Comisión mixta llegó a acuerdo por proyecto sobre expulsiones de migrantes
La comisión mixta encargada de resolver las discrepancias sobre el proyecto que modifica la Ley 21.325 para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa, llegó a un acuerdo con votaciones unánimes.
La instancia, presidida por la senadora Danisa Astudillo, incorporó observaciones formuladas por la Corte Suprema e integró propuestas técnicas tras escuchar al Ministerio Público y al Gobierno, entre otros.
La comisión mixta aprobó elevar de tres a cinco años la prohibición de reingreso al país para las personas extranjeras que hayan sido objeto de una medida de expulsión administrativa.
Asimismo, se estableció que la Policía de Investigaciones (PDI) podrá solicitar por escrito una autorización al juez de garantía para ingresar a un domicilio para detener a una persona que cuente con una orden de expulsión firme y ejecutoriada.
Junto con ello, se facultó la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular que estén formalizados, acusados o requeridos por simples delitos cuya pena no exceda los 3 años de privación de libertad y que no registren condenas previas, suspendiendo el procedimiento penal por 3 años a la espera del cumplimiento de la medida.
Además, se acordó la coordinación previa con el Ministerio Público para verificar que la expulsión o el ingreso a domicilio no afecten investigaciones penales en curso.
Ahora, el informe de la instancia deberá ser ratificado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado.
