Organizaciones campesinas denuncian ante la CEDAW el fin del Programa Mujeres Rurales
La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), junto al Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Fundación PRODEMU, presentó un informe complementario ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, denunciando las consecuencias del término del Programa Mujeres Rurales, iniciativa desarrollada mediante el histórico convenio entre INDAP y PRODEMU.
La presidenta de ANAMURI, Isabel Armijo Huala, explicó que la decisión de acudir a instancias internacionales se adoptó tras agotar las gestiones de diálogo con las autoridades nacionales, incluyendo reuniones con el Ministerio de Agricultura, comisiones del Senado y representantes del Ministerio de la Mujer. Según señalaron las organizaciones, la eliminación del programa vulnera derechos conquistados por mujeres rurales e indígenas durante más de tres décadas.
Las agrupaciones sostienen que la medida contradice las recomendaciones emitidas por la CEDAW durante la evaluación realizada a Chile en 2024, donde se instó al Estado a fortalecer las políticas de apoyo dirigidas a mujeres rurales, campesinas e indígenas. En ese contexto, consideran que el cierre de la iniciativa representa un incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país.
La denuncia ha recibido un amplio respaldo político y social, incluyendo el apoyo de la expresidenta Michelle Bachelet, del presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Colodro, de la exministra Antonia Orellana y de las senadoras Yasna Provoste, Claudia Pascual, Alejandra Sepúlveda y Beatriz Sánchez. Asimismo, diversas organizaciones sociales y feministas respaldaron la presentación ante Naciones Unidas.
Frente a este escenario, ANAMURI y las trabajadoras de PRODEMU anunciaron que continuarán movilizadas para exigir la continuidad de las políticas públicas destinadas al desarrollo de las mujeres rurales. Las dirigentas advirtieron que el término del programa no solo constituye un retroceso para Chile, sino que además se enmarca en un contexto internacional que amenaza los avances alcanzados en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres.
