Comunidades de Atacama recurren al Primer Tribunal Ambiental para frenar megaproyecto Copiaport-E
Organizaciones sociales, pescadores artesanales y habitantes de Atacama presentaron este viernes 17 de julio una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental, con el objetivo de revertir la aprobación ambiental del megaproyecto portuario Copiaport-E. La acción cuestiona la resolución del Comité de Ministros que mantuvo vigente la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto.
Copiaport-E busca emplazar un puerto industrial en Punta Cachos y Bahía Chasco, entre Copiapó y Caldera, con una inversión estimada en US$450 millones. Para las comunidades, representa la consolidación de un enclave extractivista sobre un territorio de alto valor ecológico, donde convergen ecosistemas costeros, actividades tradicionales y formas de vida vinculadas al mar.
Las razones de la reclamación
La acción judicial sostiene que la resolución del Comité de Ministros vulneró el derecho de participación ciudadana, al rechazar observaciones presentadas durante la evaluación ambiental sin un análisis adecuado.
La abogada Valentina Gatica (OLCA) explicó que los fundamentos jurídicos apuntan a la falta de consideración de las observaciones ciudadanas, el rechazo conjunto sin abordar sus fundamentos específicos, la aplicación de criterios que no se ajustan a la jurisprudencia vigente y la omisión de pronunciamiento respecto de algunas reclamaciones.
El Tribunal deberá revisar si la autoridad aplicó correctamente los estándares legales, considerando impactos sobre la flora y fauna marina, el patrimonio arqueológico, la ausencia de una consulta indígena integral, las consecuencias para la pesca artesanal y la afectación del paisaje costero.
Lo que está en juego
Bahía Chasco alberga la pradera de pastos marinos más extensa de Chile y el último sitio de agregación natural de tortuga verde (Chelonia mydas) en el territorio continental. También concentra algas pardas, aves marinas protegidas y especies clave para la reproducción y alimentación de fauna marina.
Carol Medrano, directora de Qarapara, advirtió:
“No es posible analizar cada componente por separado, porque todo forma parte de un mismo sistema ecológico. Si ese equilibrio se altera con un megaproyecto portuario, no tenemos certeza de que esta población de tortugas pueda mantenerse en el tiempo”.
Un conflicto con historia
El borde costero ya enfrentó proyectos como la termoeléctrica Castilla y el terminal de gas Andes LNG, ambos cuestionados por su emplazamiento en un territorio estratégico para la biodiversidad.
Eduardo Herrera, de CODEMAA, recordó que la defensa de Bahía Chasco ha evolucionado con cada intento de instalación industrial:
“Hoy existe más experiencia, más información científica y un mayor conocimiento de los procedimientos administrativos y judiciales. Pero la preocupación sigue siendo la misma: evitar que uno de los ecosistemas costeros más importantes de Atacama sea transformado por infraestructura industrial”.
Debate sobre el modelo de desarrollo
Para Giuliano López (CODEMAA), el caso refleja una planificación que privilegia grandes inversiones sobre territorios de alto valor ecológico:
“El propio Estado definió esta zona como un área de relevancia ecológica. Promovió estudios y reconoció su valor ambiental. Sin embargo, cuando llega el momento de decidir sobre grandes inversiones, actúa como si todo ese conocimiento no existiera”.
El futuro de Bahía Chasco
La decisión del tribunal será observada por comunidades de todo Chile y podría marcar un precedente sobre los estándares de evaluación de megaproyectos y la participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Lucio Cuenca, director de OLCA, afirmó:
“Las comunidades defienden ecosistemas estratégicos para la vida y la adaptación a la crisis climática. Este juicio será una señal sobre el tipo de institucionalidad ambiental que Chile quiere construir”.
Más allá del resultado judicial, las organizaciones sostienen que lo que está en disputa es el futuro del borde costero de Atacama y la continuidad de un modelo de desarrollo que ha promovido infraestructura industrial sobre territorios de alto valor ambiental.
Este comunicado refleja la tensión entre el extractivismo y la conservación de ecosistemas, y pone en el centro la discusión sobre el derecho de las comunidades a decidir el destino de sus territorios.
Grafica gentileza Nicolás Flores /Carolina Medrazo
