La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel dictó sentencia de segunda instancia en la causa que investiga la detención y homicidio de Jenny Barra Rosales, estudiante de enfermería de la Universidad Católica y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, cometido a partir del 17 de octubre de 1977.
Las ministras María Catalina González y Claudia Lazen y el magistrado Leonardo Varas Herrera condenaron a los ex militares y miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), Pedro Espinoza Bravo (brigadier de Ejército), Rolf Wenderoth Pozo (coronel), Juan Morales Salgado (coronel) y a Miguel Krassnoff Martchenko (brigadier) en calidad de autores del delito de secuestro calificado de la víctima, a la pena de diez años de presidio mayor en su grado mínimo.
Por su parte, Enrique Sandoval Arancibia fue condenado como encubridor del delito de secuestro calificado cometido en contra de la víctima, a la pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, cuya condena el tribunal da por cumplida con el tiempo que el inculpado estuvo sometido a prisión preventiva por esta causa desde el 7 de febrero de 2022.
De esta manera, la Corte confirmó en todas sus partes la sentencia de primera instancia dictada por la ministra en visita extraordinaria para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, en mayo de 2024.
Jenny Barra Rosales, tenía 23 años al momento de los hechos. Su detención fue cerca de su domicilio en la comuna de San Bernardo y fue trasladada al centro clandestino de tortura Villa Grimaldi y posteriormente al de Simón Bolívar, donde desapareció. Sus restos fueron encontrados más de dos décadas después, en 2001, en una mina abandonada en la Cuesta Barriga, en el lugar se pudo identificar dos fragmentos óseos de la víctima.
“No es solo un secuestro calificado”
La abogada querellante, Andrea Gattini, del Estudio Caucoto Abogados, valoró la sentencia de la Corte de Apelaciones, pero al mismo tiempo tuvo algunos reparos.
“Si bien es cierto estamos conformes con que se hayan confirmado las condenas a quienes participaron en los horrorosos crímenes cometidos en la persona de la víctima, creemos que no se han sopesado los hechos en toda su magnitud y eso repercutió en la calificación jurídica de los delitos cometidos y en la pena impuesta a los condenados”.
En ese sentido, Gattini informó que ya presentaron un recurso de casación para que se pueda considerar también, dentro de la pena a los condenados, el delito de homicidio calificado.
“Jenny Barra fue detenida y encerrada en centros clandestinos de tortura y exterminio para sacar toda la información posible y solo luego de haber cumplido ese propósito criminal, fue asesinada y su cuerpo arrojado a un pique minero en la Cuesta Barriga, para asegurar absoluta impunidad. No es solo un secuestro calificado, por lo que presentamos un recurso ante la Corte Suprema insistiendo en una correcta calificación, cuestión que es de toda justicia y esperemos que prospere”, señaló. La abogada querellante, Andrea Gattini
