El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó prisión preventiva para el fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade y el exseremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, Carlos Contreras. Ambos imputados fueron formalizados por tres delitos de fraude al fisco en el marco del Caso Convenios.
El pasado miércoles, Andrade fue detenido en la casa de su madre en la comuna de La Florida, mientras que Contreras fue aprehendido en el aeropuerto de Pudahuel, ya que había viajado a preparar su declaración fijada para el próximo martes.
Posteriormente, ambos fueron trasladados al cuartel Borgoño de la Policía de Investigaciones para luego ser llevados a Antofagasta, donde se llevó a cabo la formalización.
Según detalló el juez en la audiencia de este jueves, “al suscribir los convenios de transferencia de fondos a Democracia Viva, el imputado Carlos Contreras incumplió gravemente sus deberes funcionarios como seremi Minvu de Antofagasta y concertado con el imputado Daniel Andrade, ambos defraudaron al fisco y le provocaron un perjuicio ascendente a 426 millones de pesos”.
De acuerdo a los antecedentes del caso, entre octubre y diciembre de 2020, la Seremi de Vivienda de Antofagasta suscribió convenios con Democracia Viva por un total de $426 millones para el trabajo en campamentos. Tras explotar el caso en la prensa, la fiscalía inició una investigación de oficio.
El escándalo dio inicio al denominado caso Convenios, que se extendió a otras fundaciones en todo el país que recibieron recursos fiscales por trabajos no realizados. Sin embargo, el más emblemático de todos es el de Democracia Viva, por los personajes involucrados.
Daniel Andrade es expareja de la diputada Catalina Pérez, mientras que Contreras fue jefe de gabinete de la parlamentaria. Todos eran militantes de Revolución Democrática al momento de suscribir los convenios. El escándalo arrastró a la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (también RD), quien aseguró que el ministro Carlos Montes sabía de las irregularidades antes de que aparecieran en la prensa. El ministro negó la acusación, pero está amenazado con acusación constitucional
