Esto, luego que el Juzgado de Garantía de Temuco decretara ayer jueves la medida cautelar tras ser formalizado por delitos contra la Ley de Seguridad del Estado (LSE), la cual el comunero se encuentra cumpliendo en la cárcel El Manzano en la ciudad de Concepción.

En conversación con Radio Universidad de Chile, la abogada y defensora de derechos humanos, Karina Riquelme, expresó que sobre la resolución del tribunal “hay que observar el hecho desde el contexto general y también críticamente la utilización de la institucionalidad encargada de aplicar el derecho penal en un conflicto más profundo, que es el que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche”.

En esa línea, compartió los argumentos esgrimidos por la defensa, Rodrigo Román, sobre una “operación política” contra Llaitul, afirmando que “desde 1997 que se produce el primer atentado en contra de las forestales y el Estado ha decidido generar una represión en contra de ese tipo de manifestación, que tiene fundamentos basados en la protección del territorio usurpado y que, además, es devastado por las forestales”.

“Ya, entonces, podemos contar los años en que la Coordinadora Arauco Malleco ha manifestado, podemos estar de acuerdo o no de cómo lo hace, que hay territorios que están siendo devastados por eso uso de la industria forestal ¿Qué ha hecho el Estado al respecto? Ha utilizado distintas figuras penales para perseguir dichas acciones. Toda esta pelea existente hoy entre el Estado chileno y el pueblo mapuche que defiende su territorio no ha traído absolutamente ninguna solución”, dijo.

Por lo que para Riquelme “lo que estamos viendo es una película completamente repetida. La utilización de una figura especial como es la Ley de Seguridad Interior del Estado, que tiene fines absolutamente políticos creados en la dictadura, que es utilizado por un gobierno que se dice de una política abierta al diálogo, que reconoció que iba a conversar con todos los personeros y aquellos que propugnan distintas formas de manifestar el problema base que nace en 1856 cuando entra el Estado chileno al sur del Biobío”, añadiendo que “desgraciadamente, tenemos que observar de manera crítica al Ministerio Público, a las policías y al Poder Judicial que se hacen parte de este conflicto político y que hacen que la fe pública para todos nosotros, que vivimos en el acá, que somos mestizos, le perdamos confianza a esta institución que debiera no hacerse parte políticamente de este tipo de conflictos, menos a dos semanas de unas elecciones tan importantes que tienen que ver con las bases y principios fundamentales de un país”.

En ese sentido, apuntó sus críticas a los fiscales Roberto Garrido y César Schibar, sobre quienes afirmó “durante años hemos denunciado políticamente el hecho de que las investigaciones que ellos realizan cuando las víctimas son mapuche no tienen la misma celeridad que cuando las víctimas son camioneros, latifundistas. Esta institucionalidad entonces se viste de mantel blanco y se dicen que lo que buscan es vivir en una sociedad tranquila. Escuchaba al señor Roberto Garrido que decía ‘queremos que convivamos en una sociedad entre todos tranquilamente’, yo le digo ¿Por qué no ha tomado detenido a ninguna de las personas que algún día dijeron que ‘el que no salta es mapuche y entraron y torturaron niños en la Municipalidad de Curacautín? A ningún detenido, con toque de queda, con militares alrededor de él”.

“Creo que más bien le quiere resguardar la sociedad a algunos (…) y no a todos quienes conviven, porque si fuera así delitos tan graves como los maltratos que se hicieron las hortaliceras, las torturas que le hicieron en la comisaría, en la Municipalidad de Curacautín, en Victoria; el secuestro del lonko Víctor Queipul, que fue cerrado por Schibar en su momento, el mismo que ha perseguido constantemente mapuche que han sido dirigentes sociales, evidentemente ese mantel blanco no se los creo”, manifestó la abogada.

En cuanto a la revelación del llamado de la asesora de la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, a Llaitul y que terminó con la renuncia de la propia autoridad, Riquelme la calificó como una “torpeza”. “Siempre he confiado en esa manifestación de acercamiento con todos los sectores del pueblo mapuche, pero creo que llegar y cruzar el Biobío y llegar al Wallmapu y conversar con esta realidad no es para quienes nunca lo han hecho”, afirmó.

“Es muy complicado si no has caminado por Wallmapu entrar y poder aprender y de un día para otro decir venimos a conversar con quienes hace más de 500 años han sufrido todo lo que ha significado un genocidio en contra de un pueblo. Entonces, evidentemente esa intencionalidad que pudo haber tenido la coordinadora de la Ministra que llamó a Llaitul muestra un poco de inocencia. Hay que tener un poco más de calle para saber dónde se está pisando, hay que tener respeto por los años que han pasado, y caminar con un poquito de humildad en ese camino de encuentro entre pueblos”, sostuvo.

Asimismo, acusó de “doble estándar” a las autoridades de la denominada Macrozona Sur, quienes solicitaron un reforzamiento policial de cara al plebiscito tras la detención del comunero, señalando que “es insólito, porque la verdad es que a mí me asusta, que vivo en el sur, esta persona (Pedro Pool) que llamó a ejecutar a convencionales. Me asusta que sigan caminando por las calles también aquellos que en algún momento de la dictadura cometieron delitos de lesa humanidad”.

“Hoy día hay personas que, en programas públicos, incluso hay personas que están en el Congreso que han llamado también a la violencia directamente, a atacar a otros por pensar distinto. Tanto el señor Llaitul como muchos otros dirigentes mapuche se han encontrado por muchos años viviendo la prisión política y la persecución a través del derecho penal y no ha existido ningún hecho de violencia que aquí pudieran decir mire aquí nos encontramos con algún hecho que pudiera afectar a toda la población”, afirmó.

Finalmente, respecto de la posibilidad de que una eventual aprobación del proyecto de nueva constitución podría suponer un avance significativo en la resolución del conflicto en el sur, la abogada dijo que, si bien temas como la plurinacional ha ayudado en algunos aspectos, “no creo que exista una varita mágica que haga que todo vaya a andar de la mejor manera porque el camino de construcción de convivencia entre pueblos se va haciendo a medida que pasa la historia. Me parece que está bueno ya que aprendamos a mirarnos a los ojos entre quienes pensamos distinto y tenemos posiciones políticas distintas porque así también es como vamos a poder convivir”.

By: Natalia Palma / Diario Uchile