El 20 de diciembre de 2023, la Municipalidad de Melipilla presentó una querella por fraude al fisco e indemnización de perjuicios en contra del exalcalde Iván Campos, del exdirector jurídico de su administración, Rodrigo Videla, y del exdirector de Administración y Finanzas (s), Francisco Devia.
La acción tiene por fin perseguir las responsabilidades penales debido al perjudicial contrato de compraventa que fue suscrito durante la administración de Campos en 2020, en el que se buscaba adquirir un terreno para expandir el Vertedero de Popeta, y que terminó significando el pago de una multa por 500 millones de pesos.
Dicho contrato fue firmado el 16 de diciembre de 2020, e implicó un compromiso de pago de $1.656.952.000, los que debían cancelarse en cuatro cuotas de $100.000.000, y posteriormente el remanente de $1.256.952.000. Sin embargo, en la redacción del documento, realizado por la Dirección Jurídica de la administración de Campos, se incluyó una cláusula de incumplimiento, la que solo afectaba a la municipalidad, y que tenía un valor aproximado de $497.000.000.
Así, la primera cuota de los $1.656.952.000, se pagó al momento de la firma del contrato, en tanto que la segunda cuota quedó estipulada que debía entregarse antes del 30 de abril del 2021. No obstante, el gobierno local del exalcalde no cumplió con el compromiso, argumentando no fue posible aprovisionar el dinero requerido por falta de recursos, y terminó provocando la debacle.
El 3 de junio de 2021, ya estando instalada en el sillón municipal la alcaldesa Lorena Olavarría, los dueños del terreno presentaron una demanda con el fin de poner término al contrato de compraventa, y percibir el pago de la multa de $497.000.000. Ante este escenario, el Concejo Municipal acordó celebrar una transacción extrajudicial, con la que se hizo efectivo el pago de la multa por $497.000.000, en la que se incluyeron como abono tanto la primera cuota de $100.000.000, como las tres restantes de $300.000.000, que se pagaron los meses de junio, julio y octubre de 2021; mientras que la diferencia de $97.000.000 se pagó en julio de 2022.
Sin embargo, con el fin de esclarecer el por qué la municipalidad no contaba con los recursos para realizar el pago de la segunda cuota, la alcaldesa Olavarría ordenó realizar una exhaustiva investigación interna, la que descubrió que en los meses de marzo y abril de 2021, hubo una liquidez promedio diaria más que suficiente para proceder con el pago. Ya con estos antecedentes, y otros recopilados en el marco de una investigación sumaria, la Municipalidad puso en conocimiento del caso a la Fiscalía a través de una denuncia en 2022. Además, la propia Contraloría General de la República, en su informe 359 de 2023, dio a conocer una serie de irregularidades ocurridas durante en el proceso de compraventa, hechos que fueron suficientes para ser remitidos al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Ante la evidencia de que se estaría ante la presencia de un delito, y por instrucción de Olavarría, la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad, decidió presentar una querella por fraude al fisco en contra de todos quienes resulten responsables por la celebración del contrato de compraventa, y en especial ante el exalcalde Campos, y sus dos hombres de confianza, quienes arriesgan la pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio.
“Estamos solicitando la pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio por su participación en la redacción de la promesa de compraventa, notoriamente perjudicial para los intereses municipales, y en el retardo del pago de una cuota del mismo, que llevó posteriormente al pago de una multa por casi 500 millones de pesos a beneficio de la parte vendedora, razón por la cual también estamos solicitando que se reparen los perjuicios involucrados”, argumentó el director jurídico, Matías Salazar Barrera.
Por su parte, la alcaldesa Olavarría, señaló que tienen la firme convicción de que existen hechos que configuran delito de fraude al fisco por el “perjuicio patrimonial causado por la redacción y suscripción de un contrato de promesa de compraventa que no contempla garantías para el patrimonio municipal y; por el no pago oportuno de una cuota del mismo, habiendo recursos suficientes para ello, lo que determinó un perjuicio patrimonial de casi 500 millones de pesos”.
Por último, la jefa comunal aseguró que han puesto a disposición de la justicia los antecedentes que dan cuenta de un actuar atentatorio contra los intereses del erario municipal. “Ahora serán los Tribunales quienes tendrán que dar por acreditados los hechos, y los responsables tendrán que pagar cada peso que tuvo que gastar el municipio por su inoperancia”, sentenció.
