El Juzgado de Garantía de Panguipulli determinó que no se configuró legitima defensa de parte del carabinero Juan González Iturriaga. Sin embargo, no conformes con la medida cautelar, el querellante particular y el Instituto Nacional de Derechos Humanos apelarán lo dispuesto por el juez Felipe Muñoz.
Este lunes, en el Juzgado de Garantía de Panguipulli determinó el arresto domiciliario como medida cautelar en contra del efectivo de Carabineros, Juan González Iturriaga, acusado del asesinato del malabarista Francisco Martínez, el pasado viernes, en medio de un control de identidad.
En una extensa jornada de formalización se sumaron algunas pruebas en contra de Martínez, como por ejemplo, el detalle de los implementos utilizados por Martínez para sus shows de malabares. Tal como determinó el informe de la PDI, los sables confiscados correspondían a la marca Truper y que sus medidas eran iguales a 50 centímetros de largo y 6 centímetros en la parte más ancha, además de contar con filo en la parte inferior de las hojas y restos de sangre en uno de ellos.
Esta información, por supuesto, fue utilizada por la defensa de Juan Gómez para reforzar la tesis de la legítima defensa rechazada por el abogado querellante y por el Instituto de Derechos Humanos. Al respecto, el abogado defensor, Pablo Arbán, aunque lamentó el resultado de este suceso, recordó que la vida de su defendido también estaba en juego.
“La vida de don Juan también es valiosa, y la vida de don Juan también recibe protección por parte del ordenamiento jurídico y lo recibe desde antiguo a través de la legítima defensa, que tiene dos fundamentos: la protección de los individuos y el prevalecimiento del derecho a través de la prevención general”, señaló.