Que los medios digitales tengan el mismo valor que las transacciones presenciales por escrito en materia de relaciones laborales, es un avance que Chile necesita afianzar y que quedó en evidencia con la pandemia por Covid-19 que hemos venido enfrentando ya por espacio de un año y medio.
Traigo esto a colación  a propósito de la discusión del proyecto de ley presentado por el  Ejecutivo, cuyo fin es adecuar el Código del Trabajo en materia de documentos electrónicos laborales, y que se tramitó en su etapa final la semana pasada en la Cámara Baja.
No es un tema menor éste al que nos referimos. Por efecto de la pandemia, se han acelerado los procesos de digitalización a fin de facilitar las medidas de distanciamiento. Así por ejemplo, desde octubre de 2020 a la fecha se han cursado 70 mil finiquitos por vía digital, y 200 mil cartas de renuncia electrónica se han presentado en lo que va del 2021.
Esto habla que la tendencia de hacer cada vez más trámites, en parte o íntegramente mediante medios telemáticos, se transformó en realidad concreta. Pero para que puedan tener verdadero poder legal, este avance amerita transformaciones  también en el plano regulatorio, de forma tal que estos medios digitales que ya estamos usando tengan el mismo valor legal que las transacciones presenciales por escrito que presentan los trabajadores.
A mi juicio, avanzar en esta materia, aporta la desburocratización del sistema público en materia laboral, y más directamente permitirá reducir tiempos y costos asociados.
Debo destacar también que este proyecto se hace cargo de la realidad asimétrica de relaciones que se da entre trabajadores y empleadores, motivo por el cual se ha resuelto mantener los comparendos presenciales de conciliación ante la Dirección del Trabajo, tal como ha sido a la fecha, para evitar cualquier tipo de abuso.
Resalto además como positivo que se le otorgue el sustento legal correspondiente a la Tesorería General de la República para recibir los dineros de los trabajadores, cosa que hasta ahora se venía haciendo de manera administrativa desde 2019.
En resumen, es una noticia a todas luces positiva, que por fin se está materializando tras su ingreso al Congreso en agosto de 2019. Después de esta etapa, su tercer trámite legislativo, quedó en condiciones de convertirse en ley.
Bernardo Berger Fett
Diputado de la República