La Contraloría General de la República (CGR) detectó que, entre 2023 y 2024, 25.078 funcionarios públicos o trabajadores de entidades que cumplen funciones estatales habrían incumplido el periodo de reposo indicado en sus licencias médicas, al haber viajado fuera del país durante todo o parte del tiempo establecido para su recuperación.
Además, según datos proporcionados por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), los titulares de estas licencias ingresaron o salieron del país en 59.575 oportunidades durante sus respectivos períodos de reposo, lo que genera cuestionamientos sobre el cumplimiento efectivo de sus permisos médicos.
En este contexto, la Contraloría General de la República notificó a la Ilustre Municipalidad de La Unión, que fue observada con un total de 77 licencias médicas.
Sin embargo, el municipio emitió un comunicado de prensa en el que señaló que solo 56 funcionarios públicos de los servicios traspasados de Educación y Salud estaban involucrados, omitiendo deliberadamente las 21 licencias médicas correspondientes a funcionarios municipales.
Esta omisión permite que el alcalde Saturnino Quezada y su equipo de confianza manipulen el informe de la Contraloría, presentando únicamente a los trabajadores de Salud y Educación, sin considerar a los 21 funcionarios municipales afectados. En realidad, el total de licencias médicas observadas en La Unión asciende a 77, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia de la información entregada por la administración.
Esta situación genera incertidumbre en la comunidad respecto a la rigurosidad y credibilidad del municipio en la realización de los sumarios y en la aplicación de eventuales sanciones a los funcionarios involucrados.
