El ministro del Trabajo, Tomás Rau, confirmó que el Gobierno presentará un proyecto de ley para modificar el ciclo de cálculo de la jornada laboral, en el marco de la discusión sobre las 40 horas semanales.
Actualmente, el promedio de 40 horas se calcula en un ciclo de cuatro semanas. La propuesta busca ampliar ese período a 15 o 16 semanas, y en sectores específicos —como turismo o gastronomía— incluso hasta 52 semanas. Esto significa que en ciertos momentos se podrían trabajar hasta 52 horas semanales, compensando con menos horas en otros, manteniendo siempre el promedio de 40 horas.
El ministro enfatizó que “la jornada no se cambia, las 40 horas son las 40 horas”, aunque reconoció que en periodos estacionales podrían existir semanas con jornadas más extensas, que luego deberían ser compensadas.
La iniciativa generó un intenso debate:
- A favor, el Gobierno y parlamentarios oficialistas sostienen que se trata de una medida de flexibilidad laboral, alineada con prácticas de países de la OCDE, que permitiría adaptarse a sectores con alta estacionalidad y mejorar la competitividad.
- En contra, diputados como Luis Cuello (PC) y Gael Yeomans (FA), junto a exministras como Jeannette Jara y Camila Vallejo, advierten que las 40 horas “están en peligro”, ya que la propuesta permitiría semanas de trabajo excesivo y podría debilitar derechos laborales adquiridos
El debate sobre las 40 horas laborales se ha convertido en uno de los temas más sensibles de la agenda laboral.
Para el Gobierno y sus defensores, la propuesta de ampliar el ciclo de cálculo de la jornada es una herramienta de modernización, que permitiría adaptarse mejor a sectores productivos con alta estacionalidad —como el turismo o la gastronomía— y alinearse con prácticas de países de la OCDE. En este sentido, se argumenta que la medida mantendría el promedio de 40 horas, pero con mayor flexibilidad para organizar turnos y mejorar la competitividad.
Por otro lado, la oposición y exautoridades de la Administración de Gabriel Boric sostienen que la iniciativa afectaría la calidad de vida de los trabajadores, al abrir la posibilidad de semanas con jornadas de hasta 52 horas. Para ellos, esto representa un retroceso en derechos adquiridos, pues aunque el promedio se mantenga, la práctica de trabajar más de 10 horas diarias durante varios días seguidos podría impactar negativamente en la salud, el bienestar y la vida familiar.
