La Comisión Chilena de DDHH, la Fundación FIBG y el Centro CRED entregaron detalles de la presentación con la que buscan establecer la responsabilidad que le cabe al Presidente Piñera y otras autoridades en las graves violaciones a los DDHH ocurridas desde el estallido social a la fecha.
Este viernes 30 de abril, en una conferencia de prensa que contó con la participación de diversas organizaciones internacionales, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, junto a la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBG) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), dieron a conocer los detalles de la denuncia que presentaron ante la Corte Penal Internacional en contra del Presidente Sebastián Piñera.
Junto al exjuez español Baltasar Garzón, una serie de organizaciones ligadas a la defensa de los derechos humanos tomaron la decisión de acudir ante la Corte Penal Internacional con el objetivo de establecer la responsabilidad del Presidente de la República -y otras autoridades- en una serie de situaciones vulneratorias ocurridas desde octubre de 2019 a la fecha y que, aseguran, revisten el carácter de crímenes de lesa humanidad.
En ese sentido, el abogado y presidente de la Comisión Chilena de DD.HH., Carlos Margotta, explicó las razones que sustentan la presentación ante la Corte Penal Internacional y los argumentos a raíz de los cuales, aseguran, se puede comprobar que el Presidente Sebastián Piñera y otras autoridades del Estado de Chile son responsables de delitos de lesa humanidad.
“Queremos, a través de esta presentación, que el Presidente de la República y las demás autoridades, civiles y policiales, respondan ante la Corte Penal Internacional porque se han cumplido los requisitos exigidos por el Artículo 7 del Estatuto de Roma que describe los crímenes de lesa humanidad como los homicidios, torturas, mutilaciones, detenciones arbitrarias y otros actos inhumanos de carácter similar que causaron, intencionalmente, grandes sufrimientos y atentaron seriamente contra la integridad física y salud mental de miles de habitantes de nuestro país“, sostuvo el abogado y representante de la Comisión Chilena.

“Todas ellas cometidas en el marco de un ataque sistemático o generalizado en contra de la población de Chile“, agregó Margotta, y “con pleno conocimiento de las autoridades“.
En ese marco, las organizaciones explicaron que la denuncia también tiene como fundamento el que los órganos obligados de perseguir y juzgar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en este contexto, han incumplido su deber constitucional y legal, al archivar sin formalizados la gran mayoría de las querellas por atropellos de este tipo.
En ese sentido, el presidente del Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia (CRED), Fabio Marcelli, explicó que la presentación está amparada en el principio de complementariedad que rige a la Corte Penal Internacional. “Uno de los principios que rigen la Corte Penal Internacional es el principio de complementariedad. Es decir, la CPI interviene sólo si el Estado directamente involucrado no quiere o no puede sancionar las graves violaciones y crímenes de lesa humanidad”, indicó Marcelli.
“Por lo tanto, este juicio que nosotros promovemos es un desafío también a la magistratura chilena, para que se haga intérprete de esta demanda de justicia. Es decir, si la justicia chilena no va a actuar, está la CPI que, según el principio de complementariedad y subsidiariedad previsto por su estatuto, tiene que intervenir en estos casos“, interpeló el presidente del Centro CRED.

En ese sentido, desde la Comisión Chilena y las organizaciones que apoyan la iniciativa manifestaron su preocupación por el nulo avance que han tenido las investigaciones en contra de los agentes del Estado involucrados en atropellos a los derechos humanos, en donde las últimas cifras dan cuenta de que más del 50% de las causas han sido cerradas sin responsables. Cuestión que, señalaron las organizaciones, añade más elementos para justificar la participación de la Corte Penal Internacional en el proceso.
Por su parte, el exjuez español Baltasar Garzón, quien es presidente de la fundación del mismo nombre y uno de los requirentes en la presentación, se refirió a los elementos que los hacen asegurar que lo ocurrido en Chile, desde el estallido social de octubre a la fecha, revisten el carácter de crímenes de lesa humanidad.
“Consideramos que son crímenes de lesa humanidad porque responden, y así se pretende explicar en el escrito de denuncia, a una política generalizada o general del gobierno chileno, a cuyo frente está el presidente Sebastián Piñera, y fueron realizados de forma sistemática durante varios meses“, aseguró el exjuez español que emitió la primera orden de detención en contra del dictador Augusto Pinochet. “Incluso diríamos que llegan a este momento, porque se siguen sucediendo acontecimientos que son o pueden considerarse integrados en esta dinámica delictiva”, añadió Garzón.

En ese sentido, explicaron que el objetivo es que la fiscalía de la Corte Penal Internacional tome conocimiento de los hechos y exija al Estado chileno, a través de sus instituciones, que de una respuesta. Si Chile no la da o ésta no es satisfactoria, la Corte Penal Internacional tendrá la obligación de avanzar en la investigación de estos crímenes que, según argumentan los requirentes en la presentación ante el organismo y con los antecedentes que han logrado recabar hasta ahora, tendrían el carácter de crímenes de lesa humanidad.
By: Tomás González F / Diario Uchile
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