Una delegación del Comité de Derechos del Niño de la ONU llegará este domingo a Chile para ver sobre el terreno el funcionamiento de los centros del Servicio Nacional de Menores (Sename), donde más de 1.300 niños han muerto en los últimos once años.
El grupo visitará entre el 8 y el 12 de enero, algunos de los 11 centros del Sename distribuidos en Santiago, Temuco, Concepción, Talca, Valparaíso y Arica, informaron hoy medios locales.
La llegada de la delegación se enmarca en una investigación iniciada en 2017, después de que la diputada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Claudia Nogueira, presentara una denuncia ante el Comité de las Naciones Unidas.
Nogueira hizo efectiva la acusación el 15 de junio de 2016, en la que culpó al Estado chileno de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de los niños.
Esto dio paso a una indagación por parte del organismo internacional, que incluye una visita al país. Tras finalizar la investigación, el Comité formulará un informe de conclusiones con recomendaciones.
Desde el Ministerio de Justicia afirmaron que «el Gobierno de Chile, en armonía con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, ha facilitado la visita y el acceso a toda la información necesaria para que los expertos del Comité cumplan adecuadamente con su labor».
El Servicio Nacional de Menores ha sido blanco de críticas durante años desde diversos sectores, pero su crisis estalló en 2016 con la muerte de una niña de once años llamada Lisette Villa, quien falleció asfixiada cuando sus cuidadores la sometieron a apremios ilegítimos y tormentos, según un informe del Servicio Médico Legal aportado por la fiscalía.
En octubre de 2016, la opinión pública chilena se vio conmocionada con la noticia de que más de 1.300 niños murieron en centros colaboradores de ese servicio en los últimos once años.
Aquel escándalo derivó en una interpelación a la entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco, quien finalmente acabó renunciando al cargo.
Hasta el momento en los recintos del Sename conviven menores de edad que han sido abandonados o alejados de sus padres con otros que han cometido algún tipo de delito, una situación que ha sido duramente criticada por distintas organizaciones y representantes políticos.
Informes oficiales dan cuenta que el 89 % de los niños que entran a esa institución lo hacen al programa de Protección de Derechos, de los cuales el 38 % ingresa por abuso sexual y maltrato.EFE