Tras “espaldarazo” de la FNE: Legisladores llaman a acelerar proyectos que regularicen el mercado del gas

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La Fiscalía Nacional Económica no ha perdido el foco en el mercado del gas licuado y natural. En octubre el organismo emanó un informe relativo a un estudio preliminar que advertía sobre la falta de competencia del sector recomendando tomar cartas en el asunto para disminuir significativamente los precios de este recurso para los consumidores. Una premisa que ratificó este miércoles en un informe final en el que desestimó las reclamaciones realizadas por las empresas aludidas, reiterando entre otras cosas que Abastible, Lipigas y Gasco no deben participar de la distribución del gas licuado.

La entidad fiscalizadora ha reportado que, dada la baja intensidad competitiva en el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP) los distribuidores mayoristas han aumentado su margen anual de un 35 por ciento a un rango que fluctúa entre los 50 y 55 por ciento, lo que se ha traducido a 261 millones de dólares anuales de manera agregada entre el 2014 y 2020 lo que ha radicado en un precio adicional de 181 millones de dólares al año en la compra del insumo para los consumidores finales, que es equivalente al 15 por ciento del precio de cada balón o cilindro que se comercializa en el país.

En el caso del gas natural, el ahorro sería entre 78 millones y 87 millones de dólares para los clientes de Metrogas, lo que se traduce en una reducción de entre 13 y 20 por ciento de sus cuentas mensuales por este combustible.

Los comentarios de diez actores del mercado, incluyendo informes económicos llevados a cabo por expertos a pedido de Abastible, Gasco, Lipigas y de Metrogas -Lipigas con un informe en derecho adicional-  fueron recibidos en el proceso de consulta pública que llevó a cabo la FNE para la elaboración de su informe final.

En la instancia, las empresas sostuvieron que las cifras del estudio no se ajustaron a la inflación y que el cálculo del margen de las distribuidoras mayoristas de gas licuado dejaron de lado a una serie de costos, ante lo que el organismo respondió que todas las cifras mencionadas se ajustaron al Índice de Precios del Consumidor (IPC) y que se calculó el margen de la empresa conforme a la información que las mismas habían proporcionado, detallando la forma en la que se realizó el cálculo y demostrando finalmente que el aumento sostenido del margen en el tiempo es inconsistente con un mercado competitivo.

Por otro lado, la FNE aseguró que la reclamación de las empresas de gas licuado relativa a la prohibición de que mayoristas participen del mercado minorista, donde se arguyó que aquello pondría en riesgo la calidad del servicio y la seguridad en el mercado, carecía de fundamento, en cuanto “el 85 por ciento de las ventas de GLP es realizada por empresas minoristas de tamaño menor (Pymes) las que por contrato con las mayoristas son las que asumen el riesgo comercial de la distribución y se benefician o perjudican por la calidad de servicio entregada”.

Son estas mismas empresas las que realizarían la distribución minorista en la propuesta del organismo, razón por la cual no habría razón en que la calidad del servicio se mantuviese, informaron.

Con la publicación del informe final del ente fiscalizador las empresas aludidas criticaron errores de metodología y de cálculo relevantes, acusaron una extrema simplificación del funcionamiento real del mercado del gas licuado que omite una serie de costos ligados a la operación y se insistió en que la propuesta de prohibir que las empresas mayoristas participen en el mercado minorista puede terminar afectando el servicio.

Desde Metrogas, en tanto se sostuvo que la FNE  refleja un desconocimiento a lo menos de la regulación del gas natural y se dijo no comprender que el organismo haya realizado propuestas “justamente contra el actor del mercado del gas natural que vende más barato a los consumidores”. Así las cosas, las empresas se pusieron a disposición de debate legislativo de la propuesta de políticas públicas que fortalezcan la transparencia, competencia y excelencia en el servicio a los consumidores.

Legisladores piden celeridad en la regularización

El trabajo de un año de la FNE fue remitido al Ministerio de Energía cuyo titular, Juan Carlos Jobet, sostuvo que las recomendaciones realizadas por el organismo coinciden con el proyecto de ley que presentará el Gobierno en la materia. Una iniciativa anunciada por el encargado de la cartera que apremió el presidente de la Comisión Investigadora del Gas de la Cámara de Diputados y Diputadas, Miguel Ángel Calisto, en cuanto la presentación de un proyecto del gobierno se podría complementar a las iniciativas que se han levantado en el Congreso, tal como la que busca eliminar la exclusividad en el uso de los cilindros por las empresas.

Miguel Ángel Calisto.

“También se requiere generar una banda de precios, no es posible que el valor del precio del gas quede a criterio de las empresas, esto tiene que ser regulado al igual que existe una regulación en el mercado eléctrico y también en la sanitaria y también por supuesto, acá se requiere un rol activo de la ENAP en la participación de toda esta cadena de un elemento que es tan importante donde el gas representa hoy día cerca de un 20 por ciento del gasto mensual que destinan las familias chilenas, principalmente el mercado de cilindros que usa el 84 por ciento de los chilenos”.

En materia de iniciativas de ley el diputado socialista Gastón Saavedra dijo esperar que el Congreso y el gobierno respalden el proyecto de su autoría “Gas a Precio Justo” cuya relevancia, aseguró, se reafirma con el informe de la FNE. El texto busca permitir que la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) pueda distribuir y comercializar el gas licuado de petróleo para el 80 por ciento de las familias que consumen este producto para su vida cotidiana, una iniciativa que fue aprobada en general en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados y que se espera a que se vote en particular en la primera semana de enero.

Presunta colusión

Desde el PPD, el diputado Raúl Soto hizo un llamado a que la Fiscalía continúe la investigación por una presunto delito de colusión en el mercado, en la línea de lo que se ha manifestado desde la Comisión Fiscalizadora del Gas de la Cámara Baja, que él legislador también integra. Desde dicha instancia se ha sostenido que hay fundadas sospechas de colusión entre las tres empresas distribuidoras Gasco, Abastible y Lipigas.

“Hacemos un llamado explícito a la Fiscalía Nacional Económica a continuar con sentido de urgencia con la investigación por un eventual colusión en este mercado y a poner cuanto antes los antecedentes ante el Tribunal de la Libre Competencia para perseguir y sancionar con toda la fuerza de la ley este tipo de delitos económicos”.

Si bien el economista asesor de la Fiscalía Nacional Económica, Eduardo Saavedra, dijo en entrevista con radio Cooperativa que el estudio del mercado del gas no arrojó pruebas de una colusión, el diputado socialista, Juan Luis Castro, aseveró que hay en el trabajo del organismo rasgos de la constitución del delito.

“Porque hoy día tenemos precios de hasta 75 mil pesos por los balones de 45 kilos y tenemos fluctuaciones que son del orden de 14 a 20 mil pesos las diferencias de precios en las regiones respecto a cómo se está incrementando el valor del gas licuado que se consume en el 80 por ciento de los hogares. Por eso en la comisión investigadora de la cual he sido parte hemos propuesto claramente terminar con esta colusión, abrir el mercado a nuevos competidores, aplicar medidas correctivas inmediatas y así bajar el precio del gas de consumo doméstico”.

En palabras del economista y académico de la Usach, Víctor Salas, cuando la competencia de los actores está restringida entre menos de cuatro participantes en un mercado específico, siempre se establece algún tipo de acuerdo explícito o implícito entre ellos para la fijación de precios, en la medida que las empresas siguen a la que lidera, ante lo que terminan cobrando igual a similar, al tener poder de mercado. 

“Si tu puedes cobrar más caro no vas a dejar de hacerlo eso es común en los mercados donde la competencia está bastante restringida, donde hay tres o cuatro actores que tienen incluso, en este caso, más o menos separada, distribuida o redistribuida los espacios físicos en la distribución, no es que salgan a competirse en los mismos espacios geográficos o dentro de la ciudad entonces ahí se produce un problema mayor porque no hay muchas maneras de hacer que se compita excepto permitir la facilidad de que entren otros competidores o haya alguna manera de fijarles precios que también es difícil de controlar”.

Entre esas alternativas que barajó Salas para dar apertura al mercado del gas estuvo la posibilidad de que el Estado entregue incentivos a otras empresas para ingresar al rubro, eliminado algunas barreras de entrada y entregando pagos blandos inicialmente en atención al gasto de operación. No obstante, desestimó la opción de que el Estado entre al mercado.

“Al ser un artículo de primera necesidad a veces pasa que se cae en la idea de que el Estado podría arreglarlo pero la verdad, de manera eficiente, no hay una manera tan precisa a no ser que tú lo sometas porque este es un bien privado, tiene precio, tiene que ser rendido en el mercado y transado ahí y entonces los actores del mercado deberían tener la fuerza suficiente para competir suficientemente en esos mercados y abrirse los espacios”.

Pero el dilema no termina ahí en cuanto el especialista aseguró que tanto los mercados que están concentrados como en los que hay más competencia, ambos se pueden inclinar a un manejo indebido de precio en la medida que “si el empresario puede subir los precios, lo va a hacer”, aseguró.

Al respecto la ex Ministra de Trabajo, Alejandra Krauss en la primera edición de Radioanálisis se mostró en desacuerdo respecto a la tesis que levanta la FNE sobre dar por supuesto que aumentar la competitividad bajará o mejorará el funcionamiento del mercado en la distribución minorista.

“Yo sería cuidadosa dado el mercado ilusorio que nosotros tenemos en nuestro país y lo digo a propósito de las AFP en que de alguna u otra manera la Asociación de las AFP ha señalado que va a mejorar el sistema en el sentido que haya más competitividad y en este país ha existido más competitividad y no ha resuelto el tema. Si creo en establecer entidades autónomas que estén permanentemente observado el funcionamiento del mercado (…) que hagan las alertas de forma inmediata de manera de ir resolviendo este tema”, consideró.

By: María Luisa Cisternas / Diario Uchile

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