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Por el delito de malversación de caudales públicos y en relación a hechos que se remontan al año 2012, la Fiscal Jefe de Río Negro, Leyla Chahín Valenzuela, formalizó hoy investigación en contra del alcalde en ejercicio de esa comuna, Carlos Javier Schwalm Urzúa, y al ex jefe de gabinete de ese municipio, Camilo Miranda Álvarez.
«En la audiencia lo que se hizo fue comunicar los hechos que se remontan al año 2012 y que consisten en una contratación a honorarios que se celebra por el alcalde con el jefe de gabinete, con la finalidad de aumentar su sueldo o su remuneración, lo que en el fondo se hace a través de una contratación a honorarios para un servicio determinado, en lo particular para la creación de una plataforma digital y de un diario electrónico», explicó la Fiscal Chahín al término de la audiencia, agregando que el servicio contratado «nunca se entrega, nunca tiene un resultado final, no obstante lo anterior, previa firma de dos certificados de cumplimiento de los estados de avance y en dos cuotas, se paga el valor pactado que era por ese producto», por lo que «de esa manera se sustrajeron fondos municipales, fondos públicos en un monto de casi seis millones de pesos».
Durante la audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantía de Río Negro, la persecutora indicó que a juicio de la Fiscalía a ambos imputados les correspondería participación en calidad de autores y que el delito formalizado se encuentra en grado de desarrollo de consumado.
Conforme a los antecedentes actualmente incorporados en la carpeta investigativa y que fueron expuestos en la audiencia, con fecha 27 de febrero de 2012, mediante convenio de prestación de servicios a honorarios, el alcalde contrató de manera paralela o simultánea a Camilo Miranda Álvarez, quien a esa fecha ejercía como jefe de gabinete de la Municipalidad de Río Negro, esto con el objetivo de que éste generara una plataforma comunicacional de participación ciudadana, que debía incorporar herramientas e instrumentos de comunicación digital vía web y un periódico. A través de dos decretos de pago, se dispuso el pago de honorarios por estos servicios, sin embargo y de acuerdo a la formalización- estos pagos «se verificaron no obstante no haberse entregado los productos contratados por el Sr. Miranda». Esto, señaló la fiscal en la audiencia, «permite estimar que el alcalde, en el ejercicio de la labores del cargo permitió que un tercero sustrajera caudales públicos que ascendieron a la suma de $5.887.000».
Ambos formalizados quedaron con medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual y se decretó un plazo de 120 días para el desarrollo de diligencias investigativas por parte de la representante del Ministerio Público.
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