El espaldarazo de la izquierda a Pedro Castillo no incluye la mano del Presidente Gabriel Boric. El Gobierno chileno ha decido respaldar la gestión de Dina Boluarte en Perú, en contravía a las posturas de los países de Argentina, Venezuela, Colombia, México y Bolivia.
«Agradezco el apoyo del Gobierno de Chile a la asunción de mando constitucional de la presidenta Boluarte», comentó la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, en una entrevista radial de la que se hizo eco el Ministerio de Exteriores de Perú.
De acuerdo con Gervasi, la canciller chilena Antonia Urrejola habría manifestado la «posición crítica» de La Moneda con los decretos que provocaron la caída de Pedro Castillo, y que consideran como una «ruptura del orden democrático». De esta manera, la administración de Boluarte –que asumió el poder hace ocho días tras la vacancia contra Castillo– cuenta ahora en la región con el reconocimiento de Chile y el respaldo de los gobiernos conservadores de Ecuador, Uruguay y Costa Rica.
Un rotundo ‘No’
La postura de La Moneda, aunque distinta a la del bloque de izquierda, no es sorpresiva. El pasado miércoles, medios chilenos revelaron la negativa de Boric de sumarse al comunicado conjunto que emitieron sus homólogos Gustavo Petro, Luis Arce, Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador.
En ese texto, que provocó el llamado a consultas de los embajadores de Colombia, Bolivia, México y Argentina en Perú, el bloque de izquierda exigía el respeto a la voluntad popular que puso a Castillo en el poder y el resguardo de sus derechos fundamentales.
«Para el mundo –dice el comunicado conjunto– no es novedad que el presiente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ‘Pacto de Costa Rica’, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención».
Y es que, para el grueso de la izquierda latinoamericana, que incluye a Honduras y Venezuela, la salida de Castillo, su posterior detención y posible encarcelamiento, forma parte de una política de hostigamiento que debe revertirse.
No obstante, Boric ha sido díscolo en ese consenso. Según las revelaciones de La Tercera, la canciller chilena dio un rotundo ‘no’ a la propuesta de su homólogo colombiano, Álvaro Leyva, de sumarse al comunicado conjunto a favor de Castillo
Más allá de la certeza o no de ese episodio, la posición de Chile quedó clara en una intervención televisiva de Urrejola el martes, cuando aseveró que el mandatario vacado de Perú «no respeto las normas constitucionales».
«No me corresponde a mí como canciller pronunciarme sobre las acusaciones. Lo que sí nos parece fundamental con un país vecino es poder insistir en la importancia del Estado de derecho«, dijo la ministra durante el programa Mentiras Verdaderas.
De momento, la cancillería chilena no ha hecho pronunciamientos públicos sobre la situación de Castillo, sino que emitió este jueves un comunicado para darle indicaciones a sus connacionales en Perú, en vista del recién decretado estado de emergencia que suspende varios derechos constitucionales.
Para el Gobierno de Boric, esta medida de la administración de Boluarte ha sido tomada «con el objeto de garantizar el orden interno, la continuidad de actividades económicas y la protección de la ciudadanía».
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