Pese a que el Ejecutivo anunció que se congelarían los valores por el lapso de tres meses, los expertos aseguran que el tema debe ser abordado en profundidad para una solución definitiva. Para el abogado Carlos Gajardo, el Estado cuenta con herramientas constitucionales, así como normativas correspondientes al vigente estado de catástrofe, para regular los precios de las isapres.
El alza de un 4,5 promedio en los precios de siete isapres ha sido el nuevo golpe de los privados hacia los usuarios en medio de la crisis sanitaria, y ha abierto el debate respecto de lo que puede o no hacer el Estado para evitar hechos de este tipo.
Aunque para algunos especialistas, principalmente del mundo del Derecho, este es un tema que podría ser resuelto gracias a las posibilidades permitidas en el vigente estado de catástrofe, es necesario revisar también cuáles han sido las últimas iniciativas en materia de salud pública que intentaron equiparar la cancha.
Así, por ejemplo, durante en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se empezó a gestar un proyecto que pretendía aunar los recursos destinados a Fonasa y las isapres, creando así un plan único de salud denominado Conjunto de Beneficios de Salud y dejando a las isapres como una especie de seguro complementario.

Dicha moción se empezó a gestar a través de una comisión de expertos durante los primeros 100 días de Gobierno y aunque finalmente no logró ser ingresada al parlamento, para uno de los ex integrantes de la comisión, el economista Andras Uthoff, habría cambiado significativamente la forma en cómo se está enfrentado hoy la pandemia del COVID-19.
“Era un proyecto que hablaba de avanzar en un plan único de la salud y un financiamiento para ese plan único no solo con aportes del Gobierno, sino que aportes de las cotizaciones a la seguridad social en la salud. En consecuencia, hoy día habría la disponibilidad del Estado de dar celeridad dentro de este paquete básico de salud y financiar las acciones que se debieran hacer”, señaló Uthoff en conversación con nuestro medio.
Pero lo sucedido con las isapres no es el único hecho que ha dejado inconforme a la ciudadanía. Desde la fundación Equidad, por ejemplo, a raíz de esto, denunciaron que tanto en clínicas, centros médicos y proveedores de insumos los abusos en los precios siguen siendo reiterados.
Por esta razón, la demanda del director de dicha organización, Tomás Lagomarsino, es aún mucho más radical, pero no ajena a lo que países europeos manejan por estos días.
“Ante la pandemia del COVID-19, el Gobierno debe nacionalizar y tomar control de todo el sector privado de salud, incluyendo las aseguradoras privadas. De esa forma se puede poner a disposición de las personas estos recursos económicos, sus camas, trabajadores, insumos y, por supuesto, todas las prestaciones que el sector privado cuenta”, manifestó Lagomarsino.

Para la Fundación Equidad, además, es preciso recalcar que el alza en la isapres no es una novedad relacionada con la pandemia, sino más bien una práctica común que ha llevado a muchos usuarios a presentar recursos de apelaciones, en donde finalmente las cortes han declarado ilegales a este tipo de abusos, por no tratarse de un acuerdo de ambas partes.
Además de ese mecanismo legal, totalmente válido de evaluar en estas circunstancias, para el abogado Carlos Gajardo es necesario considerar las facultades que tiene el Gobierno en medio de un estado de excepción.
“Que esto haya ocurrido estando en esta epidemia y con estado de catástrofe es lamentable. El Gobierno se equivoca cuando dice que no tiene facultades para revertir esta alza y que tiene que hacer intentar buenos oficios con las isapres para dejarlas sin efecto. Hay herramientas legales en la propia constitución, pero también en las normativas del estado de vigencia, que tienen que ver con la posibilidad de regular precios”, indicó.

Este martes, posterior al remezón ocasionado por el anuncio de las isapres, el presidente Sebastián Piñera anunció que dicha alza provocó una conversación del ministro de Salud, Jaime Mañalich con los directivos de las aseguradoras.
Finalmente, el acuerdo alcanzado en dicho encuentro tiene que ver con una postergación del incremento, que se efectuará solo a partir del mes de noviembre de este año. Sin hacer mención a las propuestas de regulación de precios exigidas por la sociedad civil, el presidente agradeció la gestión de Mañalich e indicó que será “un alivio para millones de chilenos”.