Sobreseen al diputado Sabat por conducir en estado de ebriedad: ¿Hay chilenos de primera y segunda categoría ante la ley?
El reciente sobreseimiento del diputado UDI Omar Sabat en una causa por conducción en estado de ebriedad ha vuelto a abrir un debate que trasciende lo estrictamente jurídico y se instala de lleno en la percepción ciudadana: ¿la ley se aplica de la misma forma para todos los chilenos?
Desde el punto de vista legal, la decisión del tribunal se ajusta a las herramientas que contempla el sistema procesal penal. El parlamentario fue formalizado tras ser sorprendido conduciendo con 0,95 gramos de alcohol por litro de sangre, accedió a una suspensión condicional del procedimiento, cumplió las condiciones impuestas por la Fiscalía de Los Ríos y, finalmente, su causa fue sobreseída. Todo dentro de los márgenes que establece la ley.
Sin embargo, el problema para la ciudadanía no siempre radica en la legalidad de una resolución, sino en la señal que ésta transmite.
Para miles de chilenos resulta difícil comprender cómo una persona sorprendida conduciendo en estado de ebriedad no pasa por una detención, no recibe una condena penal y termina recuperando su licencia una vez cumplidas determinadas condiciones. Más aún cuando desde las autoridades, las campañas de prevención y las propias instituciones del Estado se insiste, año tras año, en que conducir bajo los efectos del alcohol puede costar vidas y constituye una grave irresponsabilidad.
La sensación de desigualdad se profundiza cuando el involucrado no es un ciudadano cualquiera, sino una autoridad política. Aunque jurídicamente tenga los mismos derechos que cualquier imputado, ante la opinión pública surge inevitablemente la duda respecto de si una persona común habría recibido el mismo trato, las mismas oportunidades o el mismo nivel de comprensión por parte del sistema de Justicia
Es precisamente en este punto donde aparece la percepción de que existen chilenos de primera y segunda categoría. No necesariamente porque la ley establezca privilegios explícitos, sino porque los resultados de algunos procesos generan la impresión de que ciertos sectores cuentan con mayores facilidades para enfrentar las consecuencias de sus actos.
La confianza en la justicia no se construye únicamente sobre resoluciones ajustadas a derecho. También depende de que la ciudadanía perciba que las normas se aplican con igualdad, transparencia y coherencia. Cuando una autoridad política es formalizada por conducir en estado de ebriedad y años después el episodio concluye sin una condena, la pregunta surge de manera natural en la calle, en las redes sociales y en las conversaciones cotidianas.
¿Recibió el mismo tratamiento que habría recibido cualquier chileno? ¿O el sistema termina siendo más benevolente con quienes ostentan poder, influencia o visibilidad pública?
El caso de Omar Sabat probablemente quedará cerrado en los tribunales, pero difícilmente cerrará el debate ciudadano. Porque mientras existan resoluciones que la población perciba como distantes del sentido común y de las consecuencias que enfrentaría una persona común, seguirá instalada la sensación de que la igualdad ante la ley es un principio que no siempre convence a quienes están llamados a creer en él.
