La primera jornada de formalización contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, instaló el eje central de la investigación penal conocida como “Muñeca Bielorrusa”: el rol que habría desempeñado la exmagistrada en las gestiones judiciales vinculadas al litigio entre el consorcio Belaz-Movitec y Codelco. Con cargos por cohecho y lavado de activos, la Fiscalía delineó un escenario en el que la posición institucional de Vivanco resulta clave para dimensionar la gravedad de los hechos imputados.
Vivanco llegó este lunes al Centro de Justicia de Santiago, tras ser detenida la noche del domingo en su domicilio de Las Condes, en un procedimiento del OS-7 de Carabineros autorizado por resolución judicial, que también permitió el ingreso y registro del inmueble. La diligencia se produjo luego de que la Corte Suprema acogiera la querella de capítulos del Ministerio Público, habilitando a la Fiscalía para avanzar con medidas intrusivas y la formalización.
En la audiencia ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la defensa intentó desplazar el foco desde el fondo del caso hacia la legalidad de la detención. El abogado Jorge Valladares alegó desproporción en la medida, sostuvo que no se informó oportunamente al tribunal la edad de su representada ni su estado de salud —una enfermedad de base asociada a un cáncer en remisión— y afirmó que no existía riesgo de fuga. También planteó que la detención afectó el derecho a una defensa adecuada, considerando el reciente cambio de abogado y la falta de tiempo para revisar la carpeta investigativa.
El Ministerio Público respondió enfatizando el papel que, a su juicio, habría desempeñado Vivanco. La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, sostuvo que la defensa mezcló incidentes procesales sin cumplir requisitos legales y recalcó que ni la edad ni la condición de salud impiden decretar una orden de detención. Subrayó, además, que la diligencia cumplió su finalidad: asegurar la comparecencia de la imputada a la audiencia.
Más explícito fue el fiscal Marcos Muñoz, quien anunció que la Fiscalía solicitará la medida cautelar de prisión preventiva, la más gravosa del sistema. El anuncio reforzó la tesis persecutora sobre la relevancia del rol atribuido a Vivanco en la trama investigada y la necesidad —según el ente acusador— de cautelas acordes a la entidad de los delitos imputados y a la posición que la exministra ocupó en el Poder Judicial.
El juez Cristián Sánchez desestimó la cautela de garantías y los cuestionamientos a la detención, señalando que no se acreditó una afectación concreta de derechos y que las críticas a la proporcionalidad o constitucionalidad de la orden exceden las competencias del juez de garantía. Con ello, la audiencia continuó y Vivanco quedó detenida mientras avanza la formalización.
El proceso seguirá este martes con los alegatos de los querellantes —la Organización de Trabajadores Judiciales, el Consejo de Defensa del Estado y Codelco— y se prevé una suspensión para que la defensa acceda a la carpeta investigativa. En el trasfondo, la investigación busca establecer si la exministra, desde su posición institucional, tuvo una intervención relevante en gestiones que hoy son objeto de persecución penal, un punto que marca el tono y la proyección del caso en los próximos días
