Funcionarios de Gendarmería piden reforzar el perímetro de la zanja exterior del recinto penitenciario, para así ampliar la distancia con la población civil y, evitar a su vez, el paso de personas que arrojen elementos prohibidos tales como drogas.

Entre 20 a 30 bultos con drogas y otros artefactos electrónicos son lanzados por noche desde un predio colindante hacia el interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Puerto Montt, elementos que son rescatados por algunos internos utilizando anzuelos de pesca, lo que han provocado daños físicos a funcionarios de Gendarmería.

En la búsqueda de soluciones, el diputado independiente Héctor Ulloa invitó a una reunión a los seremis de Obras Públicas y de Justicia, instancia donde coordinaron gestiones en conjunto con los funcionarios del recinto.

″A raíz de una invitación de asociaciones de funcionarios de Gendarmería (ANSOG y AGECh), concurrimos en conjunto al seremi de Obras Públicas y el seremi de Justicia, buscando garantizar la seguridad, en primer lugar, de los funcionarios de Gendarmería, quienes se ven constantemente amenazados producto de la inseguridad existente a raíz de los lanzamientos desde el exterior de productos tales como drogas, elementos cortopunzantes, celulares, entre otros″, explicó Ulloa.

El diputado por el distrito 26 resaltó a su vez cómo se ha visto afectada la percepción de seguridad de los vecinos de Bosquemar, ″también existe un riesgo evidente de delincuencia y sensación de inseguridad en el sector de Bosquemar -donde se encuentra emplazada la cárcel de Alto Bonito-, es por eso que le hemos pedido a ambos seremis -fundamentalmente a Obras Públicas-, que gestione los elementos de seguridad necesarios, tales como zanja, iluminación y cualquier otro elemento de seguridad que impida lanzar desde el exterior drogas o cualquier otro elemento que pueda ser causante de inseguridad″, puntualizó.

A la reunión de coordinación asistieron el Seremi Obras Públicas, Daniel Olhabé y, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Cárdenas, quienes comprometieron agilizar acciones junto al concesionario del recinto penal en primera instancia, a fin de dar pronta respuesta y una solución, tanto para los funcionarios de Gendarmería, como a las familias de poblaciones aledañas.