Un grupo de activistas de derechos humanos, académicos y juristas presentó este lunes ante la Cámara de Diputados del Congreso de Argentina, un texto de 25 páginas en el que solicitan al presidente de la cámara, Martín Ménem, el inicio de un proceso de juicio político contra el presidente de ese país, Javier Milei, reseña Parlamentario.
Entre los firmantes destacan el nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, la exembajadora Alicia Castro, la miembro de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida, el politólogo Atilio Borón, el exjuez Carlos Rozanski y el constitucionalista Eduardo Barcesat.
El grupo demanda que se investigue a Milei por su aparente responsabilidad en la comisión de instigación a la población a cometer apología del delito y la incitación a cometer delitos financieros con la posible afectación a la división de poderes, apología del crimen, malversación de recursos públicos y mal desempeño por la reducción del financiamiento a la educación.
Hicieron oficialmente un pedido de juicio politico contra Milei.
— Milei War Room 🦅 (@MileiWar_Room) April 22, 2024
Procedan con su amenaza fascista. No van a pasar. pic.twitter.com/5Uf0YorFOk
A esta lista sumaron cargos por abandono de personas e incumplimiento de funciones en el ejercicio de la gestión pública, con consecuencias palpables sobre la población asociables al desfinanciamiento de programas gubernamentales como el Plan Nacional Argentina Contra el Hambre y el desmantelamiento de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), así como señalamientos relativos al manejo de la política exterior y a la soberanía de la nación suramericana.
La solicitud indica que la entrada en vigor del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 «configura, inexcusablemente, mal desempeño y amerita la necesidad de examinar las violaciones a la normativa penal que derivan de su dictado y menguada pero efectiva vigencia», cita el medio.
Trascendió asimismo que el proyecto será difundido entre la ciudadanía, en interés de recolectar firmas de apoyo y, de acuerdo con sus defensores, «con la convicción de que el pueblo argentino no se someterá a estas políticas de sufrimiento y desprecio por la Constitución nacional».