El Consejo de Defensa del Estado, a través de su Procuraduría Fiscal de Santiago, interpuso una querella criminal contra 12 exmilitantes del partido Comunes, entre ellos, la excandidata a Gobernadora por Santiago, Karina Oliva, y contra quienes resulten responsables, por el delito de Fraude de Subvenciones previsto.

De acuerdo a la acción del CDE, interpuesta en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, los imputados Martín Miranda, Ailine Ramírez, Marcelo Riffo, Juan Pablo Sanhueza, David Castillo, Jean Flores, José Robredo, Diego Corvalán, Luis Nicolás Romero, Jorge Ramírez, Camila Ríos y Karina Oliva, durante los períodos electorales del año 2021, cuando la querellada Oliva se postuló al cargo de Gobernador Regional Metropolitano, tanto en primera como en segunda vuelta, por la lista del partido Comunes.

La querella indica que realizaron una serie de rendiciones de gastos de campaña que dan cuenta de “maniobras para abultar y disfrazar los gastos electorales y de esa forma solicitar al Servicio Electoral de Chile (SERVEL) devoluciones improcedentes, para así perjudicar al Fisco de Chile”.

Los hechos dan cuenta que los imputados Jorge Ramírez, quien presidía el partido, Camila Ríos, secretaria ejecutiva, Martín Miranda, administrador electoral y la propia Karina Oliva.

De acuerdo a la querella eran “quienes tomaban las decisiones de quién podía ser candidato, así como los gastos y financiamiento de las campañas electorales” de manera concertada, con diversos coimputados señalados anteriormente, emitieron boletas y facturas ideológicamente falsas, por servicios no prestados o con montos abultados, con el objetivo de indicar que dichas boletas o facturas ideológicamente falsas estaban por pagar, para solicitar un reembolso mayor al Servel y justificar además los montos crediticios pedidos para tal efecto por la candidata Oliva.

Con la misma intención de abultar estos gastos no realizados, Miranda incorporó además en la rendición electoral de Oliva dos facturas de la Fundación Chile Movilizado, por servicios que efectivamente no se prestaron, y cuyos informes para responder las observaciones del Servel, fueron copiados de los elaborados por la empresa Criteria Research.

Este modo de perpetrar el delito, realizado a través de diferentes mecanismos en la primera vuelta electoral se habría repetido en la rendición de gastos de la segunda vuelta electoral. Sin embargo, en ambos períodos hubo montos que finalmente fueron objetados y luego rechazados por el Servel, al no ser justificados correctamente y, por tanto, no se habrían realizado dichos pagos.

En total, en cuanto al perjuicio al Fisco se defraudó la suma total de $293.093.681 intentando defraudar, además, el monto de $110.000.000.