marzo 28, 2024

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Temuco: Juzgado de Garantía mantuvo prisión preventiva a comuneros en huelga de hambre

El Juzgado de Garantía de Temuco decidió mantener la prisión preventiva de los cuatro comuneros mapuche que se encuentran en huelga de hambre desde hace 115 días. El juez Mauricio Torres no aceptó la petición de la defensa de Alfredo Tralcal, Benito, Ariel y Pablo Trangol, quienes pedían cambiar la cautelar por arresto domiciliario y arraigo nacional. Consignar que Tralcal y Benito Trangol se encuentran internados en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial.
El fiscal de Alta Complejidad Luis Torres explicó que la decisión se debió a que «había existencia de un delito de carácter terrorista, que había prueba suficiente de su participación, tanto científica como testimonial. Por tanto, la libertad de los imputados configura un peligro para la seguridad de los testigos y la sociedad.

Fiscal Paredes: Rebaja de cautelares a comuneros en huelga de hambre: “La decisión pone en riesgo la seguridad de los testigos

El Fiscal Regional de La Araucanía, Cristián Paredes, manifestó hoy que la Fiscalía tiene plena convicción de la participación de los cuatro imputados en la causa por el incendio terrorista al Templo Evangélico Niagara, ocurrido en junio de 2016, y que una eventual rebaja de las medidas cautelares solicitada por el Ministerio del Interior pone en riesgo la seguridad de los testigos.

Ello tras la decisión adoptada ayer por el Tribunal de Garantía durante la audiencia de preparación de juicio oral del Caso Niágara, en la que decidió revelar la identidad de los testigos de la causa.
«En una decisión de la que discrepamos, no nos parece adecuada y pone en riesgo la seguridad de estos testigos. En este caso hay un peligro para la seguridad de la sociedad y esa circunstancia no ha variado. Por eso la Fiscalía en ejercicio de sus facultades autónomas, sin obedecer a presión alguna, entiende que en esta causa aún se mantienen los presupuestos para mantener la prisión preventiva», indicó Paredes agregando que «puesto en la balanza el resultado probable de un juicio, sea este absolutorio o condenatorio, no nos perdemos en cuál es la decisión que debemos adoptar que no es otra que proteger a adecuadamente a víctimas y testigos».

Los acusados permanecen en huelga de hambre por más de 100 días y el gobierno, a través del Ministro del Interior, Mario Fernández, anunció ayer que solicitará una rebaja a sus medidas cautelares, en su calidad de querellante. «Lo que haga la Intendencia o el Gobierno en cuanto a su calidad de querellantes, en esta u otras causas, forma parte de sus atribuciones y no afecta el trabajo de la Fiscalía. La Fiscalía tiene una convicción a la que llegó luego de un trabajo objetivo en esa causa.

Estamos convencidos de que los imputados participaron en el atentado incendiario al Templo Niágara de junio de 2016, por eso entendemos que la única medida que garantiza los fines del proceso es la prisión preventiva», dijo Paredes.

Reunión con Consejo de Pastores Evangélicos

Tras aceptar la solicitud de audiencia, el Fiscal Paredes se reunió hoy con representantes del Consejo Regional de Pastores Evangélicos, quienes le manifestaron su agradecimiento por el trabajo realizado con las víctimas y testigos.
«El Consejo de Pastores Evangélicos nos plantó sus inquietudes como víctimas en distintos hechos de violencia que los han afectado en últimos 3 años. Desde 2015 a la fecha, han sido 12 los templos evangélicos que han sido objetos de ataques incendiarios. Junto con ello, me manifestaron su agradecimiento al trabajo de la Fiscalía para proteger a las víctimas y testigos de esos hechos», dijo Paredes.
Según el Fiscal Regional, el Ministerio Público no sólo tiene la obligación constitucional de investigar los delitos, sino además dar protección a víctimas y testigos.
«En el atentado al Templo Niágara hay por lo menos siete afectados adultos y cinco menores de edad, todos ellos se encontraban participando de un culto, ejerciendo su derecho humano a la libertad de culto, y eso fue transgredido por quienes los acometieron con violencia, los sacaron e intimidaron y frente a ellos quemaron el templo. Esa situación en un estado de derecho debe ser investigada y actuada en consecuencia», dijo Paredes.
Tras la reunión, el Presidente Regional del Consejo de Pastores, Matías Sanhueza manifestó que en un Estado de Derecho no se deben confundir los roles de las instituciones. «Los tribunales, las policías, deben hacer su trabajo y el Ejecutivo tiene que velar por la paz y la seguridad regional, como en cualquier otro territorio. Lo que queremos es que el Ejecutivo nos garantice la seguridad y la posibilidad de vivir en paz en la región, que estas situaciones se terminen. Las Iglesias Evangélicas a lo que aspiran es que los huelguistas o cualquier ciudadano en este país tengan un debido proceso», dijo el Pastor Sanhueza.

Asimismo, el líder religioso indicó que «es preocupante que los tribunales deberían tomar la inquietud de proteger siempre a la víctima (y testigos). Y revelar las identidades no es menor porque se genera un peligro en la convivencia en donde ellos tienen sus hogares».

El vicepresidente del Consejo Regional de Pastores, Juan Fuentes en tanto, llamó a recordar que los afectados son las víctimas. «De pronto parece que se desequilibra la balanza y se le da importancia a personas que hoy día están en huelga de hambre, pero hay afectados, hay familias, hay niños, que sufrieron estos atentados, que hoy día están con sicólogo. Que no pueden entrar a sus templos a realizar un culto que es un derecho que tenemos como pueblo evangélico. Las víctimas son lo que nos preocupa y nuestra libertad de culto», indicó.

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