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El Ministerio Público lamenta las declaraciones del senador y candidato presidencial, Alejandro Guillier, quien en una actividad pública afirmó ayer que los fiscales decidirían sus investigaciones de acuerdo a supuestos incentivos económicos asociados a ellas. Sus dichos son errados y afectan sin base la reputación de los más de 700 fiscales que se desempeñan en todo Chile.
Con desconocimiento de la legalidad vigente que rige el actuar de fiscales y funcionarios del Ministerio Público, el senador sostuvo que: «Los delincuentes saben cómo actúan los fiscales, que tiran los casos sin investigar. ¿Por qué? Porque no es un buen bono cuando es un delito chico; ellos ganan bono cuando son grandes crímenes, de alta connotación».
La Constitución le ha asignado al Ministerio Público el rol y la misión de perseguir delitos, en cuyo caso justamente nos encontramos, marco en el que no cabe ni existe el pago de bonos a fiscales por terminar causas o desestimarlas, como tampoco la entrega de premios o retribuciones por investigar causas de alta complejidad.
Muy por el contrario, desde la puesta marcha del Plan de Fortalecimiento Institucional, la Fiscalía de Chile ha dado prioridad, tanto en recursos como en gestión, a las investigaciones de delitos contra la propiedad, especialmente en aquellos casos en los que se dispone de menores antecedentes, como ocurre en las causas con imputados desconocidos. Reflejo de ello es la implementación del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), que ha comenzado a dar resultados exitosos.
Con el fin de despejar las dudas que las declaraciones del senador hayan podido abrir en la opinión pública, podemos confirmar que los únicos incentivos económicos que reciben fiscales y funcionarios están regulados por ley, son públicos -se pueden consultar en nuestro sitio web institucional- y responden al cumplimiento de metas relacionadas con el mejoramiento continuo de la atención que brindamos a víctimas y testigos; el fortalecimiento de la calidad de las investigaciones y la solución del conflicto penal; y el cumplimiento de los deberes legales que nos impone la Constitución. Se trata, por lo demás, de metas institucionales que involucran indicadores que son evaluados y, en su caso, validados por una institución externa, cuyos resultados son informados a la Dirección de Presupuestos.
Seguridad y delincuencia son temas de permanente interés para la ciudadanía, cuya atención crece en el marco de procesos eleccionarios. Lejos de rehuir el debate, el Ministerio Público considera de suma importancia abordarlo con perspectiva de Estado, pues los avances en esta tarea no le pertenecen a uno u otro sector político, sino a todos los chilenos y cuidar de las instituciones que trabajan en esta área, es también deber de todos. Con ese propósito, llamamos a todos los candidatos presidenciales a enfrentar esta discusión de manera informada y veraz, escenario en el que la Fiscalía de Chile reafirma su política de puertas abiertas para atender todo tipo de requerimientos.
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