PDG cuestiona nombramiento de exministra Trinidad Steinert en Paraguay y acusa al Gobierno de entregar “premios de consuelo”
Los diputados Tamara Ramírez, Flor Contreras y Patricio Briones criticaron la designación de la exministra de Seguridad Pública como agregada de seguridad en la Embajada de Chile en Paraguay. Los parlamentarios anunciaron acciones fiscalizadoras y cuestionaron que el servicio exterior sea utilizado para reubicar a exautoridades que dejaron sus cargos en medio de controversias.
Una nueva controversia política enfrenta el Gobierno luego de que diputados del Partido de la Gente (PDG) cuestionaran el nombramiento de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, como agregada de seguridad en la Embajada de Chile en Paraguay.
La designación generó críticas por parte de los parlamentarios Tamara Ramírez, Flor Contreras y Patricio Briones, quienes manifestaron sus reparos respecto de la decisión del Ejecutivo, considerando los cuestionamientos que marcaron la salida de Steinert del Ministerio de Seguridad, ocurrida el pasado 19 de mayo, tras 69 días en el cargo.
Los legisladores apuntaron especialmente a los antecedentes administrativos que rodearon su gestión, entre ellos un pronunciamiento adverso de la Contraloría, además de su pendiente comparecencia ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados.
La diputada Tamara Ramírez cuestionó la señal política que, a su juicio, entrega el Gobierno con esta designación y sostuvo que las responsabilidades administrativas pendientes deberían aclararse antes de otorgar nuevas funciones a una exautoridad.
“No es aceptable que una exautoridad que dejó su cartera tras un dictamen lapidario de la Contraloría, y que hasta hoy elude dar explicaciones en la Cámara, termine recibiendo una destinación diplomática”, afirmó.
La parlamentaria agregó que esta situación refleja una práctica que su sector cuestiona en la actual administración, señalando que algunas autoridades que dejan sus cargos terminan siendo incorporadas a otras funciones públicas, ya sea en embajadas o en equipos asesores de La Moneda.
PDG anuncia acciones fiscalizadoras
En la misma línea, la diputada Flor Contreras criticó lo que calificó como una política de reubicación de exautoridades y anunció que impulsarán acciones de fiscalización para revisar los antecedentes del nombramiento.
“El Gobierno debe terminar con esta silla musical y los premios de consuelo. La exministra Steinert no salió de la mejor manera del Ministerio de Seguridad, tuvo cuestionamientos de Contraloría y ni siquiera ha ido a dar explicaciones al Congreso”, señaló.
Contreras también cuestionó la utilización del servicio exterior para este tipo de designaciones y sostuvo que los cargos diplomáticos deben responder a criterios de mérito y probidad.
“Prometieron terminar con los apitutados y hoy gobiernan exactamente igual que a los que criticaban. Vamos a fiscalizar esta designación porque el servicio exterior exige mérito y probidad, no favores políticos”, enfatizó.
Piden aclarar responsabilidades pendientes
Por su parte, el diputado Patricio Briones planteó que el Ejecutivo debería despejar primero las eventuales responsabilidades administrativas relacionadas con la gestión de Steinert, antes de concretar su representación en el extranjero.
El parlamentario manifestó que el nombramiento genera interrogantes que deben ser respondidas por el Gobierno, especialmente considerando que existen cuestionamientos pendientes y una instancia investigadora parlamentaria relacionada con su paso por el Ministerio de Seguridad.
Asimismo, sostuvo que tanto las embajadas como los equipos asesores de La Moneda deben funcionar bajo criterios técnicos y no convertirse en espacios de reubicación de exautoridades.
Finalmente, Briones emplazó al Ejecutivo a concentrar sus esfuerzos en las principales preocupaciones ciudadanas, particularmente la crisis de seguridad y el incremento del costo de los combustibles.
La controversia abre un nuevo flanco de cuestionamientos políticos para el Gobierno, mientras desde el PDG advierten que ejercerán sus facultades fiscalizadoras para solicitar antecedentes sobre los fundamentos y criterios utilizados en la designación de la exministra.
