El Concejo Municipal de Puerto Montt rechazó una ordenanza que buscaba prohibir el comercio sexual en la vía pública. Aunque la propuesta se presentó como una forma de “proteger las buenas costumbres” y mejorar la calidad de vida de los vecinos, muchos la vieron como una medida injusta y estigmatizante.
La ordenanza decía que la prostitución en la calle generaba riesgos como enfermedades de transmisión sexual, violencia, consumo de drogas y alcohol, además de la exposición de menores de edad. Sin embargo, la concejal Evelyn Chávez criticó el texto por ser una copia de otra comuna y por dar la impresión de que solo las trabajadoras sexuales transmiten enfermedades, cuando en realidad estas existen en toda la población. Para ella, la iniciativa no atacaba el problema de fondo y solo reforzaba prejuicios.
El concejal Sebastián Almonacid también cuestionó la medida, señalando que perseguía a las personas con menos recursos, mientras que quienes tienen dinero quedaban fuera de cualquier sanción. Esto muestra que la ordenanza no buscaba soluciones reales, sino castigar a quienes recurren al comercio sexual porque no tienen otras oportunidades laborales en la ciudad.
El alcalde Rodrigo Wainraihgt defendió la propuesta, asegurando que respondía a las quejas de vecinos y comerciantes que ven prostitución en las calles desde temprano en la tarde. La ordenanza incluía multas de entre 210 mil y 350 mil pesos, cifras que solo aumentarían la precariedad de quienes ya viven en condiciones difíciles.
En resumen, más que proteger el espacio público, la ordenanza parecía una forma de ocultar y castigar a un grupo vulnerable. El rechazo abre un debate importante: ¿se trata de cuidar la ciudad o de invisibilizar a quienes, ante la falta de oportunidades en Puerto Montt, encuentran en el comercio sexual una manera de sobrevivir?
