El Senado aprobó el proyecto que despenaliza las deudas educativas como el Crédito con Aval del Estado (CAE), entre otras.

La medida fue propuesta luego del estallido social de octubre de 2019 para dar cuenta de una de las demandas del movimiento social que criticaba la mantención de estas medidas que judicializaban las deudas de las familias chilenas por acceder al derecho a la educación.

El senador Juan Ignacio Latorre manifestó que esta medida va en la línea de terminar con las discriminaciones a quienes por estudiar terminan con deudas que han sido ampliamente rechazadas por la ciudadanía.

“Quiero valorar positivamente la aprobación de la ley de Despenalización de las Deudas Educativas por el CAE u otros mecanismos, que presentamos en su momento en pleno contexto del estallido social y me tocó tramitarlo en la comisión de Educación del Senado cuando fui presidente de esa Comisión, junto a otros senadores y senadoras, para ir avanzando gradualmente hacia elementos básicos de protección de los derechos como consumidores, de los deudores educativos, de terminar con discriminaciones y cláusulas abusivas, de la imprescriptibilidad de las deudas y otros elementos”, indicó el parlamentario.

Latorre señaló que “este proyecto se acaba de aprobar en el Senado, pasa a la Cámara de Diputados y Diputadas, el gobierno del Presidente Boric y el Mineduc le pondrá urgencia a la tramitación, y creo que es un avance en la dirección correcta, tal cual fue también la Ley Chao Dicom, que despachamos en el periodo anterior también para las deudas educativas”.

El legislador recordó que el Ministerio de Educación ya anunció la condonación total del CAE, algo que fue uno de los compromisos asumidos por el Presidente Gabriel Boric durante su campaña presidencial.

En ese sentido, Latorre destacó que esta tramitación del proyecto de ley que pone fin a la penalización de las deudas educativas se da “mientras se avanza en una condonación gradual, responsable, de las deudas educativas, y también en un cambio en el sistema de financiamiento de la educación superior que termine con el abuso de la banca, con la mercantilización de la educación superior; con un financiamiento público, responsable, solidario de la misma como derecho social garantizado”.