del sábado 9 de octubre en la comuna de Independencia, al tiempo que la golpeaban contra el piso y le propinaban múltiples cortes en su rostro y antebrazo. La agresión que inició como un asalto en la intersección de Avenida La Paz con Antonio López Bello, escaló a un crimen de odio transfóbico en cuanto los atacantes cayeron en cuenta que su víctima era una persona transgénero. Por este motivo es que los sujetos rociaron bencina sobre el torso de Alejandra, la apuñalaron en su muñeca y prendieron fuego a su cuerpo.
Así lo dio a conocer en un comunicado el Sindicato de Trabajadoras Sexuales Trans y Travestis Amanda Jofré- organismo que Alejandra preside- informando que la agresión ocurre luego de que su compañera se había retirado del velorio de una amiga y que al huir de los atacantes, ella no obtuvo ningún tipo de auxilio de las personas a las que requirió ayuda ese día.
En conversación con nuestro medio, Violeta Quezada, encargada de Derechos Humanos de la organización relató que “Alejandra se logró zafar completamente ensangrentada, golpeada y quemándose, literalmente en llamas. Se encontró con cinco sujetos que estaban alrededor, les pidió ayuda, les dijo que había tres tipos que la intentaron asaltar y ninguno hizo nada“.
Extinguiendo el fuego por sus propios medios, Alejandra volvió desorientada a su hogar donde reposó por tres horas para luego dirigirse a un centro médico a constatar lesiones, agregó Violeta. Hoy, la representación legal del caso está en manos de un grupo de abogadas de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos del Pueblo (Codepu) que provee apoyo al sindicato Amanda Jofré en los casos de violencia transfóbica.
La agresión hacia la activista, quien es también integrante y referente internacional de la Red de Latinoamérica y el Caribe de personas trans (RedLacTrans) y de RedTransChile que agrupa a más de veinte organizaciones en todo el país, es una nueva y lamentable evidencia de las dimensiones del odio que se manifiesta por el uso de la fuerza de personas transfóbicas. Una problemática que Anastasia Benavente, vocera del Sindicato Amanda Jofré, consideró enquistada en el país producto de la visión “patologizante” que se tiene hacia las personas trans.
“No hasta hace mucho la transexualidad se veía como una patología de forma médica entonces finalmente la gente nos ve como personas enfermas y que por lo tanto necesitamos corrección, porque no nos leen, nos ven como cuerpos monstruosos porque no estamos en el binario hombre mujer que es la base del sistema patriarcal donde finalmente hay una supremacía del hombre por sobre la mujer y donde nosotras quedamos como cuerpos abyectos, ilegibles y finalmente eso provoca un odio, porque hay un odio hacia la diferencia”, aseveró.
La resistencia al reconocimiento del nombre social y la ausencia de personas transexuales en los medios de comunicación salvo cuando ocurren crímenes de odio, son las disposiciones de la sociedad civil que perpetúan la negación social hacia las sujetas transgénero, agregó la vocera.
“Seguimos siendo el fetiche, el morbo, que ‘ay la pobrecita, la travesti que la apuñalaron, la mataron, le hicieron esto’ pero finalmente nadie hace nada en lo concreto porque nosotras deberíamos estar dando clases de educación sexual integral en la televisión como sucede en otras partes del mundo, pero nos quieren seguir teniendo escondidas, nos quieren seguir teniendo en la esquina en la noche pasando peligro y obviamente los grupos conservadores y fundamentalistas nos consideran monstruosas, pecaminosas, degeneradas y nos siguen viendo como hombres vestidos de mujer“, criticó.
No es una violencia circunstancial sino que de orden estructural aseveraron ambas representantes de la organización. Una discriminación que parte desde la Constitución vigente donde se les omite en materia de garantía de derechos al consignar al hombre y a la mujer, vale decir, a personas cisgénero y heterosexuales, como únicos objetos de protección del Estado. 

Para efectos de terminar con las dinámicas de exclusión es que el Sindicato Amanda Jofré participó en una de las audiencias de la Convención Constitucional entregando insumos al debate político y proponiendo ampliar el concepto de familia en la nueva Carta Magna, para que de ese modo ser incluidas en los programas de apoyo social.
“Otro de los aspectos fue avanzar hacia una ley integral trans que incorpore salud, educación, acceso a la vivienda, al trabajo y reparación porque finalmente lo que ha cometido históricamente el Estado de Chile es un genocidio a nuestra comunidad, porque nuestra expectativa de vida no supera los 35 años siendo muy por lo bajo del resto de la población y eso está avalado por informes internacionales de Comisión de Derechos Humanos más las investigaciones internas que nosotras hacemos como organización”, indicó Anastasia

Esta política integral es la orientación que debe reconocer el Estado en términos de liberar a las mujeres trans del trabajo sexual como única vía de subsistencia, agregó la vocera, en la medida que el grueso de los problemas que ellas mantienen se relacionan con la falta de acceso al trabajo.
“Las chicas tienen que seguir ejerciendo el trabajo sexual para poder sobrevivir. Es el único ámbito que la sociedad ha dejado para nosotras: la noche, la esquina y ahí es donde se produce la mayor cantidad de las agresiones”, señaló.
En junio de este año un grupo de diputadas y diputados encabezados por Natalia Castillo y junto al sindicato Amanda Jofré, la Fundación Iguales Chile y la asociación OTD presentaron un proyecto de ley que busca establecer un cupo del uno por ciento para personas trans en las contrataciones de organismos del Estado y en las empresas con participación del Estado. No obstante la iniciativa duerme en el Congreso.
By: Maria Luisa Cisternas / Diario Uchile