Este martes, la cámara de Diputados retomó la discusión de la ley de Ingreso Mínimo Vital, luego del informe emitido este lunes por la comisión mixta, y que garantiza un ingreso mínimo de 300 mil pesos líquidos para las y los trabajadores mediante un subsidio otorgado por el Estado.
El proyecto ingresado en noviembre de 2019 ha recibido críticas respecto de que beneficiaría indirectamente a las grandes empresas, razón por la cual no logró su aprobación en la Cámara, el último miércoles.
Según el informe de la comisión, lo acordado dice relación con extender por un año el beneficio a trabajadores que ganen menos de 384 mil 363 pesos, sin tomar en cuenta el tamaño de la empresa con la que estén vinculados.

🏛️🇨🇱 Se inicia debate de informe de C. Mixta de proyecto que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado.
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— Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) March 17, 2020

Sin embargo, al final de dicho período, se revaluará la situación correspondiente a trabajadores de empresas cuyas ventas sean superiores a 75 mil unidades de fomento, con objeto de que éstas también puedan hacerse cargo de subsidios similares.
Por esta razón, durante el transcurso de la discusión de este mares, algunos parlamentarios del oficialismo mostraron su disconformidad ante esta indicación.
Uno de ellos fue el diputado de Renovación Nacional, Alejandro Santana, quien también se refirió al nivel de alcance que podría tener este proyecto.
“Con dogmas pro discriminación, desde el punto de vista del beneficio, para algunos tendrá una vigencia de un año, pero afortunadamente para los 700 mil trabajadores podemos decir que este beneficio lo tendrán ojalá a contar del mes de abril”, indicó.

No obstante, otros parlamentarios del oficialismo, como Luciano Cruz-Coke (Evópoli) o Patricio Melero (UDI), aseguraron que se abstendrán de la votación, con la intención de que el proyecto vuelva a tener las condiciones que tenía antes de ingresar a la comisión.
“Nuestra posición de abstención tiene que ver con que nosotros no consideramos necesario un artículo transitorio para limitar el beneficio en un año. Creemos que siempre debe ser un beneficio para todos los trabajadores que reciben el ingreso de salario mínimo, independiente del lugar en que laboren. Eso es discriminar y dejar fuera del beneficio a 200 mil trabajadores”, señaló Melero.
Por su parte, desde la oposición, la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, aunque dijo no estar de acuerdo con la esencia del proyecto, valoró el límite conseguido en la comisión mixta.
“Algunas empresas señalan en declaraciones públicas que pueden subir el salario mínimo para sus trabajadores. Entonces, ¿es el Gobierno el que está poniendo la piedra de tope? Es inexplicable como este debate no se tomó desde la óptica adecuada. Sin embargo, en la comisión mixta estuvimos disponibles para poder avanzar en esta materia”, precisó.

Asimismo, la disputada comunista Karol Cariola insistió en el carácter subsidiario del proyecto defendido por el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel.
“Los impuestos que pagamos todos los chilenos y chilenas, y especialmente los trabajadores y trabajadoras, van a pasar de un bolsillo a otro para poder subsidiar con ello lo que no están recibiendo a través de sus remuneraciones de manera justa. Sin embargo, en la comisión de logró poner una observación a este proyecto que no compartimos en su esencia, en su origen y en lo que busca”, enfatizó Cariola
Hay que recordar, además, que el monto subsidiario propuesto por el Gobierno asciende a 59 mil 200 pesos, y, de ser aprobado en los plazos planteados por el Ejecutivo, podría llegar a las y los beneficiarios durante el mes de mayo.
Con la decisión que tome la Cámara de Diputados, que será a más tardar el jueves 19 de marzo, posteriormente será el Senado quien deberá ratificar dicho proyecto, dejándolo así listo para convertirse en ley de la República.