marzo 28, 2024

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Informe “Libertad de expresión en Chile» expone reiteradas agresiones a la prensa por parte de agentes del Estado

127 agresiones contra la prensa por parte de agentes del Estado, donde Carabineros de Chile continuó con la práctica de detenciones arbitrarias, consigna el documento elaborado por la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. El informe da cuenta también de vulneraciones a la prensa por particulares, acoso legal contra voces críticas, presiones a medios de comunicación, problemas de transparencia en la información gubernamental sobre el COVID-19, proyectos de ley contrarios a estándares internacionales de libertad de expresión y discursos de odio y violencia digital

Este miércoles 13 de julio, se presentó el informe “Libertad de expresión en Chile” de 2021, documento elaborado por la Facultad de Comunicación e Imagen (FCEI) de la Universidad de Chile que presentó información sobre las vulneraciones a la libertad de expresión ocurridas en Chile el año pasado. Los resultados de este trabajo se presentaron en el segundo coloquio de investigación 2022, organizado por la Dirección de Investigación y la Dirección de Extensión y Comunicaciones de esta unidad académica.

Los datos recogidos fueron presentados por las académicas de la U. de Chile, Chiara Sáez y Patricia Peña, y por el director del Observatorio del Derecho a la Comunicación, Javier García. Los autores de este trabajo explicaron que esta información, además, fue analizada de forma crítica desde la doctrina internacional de los Derechos Humanos en relación a la libertad de expresión, así como a partir de la legislación nacional y la investigación previa.

Entre los principales problemas registrados el 2021, el informe destaca agresiones a la prensa por agentes del Estado y vulneraciones a la prensa por particulares, acoso legal contra voces críticas (SLAPP), presiones a medios de comunicación, problemas de transparencia en la información gubernamental sobre el COVID-19, proyectos de ley contrarios a estándares internacionales de libertad de expresión y discursos de odio y violencia digital.

El documento da cuenta de 127 agresiones contra la prensa por parte de agentes del Estado, donde Carabineros de Chile continuó con la práctica de detenciones arbitrarias a la prensa bajo el pretexto de incumplir las medidas sanitarias o ser responsables de acciones contra la autoridad, si bien los casos se redujeron de forma significativa respecto al año anterior. Sin embargo, se han incrementado los ataques con gas pimienta a fotoreporteros, con 25 casos, y los actos de hostigamiento a la prensa, con 53 casos, para impedir o dificultar el ejercicio de su labor.

Además, más de un 86 por ciento de los registros corresponden a la Región Metropolitana y se refieren -en su mayoría- a agresiones producidas en el contexto de la cobertura informativa de las protestas que se realizan los viernes en Plaza Baquedano y alrededores, en las que se pedía la renuncia del Presidente Sebastián Piñera y la liberación de los denominados “presos de la revuelta”.

Por otra parte, las víctimas de los ataques han sido principalmente reporteros freelance y de medios independientes. Piensa Prensa es el medio que registra un mayor número de actos de hostigamiento, con al menos 16 sucesos informados a través de sus redes sociales sobre ataques con gas pimienta, lanzamiento de agua a presión, golpes y empujones, controles de identidad e incluso el uso de linternas por funcionarios de Carabineros para dificultar el registro visual de su actuar. Una veintena de las víctimas registradas son mujeres, 12 de ellas durante el mes de marzo.

En cuanto a la transparencia y acceso a la información, el informe 2021 indica que, hasta el momento, y pese a seguir todos los conductos formales regulares, ha sido imposible acceder al contenido de las reuniones del Presidente con medios de comunicación en el contexto del estallido. “El caso da pie para cuestionar el funcionamiento del sistema de acceso a la información pública en Chile y su necesario avance a otro estadio más exigente y de mayores garantías para la ciudadanía frente al Estado”, explica la académica de FCEI, Chiara Sáez. Por último, en cuanto a la libertad de expresión en internet, se destaca como un hecho negativo el alza de ataques hacia los integrantes de la Convención Constitucional a través de redes sociales.

Asimismo, entre las reflexiones principales del trabajo, se concluye que el debate sobre el proyecto de ley de plataformas digitales pone en evidencia la necesaria articulación entre academia, especialistas y sociedad civil en relación a la vigilancia, observación de internet y libertad de expresión; además de la consolidación y aumentos de ataques o acoso online, especialmente en Twitter, y en particular violencia de género focalizada a mujeres y comunidad LGBTQ+, además de figuras políticas y públicas. Así, se concluye que la violencia política online de género se constituye como una categoría más de vulneración a la libertad de expresión y al derecho a la comunicación.

Por último, el documento plantea que no hay acciones de Twitter en relación a denuncias de ataques masivos desde cuentas bots para dar de baja las cuentas o eliminarlas, a menos que se hagan acciones colectivas de denuncia usando mecanismos de la plataforma que no consideran la figura de ataque o acoso.

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