Ante la posibilidad de que se implemente nuevamente una medida en la que los trabajadores y trabajadoras tengan que “meterse la mano al bolsillo” para salvar la crisis, cabe preguntarse en qué situación se encuentran las políticas estatales de ayuda directa impulsadas por el Ejecutivo
Esta semana se ha planteado un proyecto que busca permitir un segundo retiro del 10 por ciento desde los ahorros previsionales. La Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central hizo lo suyo, evidenciando que, a pesar de los dramáticos pronósticos de algunos, el retiro de fondos significó una importante inyección a la economía del país; pero también le entregó un argumento técnico a la moción presentada por la diputada Pamela Jiles, el que también ha ido sumando apoyos de parlamentarios que van desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista.
Las razones de la diputada Jiles para presentar el proyecto tienen que ver con las necesidades de una ciudadanía que, para ella, a seis meses del arribo de la pandemia a nuestro país, todavía se encuentra abandonada a su suerte y sin una ayuda directa del Estado que les permita mantenerse a flote; todo esto en un contexto en el que los programas de ayuda directa que ha impulsado el Gobierno, para muchos, han llegado demasiado tarde y, para otros, derechamente no han llegado.
Pero la pregunta que surge ante la posibilidad de que se implemente una nueva “autoayuda directa” -en la que los trabajadores y trabajadoras tengan que “meterse la mano al bolsillo” y nuevamente acudir a sus preciados ahorros previsionales-, es en qué situación se encuentran las políticas estatales de ayuda directa.
A seis meses de la llegada del virus a nuestro país, para muchos ya se acaba la cobertura del Seguro de Cesantía o la protección de la -valga la redundancia- Ley de Protección al Empleo, es decir, el primer retiro del 10% no bastaría para cubrir lo que viene. Así, ha comenzado a aflorar la realidad de un gran sector de la ciudadanía que se encuentra en situaciones precarias, en momentos en que el país se ve azotado por altos índices de desempleo y enormes dificultades, tanto económicas como sanitarias.
Consultada por Diario y Radio Universidad de Chile respecto de una evaluación de las primeras ayudas implementadas por el Ejecutivo en este sentido, la abogada y exministra del Trabajo y de Planificación, Alejandra Krauss, criticó los instrumentos que implementó el Gobierno para llegar a este grupo de la población. En su opinión, estos mecanismos de ayuda estatal llegaron de forma tardía y, peor aún, con un mal diagnóstico inicial, lo que ha generado nefastas consecuencias. “Profundizó el impacto de esta crisis sanitaria en los hogares, en las familias, en los trabajadores y en las personas“, sostuvo.
“Se requería una ayuda rápida en forma universal para lograr paliar los efectos iniciales de la pandemia y de esa manera contener el impacto en las familias, la falta de ingresos o la reducción de los ingresos, y la cadena que ello conlleva, el no pago de servicios, de arriendos, de créditos hipotecarios, o mayor endeudamiento para las personas”, explicó la ex secretaria de Estado. “Es de esperar que hayamos aprendido de esa lección y particularmente el Gobierno y sus autoridades, de tal manera que las políticas y los instrumentos que se propongan al país sean efectivamente eficientes; porque no hay tiempo“, sostuvo la exministra.
“Contamos con muchos mecanismos, muchos instrumentos que nos permiten tener diagnósticos más acotados y más efectivos”, concluyó Krauss. “Y nunca más políticas de goteo“, agregó.

Entre los diagnósticos y balances que se han realizado de lo que fueron los primeros meses de la pandemia, la crisis socioeconómica que emana de ésta y los programas que implementó la administración de Sebastián Piñera para ir en ayuda de los sectores más vulnerables, una palabra que se repite es “focalización”.
Y es que la estrategia del Gobierno se centró en aquel concepto, dividiéndose entre planes que apuntaban a los sectores más vulnerables -como el Ingreso Familiar de Emergencia o el programa Alimentos Para Chile- y otros que apuntaban directamente a la clase media -como el llamado Aporte Fiscal para la Clase Media o el Préstamo Solidario del Estado-. Pero aún así, hubo sectores que no fueron abarcados por el manto de ayuda estatal y que quedaron fuera de cualquier tipo de beneficio.
Es por esto que para el reconocido economista y ex decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Manuel Agosín, el Ejecutivo debió haber sido más audaz y haber apuntado a un sistema universal, en el que las ayudas directas lleguen a todos y de manera efectiva; aunque esto implique un mayor gasto para el Estado.
“Hemos pecado de tratar de ser focalizados y gastar lo menos posible, cuando aquí habría que haber sido bastante arrojado y haber tenido bastante audacia para proteger a un grupo mucho mayor. ¿Ahora cómo vamos a detectar a las personas que no recibieron nada? Eso es un problema insoluble, porque se dio un poquito por aquí, otro poquito por allá. Han sido medidas salpicadas y aquí lo que se necesitaba era una medida universal“, indicó Agosín a nuestro medio.
“No sé qué va a hacer el Gobierno, habría que ver qué es lo que va a hacer y cómo va a detectar a las personas que no recibieron nada. Porque desde luego que las personas que recibieron, y que se les acabó eso que recibieron, tienen que recibir de nuevo, porque el país sigue paralizado. Hay una pequeña reapertura, pero es una cosa muy leve por ahora, la mayoría de la actividad económica está clausurada”, advirtió el economista.
“Yo creo que vamos a tener que volver a un sistema que sea mucho más universal y menos focalizado. Yo sé que cuesta plata, yo sé que nos endeuda, que se nos está acabando el Fondo Soberano, todo eso es cierto. Pero la gente primero, la gente va primero. Si no la gente se lo va a cobrar, se lo va a cobrar al Gobierno cuando termine esto, y se lo va a cobrar con violencia. Así que yo creo que debería tener mucha más audacia en esto“, sentenció el ex decano de la Facultad de Economía y Negocios.
Los expertos coinciden en que un mal diagnóstico inicial y la política de focalización fueron determinantes en la mala evaluación e implementación de las ayudas que impulsó el Ejecutivo. Es por esto que también coinciden en que, para las próximas acciones en este sentido, se debe tomar en cuenta la experiencia anterior y sus aprendizajes. Durante esta semana el Gobierno comenzó a trabajar en un nuevo paquete de medidas económicas, el que apuntaría esta vez a los trabajadores y trabajadoras que han sido suspendidos en el marco de la ley de Protección al Empleo o que derechamente se encuentran desempleados en medio de la crisis, lo que sería anunciado este viernes o la próxima semana.