El caso de la concejala María Ignacia González, desaparecida en Villa Alegre desde el 15 de junio, ha puesto en evidencia el nivel de riesgo al que están expuestas las autoridades locales. A 60 días de su desaparición, no existen pistas concretas sobre su paradero. Su último registro corresponde a cámaras de seguridad que la captaron a las 02:09 a.m. dirigiéndose hacia el sector de La Balsa.
Según antecedentes conocidos, González habría recibido amenazas tras participar en una denuncia por presuntas irregularidades cometidas en el municipio. Su caso no solo conmociona por su gravedad, sino que refleja una realidad que afecta a concejales en todo el país.
Un sondeo realizado entre autoridades comunales revela que 2 de cada 3 concejales han sido víctimas de amenazas, presiones indebidas o han sentido temor en el ejercicio de sus funciones. Estas situaciones se intensifican especialmente cuando deben votar la aprobación o rechazo de patentes de alcohol, el cierre de barberías vinculadas al narcotráfico, bares o locales nocturnos asociados a delitos, o al denunciar públicamente bandas delictuales, fuegos artificiales ilegales o carreras clandestinas.
Incluso, hay concejales que han recibido amenazas de muerte, con denuncias ya ingresadas al Ministerio Público.
En los próximos días se presentará un oficio al Ministerio del Interior solicitando medidas concretas de seguridad e investigación para enfrentar este complejo escenario.
El caso de Villa Alegre no es un hecho aislado. En diversas comunas del país, concejales han denunciado presiones, hostigamientos y amenazas por parte de grupos delictuales, bandas organizadas e incluso actores políticos. La ausencia de protocolos de protección y la escasa cobertura mediática agravan aún más el problema.
La violencia política no se limita a agresiones físicas: también se manifiesta en el miedo constante a represalias por ejercer el rol fiscalizador que les corresponde.
A diferencia de parlamentarios o ministros, los concejales no cuentan con escoltas ni medidas de seguridad institucionalizadas. La Ley Orgánica de Municipalidades no contempla protocolos específicos ante amenazas, y los recursos para protección suelen depender de gestiones personales ante Carabineros, el Ministerio del Interior o el actual Ministerio de Seguridad Pública.
Cristóbal Escobar Salinas.
Presidente nacional de concejales y concejalas de Chile.
Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).
