Fiscalía pide siete años de cárcel para Karina Oliva y exdirigentes de Comunes
La Fiscalía Metropolitana Sur decidió llegar hasta las últimas consecuencias. Tras más de cuatro años de investigación, el Ministerio Público presentó una acusación contundente contra Karina Oliva, exfigura del Frente Amplio y expresidenta del partido Comunes, por un esquema que —según el escrito— incluyó rendiciones infladas, trabajos inexistentes, informes plagiados y facturas falsas, con el objetivo de obtener devoluciones indebidas del Servel durante su campaña a gobernadora de la Región Metropolitana en 2021.
El documento, de 197 páginas y consignado este viernes por Meganoticias, solicita siete años de presidio para Oliva por fraude de subvenciones reiterado. El mismo delito se imputa a otros integrantes de su comando, del partido Comunes y de la Fundación Chile Movilizado, entidad clave en la emisión de documentos tributarios falsos. Según la Fiscalía, todo operó de manera coordinada y con pleno conocimiento de los montos que podían solicitar tras conocerse los resultados electorales.
Primera vuelta
De acuerdo con la acusación del fiscal regional subrogante Alex Cortés, en la primera vuelta la campaña de Oliva solicitó $163 millones en devoluciones mediante boletas y facturas falsas, incluyendo informes plagiados atribuidos a Chile Movilizado. De ese total, $103,8 millones fueron autorizados y depositados directamente en la cuenta de la candidata. A ello se suman $60 millones por supuestos estudios de la empresa Criteria Research, también cuestionados por el Ministerio Público.
Segunda vuelta
El mecanismo se repitió en la segunda vuelta. La acusación detalla boletas por $54 millones que fueron objetadas y rechazadas por el Servel, además de facturas por cerca de $100 millones infladas tras conocerse la votación final. Entre los gastos más llamativos figura el “Evento y cierre de campaña y Desayuno Feminista”, rendido por $50 millones mediante una factura que —según el Servicio de Impuestos Internos— nunca fue emitida.
Transferencias y roles
La Fiscalía sostiene que los recursos devueltos por el Servel fueron transferidos a la fundación ligada a Comunes y retirados desde esas cuentas por David Castillo y Martín Miranda, quien, pese a su doble rol, seguía siendo administrador electoral de la campaña. Miranda, además, enfrenta cargos adicionales por infracciones a la ley de gasto electoral.
Imputados y penas solicitadas
El listado de acusados es amplio: Martín Miranda (administrador electoral), Jorge Ramírez (expareja de Oliva y expresidente de Comunes), Camila Ríos (secretaria ejecutiva del partido), Jean Flores, José Robredo, Juan Pablo Sanhueza, David Castillo, Marcelo Riffo y Luis Romero, entre otros. Para Oliva, Miranda, Ramírez y Ríos, la Fiscalía pide siete años de cárcel; para otros imputados, penas de cinco y tres años, según su grado de participación.
Otros antecedentes
La acusación incluye además un capítulo sobre una campaña interna de Comunes, donde se habría replicado la fórmula, generando un perjuicio fiscal adicional de $86 millones. Incluso se rindieron servicios de Ibero Americana Radio Chile que —según el Ministerio Público— nunca fueron pagados.
Próximos pasos
El caso entra ahora en su fase decisiva. La audiencia de preparación de juicio oral quedó fijada para el 27 de enero a las 09:00 horas, de manera presencial. Para ese proceso, la Fiscalía anunció un despliegue mayor: 106 testigos, siete peritos, 1.270 documentos y más de 260 pruebas adicionales. Entre quienes podrían declarar figuran la ex-alcaldesa Irací Hassler, por su participación en el desayuno feminista, y las diputadas del Frente Amplio Claudia Mix y Camila Rojas, citadas para dar cuenta del funcionamiento interno de Comunes y de la candidatura de Oliva.
