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Los testimonios entregados por las trabajadoras y ex funcionarias del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) remarcaron las dificultades para entregar una atención de calidad a las mujeres víctimas de violencia, aseguraron que algunos centros mantienen la “lógica de los indicadores” y revelaron faltas de garantías en los pre y post natal de sus profesionales. Algunos de estos últimos casos están con procesos judiciales en curso.
La psicóloga Dania Carrión (37) comenzó a trabajar en el Centro de la Mujer del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) de Cerro Navia en febrero de 2016. Por su experiencia en el área clínica y laboral sus funciones se abocaron a la línea de atención directa de mujeres víctimas de violencia que ingresaban a ese centro. A pesar de que trabajaba a honorarios, cumplía con largas jornadas y muchas veces recibió sueldos atrasados, su vocación por el servicio que prestaba a esas mujeres que acudían sumamente dañadas era mayor. Casi dos años se mantuvo bajo esas condiciones. En diciembre de 2017 supo que estaba embarazada y, sin imaginarlo, ese mismo mes comenzó una pesadilla que terminaría con su despido. Sintió que un Ministerio que pregonaba la equidad de género y los derechos de las mujeres en realidad le daba la espalda a la hora de aplicar un concepto que muchas veces, sostiene, “queda sólo en el papel” para sus trabajadoras.
Para confirmar el resultado positivo del test de embarazo, Dania acudió a un ginecólogo que no le dio un diagnóstico del todo bueno: el bebé no se veía en la ecografía y podía tratarse de un embarazo ectópico. De ser así, su médico le advirtió que sería necesario hospitalizarla de urgencia. Días después presentó dolores muy fuertes y luego de varias atenciones médicas, el cuadro era claro: tenía síntomas de aborto y requería de una licencia médica por catorce días.
La profesional se tomó el descanso y una vez reincorporada a su rutina presentó el respectivo certificado médico. Por estar a honorarios sabía que no le devolverían íntegramente sus licencias médicas que sobrepasaban los quince días, pero llegó a un acuerdo con la secretaria administrativa del centro y logró que no le descontaran parte importante de su sueldo por el periodo en que se había ausentado.
Cuenta que la relación con su coordinadora se fue tensionando cada vez más e incluso una tarde le asignaron la función de repartir el diario comunal. Ante comentarios como “siempre son las mismas”, “recuerden que se evalúa en la renovación de convenios”, se había generado un ambiente de presión a tal grado que Dania reconoce no haber sido capaz de negarse a realizar esta actividad. Con todo el nerviosismo y el ajetreo de esos días, donde afirma que influyó la falta de comprensión de su equipo directo, Dania presentó un aborto espontáneo.
Pero cuando volvió a sus labores, aún muy afectada emocionalmente, le dieron la noticia: habían desvinculado a un grupo de funcionarias y, dentro de los nombres, estaba ella. Es decir, no le renovarían el contrato a honorarios para este 2018. Los motivos habrían sido una mala evaluación por no presentar un informe de Riesgo y Daño – un documento que acompaña a las querellas que presentan las mujeres por violencia- y que no habría alcanzado fiato con su dupla. Situaciones que Dania asegura que estaban en regla y que no eran causal de despido. “Sinceramente me siento apaleada por SernamEG”, expresó a casi cinco meses de este hecho. Dania aclaró que no interpuso una denuncia formal ante el Servicio por maltrato psicológico y presiones de su coordinadora directa y que en su momento sólo viralizó el caso a través de una carta pública.
A propósito de este hecho, la psicóloga cuestionó la calidad de las intervenciones que se estaría entregando a las mujeres violentadas por esa misma falta de continuidad laboral. “Se podría hablar de una revictimización de las mujeres una vez que ingresan a la institución. A varias se les ha dicho que es necesario detener las sesiones porque no está el equipo completo. Todo lo que vienes desarrollando se interrumpe”, comentó.
El proceso de intervención en crisis se inicia cuando la mujer acude a cierto servicio, la profesional le hace una concientización de la violencia, la diagnostica y luego la deriva a un taller. “Nosotras teníamos un grupo de taller armado donde participaban aproximadamente seis mujeres en distintos horarios. Ellas tenían sus procesos abiertos, es decir, estaban acostumbrándose a la dinámica, a tomar confianza porque cuesta mucho que una mujer se abra a contar su experiencia. Se crean lazos”, explicó. Una situación que Dania observó al ingresar a este servicio en 2016 y que se repitió a fines 2017. “Es una constante”, alertó.
El ingreso a SernamEG, según comentó Dania, pasa por una revisión exhaustiva de los conocimientos de género que maneja cada postulante a través de varios test que les aplican. Y aquí sus cuestionamientos apuntan a si esos filtros también rigen para jefes de unidades y supervisores. “Ellos te preguntan sobre violencia cruzada, sobre tu defensa ante la violencia en la vida, sobre el aporte que harás a la institución y sobre conocimientos muy precisos en cuanto a la materia. Pero cuando sales de esta manera poco y nada te consultan, menos te preguntan si sufriste alguna de esas vulneraciones ejerciendo tu labor diaria”, agregó.
“Seguimos en la lógica de los indicadores”
Desde que la trabajadora social Nicole Norambuena (25) denunció por redes sociales que el programa para el que trabajaba de Sernameg no le estaba respetando el pago de su pre y post natal, asegura que varias mujeres le han hablado por interno comentándole la misma situación. “Mujeres que al sexto o séptimo mes de embarazo las desvincularon, es decir ad portas de entrar en su prenatal”, precisa.
En septiembre de 2017, Nicole se incorporó al Centro de la Mujer de Calera de Tango. Era su primer trabajo y con mucho entusiasmo comenzó ejecutar las funciones de monitora comunitaria. La noticia de su embarazo coincidió con su mes de ingreso y como padecía de trastornos al sistema endocrino fue necesario que se hospitalizara durante algunas semanas. A pesar de que aún no firmaba el convenio a honorarios, se quedó tranquila porque de inmediato le dijeron que “como dependían del Ministerio de la Mujer le garantizarían que el pre y postnatal sería pagado”. Pero llegó enero de este año y en el nuevo convenio no estaba contemplado dicho pago.
Si bien los Centros de la Mujer se financian con dineros provenientes de SernamEG, es el municipio de cada comuna que ejecuta los programas. El Ministerio de la Mujer – cartera de la cual depende el servicio- informó que con el cambio de la Ley de Cotización Obligatoria para los trabajadores independientes, que entró en vigencia en enero de este 2018, el pago de las licencias médicas pasaba a ser responsabilidad de la entidad aseguradora de salud de cada trabajador (Fonasa- Isapres).
Según detalló Nicole, la respuesta que recibió de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) fue que “en la licencia del pre y postnatal toman los tres meses previos a tu concepción y los tres meses previos a tu prenatal, eso lo promedian y equivale a lo que te pagan por mes de licencia. Yo empecé a cotizar en septiembre cuando tenía siete semanas de embarazo. Entonces me dijeron ´tú no cotizaste tres meses antes de la concepción, no podemos sacar el cálculo y no te podemos pagar nada´”.
En su caso, el paso siguiente sería presentar una acción legal en la Contraloría General de la República, el organismo encargado de fiscalizar a las entidades públicas. Pero antes de llegar a ese punto, el municipio de Calera de Tango decidió poner paños fríos a la situación y apelando a una “ficción legal” le hicieron un contrato durante el periodo de su pre y postnatal y una vez finalizado volvería al convenio del programa de SernamEG. La profesional precisó que más que una “sensibilidad” con los derechos de las trabajadoras, en realidad tendría relación con que el municipio arrastra 10 demandas laborales de trabajadores a honorarios, y que no les habría gustado sumar un caso más.
De todas maneras, señala que su molestia es con el Ministerio de la Mujer porque se trataría de garantías maternales que en principio estaban contenidas en el convenio que ella tenía con su empleador – el municipio- pero que se anularon con la nueva disposición de la Ley. “El municipio tomó una responsabilidad que en parte le corresponde pero que es del Ministerio. En el fondo, me están haciendo sentir que es un favor cuando es mi derecho contar con las garantías para ser trabajadora y ser madre”, expresó.
Por otro lado, bajo su criterio, la dinámica que ha llevado el centro se ha basado en la “lógica de los indicadores”. “Siento que hablamos lenguajes muy diferentes. Estamos enfocadas en un área de atención de mujeres violentadas y al final del día a ellos les interesa saber a cuántas atendimos. Números, números, números. La profundidad de la atención pasa a segundo plano. A nosotras constantemente nos dicen: “¿cuántas llevan? En otros centros atienden a 20 en un día”. Tratamos de tener una sesión de entre 30 a 40 minutos, pero si quieren más atenciones tendrían que ser de 20 minutos, y ¿qué tipo de servicio les ofreces?”, reflexionó la trabajadora social.
“El Servicio abusó de nuestra vocación”
Patricia Riquelme (31) es el nombre ficticio de una psicóloga que trabajó en el Centro de la Mujer de una comuna del sector sur de la Región Metropolitana. Solicitó expresamente proteger su identidad y no revelar el municipio en el que trabajó, considerando que su demanda en contra de Sernameg está en curso.
Desde 2013 trabajó dos años como psicóloga y luego el mismo tiempo como coordinadora de ese centro. Conocía bien la dinámica del lugar porque incluso tres años antes de sumarse al equipo había hecho su práctica profesional ahí. Para entonces, todo avanzaba bajo la misma lógica que en los casos anteriores. La profesional recuerda que en este centro estuvieron sin un abogado encargado de las querellas por violencia durante cinco meses. De todas maneras, y ya estando en las funciones de coordinación, la entonces directora metropolitana de SernamEG, Carla Opazo Ossandón, hizo una buena evaluación del desempeño general del centro.
Pero las cosas comenzaron a tomar un matiz distinto a partir del segundo año de coordinación de Patricia. Los diálogos con su jefe directo – de quien también pidió no revelar el nombre – fueron cada vez más incómodos porque él abiertamente pedía apoyo para el alcalde de la comuna- ambos socialistas- sobre todo en periodo de campañas políticas. En medio de esto y en una escalada de presiones, a Patricia le informaron sobre su traslado a otro programa del municipio distinto al Centro de la Mujer. Según su jefe, el motivo habría sido una mala evaluación del servicio – a la que nunca tuvo acceso por escrito- porque la supervisora había informado sobre “diálogos de alto calibre” vía Whatsapp. En los mensajes, a los que Diario Universidad de Chile tuvo acceso, Patricia solicitó incorporar a la brevedad a un abogado y pidió que no pasaran sobre sus funciones porque requería coordinar al equipo. No hubo garabatos ni un trato amenazador.
Ese traslado repentino ella lo relaciona más bien a su constante resistencia a participar de actividades políticas del alcalde, porque recibía comentarios como “recuerda que amor se paga con amor”, “bueno, a fin de año vamos a ver”, “yo no te voy a defender”. Después de este episodio, Patricia recurrió al autodespido que se hizo efectivo en febrero de este año y el viernes pasado su abogada presentó una demanda contra SernamEG por tutela de derechos laborales ante vulneraciones a la integridad psíquica, transgresión a la privacidad, falta de higiene en el lugar de trabajo, entre otros puntos.
En general, la legislación laboral en estos casos apunta a una indemnización especial con el pago de un número específico de remuneraciones, pero también incorpora otras acciones de tipo ético. Y, sobre esto último, en la demanda piden que tanto el municipio como SernamEG reconozca públicamente la falta de protección a su trabajadora y que asuma el incumplimiento de sus propios objetivos como Servicio del respeto y la erradicación de la violencia de todo tipo hacia las mujeres.
A juicio de Patricia, esta mala estructura institucional ha hecho que “la violencia se trate de las puertas hacia afuera y que se abuse de la vocación de las profesionales que ejecutan los programas, todas con un conocimiento acabado de género, donde la mayoría se reconoce feminista y participa de organizaciones. Pero se hace imposible retener a las buenas profesionales desgastadas por esas dinámicas”, aseveró.
“Están en conocimiento de los vacíos legales”
Se escogieron estos relatos para ilustrar la situación laboral que denunciaron trabajadores a honorarios del “Programa Movilizados” que representa a un grupo de funcionarios ejecutores de los programas de SernamEG (el servicio cuenta con cuatro áreas de trabajo y la unidad de violencia contra la mujer se divide en un programa de atención y otro de prevención integral; este último tiene seis modelos de intervención). La instancia se creó en 2016 cuando algunos fueron desvinculados y otros siguieron trabajando en distintas áreas. Pero desde noviembre de 2017 se han coordinado para dar a conocer las situaciones antes expuestas, entre otras. Hay que destacar que es una organización distinta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (Anfusem), que integra a trabajadores de las oficinas centrales de planta, contrata y honorarios.
Respecto de la situación de pre y post natal, se recogieron nueve testimonios de funcionarias de la Región Metropolitana y de regiones que comentaron haber tenido dificultades para hacer efectivo el pago de este periodo por el cambio en el convenio a partir de la Ley de Cotizaciones obligatoria y que debieron resolverlo a través del municipio. Una trabajadora del programa Casa de Acogida de San Bernardo afirmó que SernamEG está en conocimiento de que existe un vacío legal en esta normativa y que se están tomando acciones momentáneas desde los municipios para el pago de licencias.
La abogada especializada en derecho laboral, Rocío Álvarez, explicó que a fin de entregar el presupuesto y establecer las funciones, SernamEG celebra un convenio con la entidad ejecutora, el municipio, y eso rige las obligaciones entre ambas entidades. Esto puede variar en aspectos presupuestarios pero no técnicos. “A mí me llamó la atención porque en otros contratos a honorarios de otros organismos públicos, el pre y post natal está incluido en el documento, pero en este caso no estaba. Entonces, ¿a dónde acudes si no tienes contrato de trabajo?”, precisó la profesional respecto de una causa que lleva adelante.
Convenio a honorarios de 2018 del Centro de la Mujer de Valdivia, en el que, a diferencia del año anterior, no se incluye el pre y post natal como beneficio para la trabajadora.
El documento señala que “en aquellos casos en que la prestadora de servicios no cotice o lo haga por un monto inferior al honorario que percibe, el ejecutor deberá informar de tal circunstancia a la Dirección Regional de SernamEG, acompañada de documentación necesaria que certifique el estado de gravidez de la prestadora y su situación previsional”. Y en cuanto al reemplazo de esa trabajadora, no estaría necesariamente asegurado. Para esto se debe cumplir con el requisito de que exista disponibilidad presupuestaria y que la función debe ser de vital importancia para la continuidad de la ejecución del programa. También indica que SernamEG podrá aumentar el financiamiento de la municipalidad de hasta el 70 por ciento para cancelar la remuneración de la trabajadora de reemplazo en esos casos.
“La fórmula es que ocupan el ‘podrá’ pero no es obligación y puede que no pongan a nadie en ese puesto. Así se generan dificultades como la sobrecarga de trabajo en el equipo y que llegan al caso de vulneraciones como la que nosotras demandamos. Con eso te das cuenta de que son cláusulas que están redactadas como “declaraciones de buenas intenciones, pero que en los hechos no necesariamente se respetan”, explicó.
Por otro lado, indicó: “En el convenio con la trabajadora hay una cantidad de derechos pero que están limitados. Por ejemplo, no existe el fuero maternal, es decir, que el empleador no pueda despedirte por un periodo específico por haber sido madre; no existe permiso de alimentación, por ejemplo, que la mujer pueda llegar una hora después o irse una hora antes del horario establecido para alimentar a sus hijos durante uno o dos años; no está estipulado el derecho a sala cuna”, detalló respecto del caso que lleva adelante.
Lamentablemente, añadió la abogada de la Universidad de Chile, “SernamEG no está garantizando las normas de seguridad social a sus trabajadoras y existe la informalidad de que este Servicio es jefe pero no aparece en los convenios y dicen que no tienen vínculo con los trabajadores a honorarios pero a la vez permite la contratación bajo esta figura, incurriendo en vulneraciones muchas veces dramáticas”.
Se solicitó para este artículo una entrevista con la directora del Servicio, Laura Echeverría, quien aún está en el cargo hasta que designen a otra autoridad mediante el proceso de Alta Dirección Pública, a través de la jefa de prensa. Se enviaron las preguntas consultando si manejaban información sobre la situación de estas trabajadoras a honorarios que han denunciado problemas con sus pre y post natal, sobre los cambios de convenios y, además, sobre las denuncias por falta de supervisión rigurosa en los centros y malos tratos, pero luego de una semana sólo dijeron que estaban revisando la situación.
Por otro lado, los trabajadores del Programa llamaron a sumarse a la convocatoria el próximo miércoles 25 de abril “No a la Cotización Obligatoria de trabajadores independientes”, que se realizará en Plaza de Armas.
By: Natalia Figueroa / Diario Uchile
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