La comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, decidió por 1 voto a favor, 3 en contra y 1 abstención, recomendar a la Sala de la Cámara el rechazo de la procedencia del libelo presentado por el Partido Republicano.

La resolución de la comisión, presidida por la diputada Clara Sagardía (IND-Frente Amplio) e integrada por las y los legisladores Joaquín Lavín (UDI), Bernardo Berger (IND – RN), Karol Cariola (PC) y Éricka Ñanco (RD), no es vinculante y será la Sala de la Cámara la que deberá decir este jueves si procede o no la acusación constitucional. Primero las y los diputados deberán resolver  la cuestión previa y si esta no es acogida,  votar el fondo del texto.

El diputado Berger al fundamentar su voto a favor explicó que los antecedentes daban cuenta de una vulneración del secretario de Estado al principio de “probidad” y criticó “la grave forma pública en la que han denostado a una mujer”, viniendo de un gobierno que “se dice feminista y ecologista”.

En tanto, la diputada Karol Cariola votó en contra y afirmó que el libelo contiene múltiples errores, contradicciones e incluso datos falsos que impiden al secretario de estado hacer uso de su derecho a defensa.

Precisó que la acusación “no cumple con los requisitos que la Constitución y la Ley establece. Contiene numerosos defectos que la hacen inadmisible”, destacando que “la responsabilidad constitucional solo puede fundarse en hechos personales de la persona acusada. Ningún hecho en los que fundan la acusación corresponde a hechos personales del ministro Jackson”.

 En la sesión, el diputado Lavín (UDI) se abstuvo y argumentó que si bien el ministro Jackson es el responsable político de lo que sucede en la cartera, la acusación carece de argumentos jurídicos que demuestren que el ministro haya infligido la Constitución y por tanto su recomendación a la Sala es abstenerse de seguir adelante con la misma.

Por su parte, la legisladora Ñanco afirmó que el ministro no tuvo “ninguna responsabilidad” con lo ocurrido con la exseremi.

Indicó que “sería un precedente muy grave de esta corporación admitir la procedencia de una acusación que no tiene ningún fundamento referido a una acción y omisión del ministro que configure una infracción a la Constitución o las leyes. Como diputados tenemos la responsabilidad de usar esta herramienta para casos excepcionales y fundados”.

Para la presidenta de la instancia, diputada Sagardía “la acusación contra el ministro de Desarrollo Social no se sustenta en ninguno de sus capítulos del libelo acusatorio”.

Añadió que “el libelo acusatorio es de carácter general con una interpretación amplia, no cumpliendo con los requisitos mínimos que establece la Constitución política del Estado, que requiere un incumplimiento específico y probado”.