El Consejo de Defensa del Estado se querelló en contra de Simón Acuña y Tamara Vidal, ambos funcionarios públicos del Gobierno Regional de Biobío, y los particulares Camila Polizzi, Sebastián Polanco y Matías Godoy como autores del delito de fraude al Fisco, en caso de la Fundación En Ti.

La acción del CDE, presentada ante el Juzgado de Garantía de Concepción, se funda en los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa de fiscalía y que dan cuenta de una serie de acciones ejecutadas de manera concertada por los funcionarios públicos y los particulares para defraudar el patrimonio del gobierno regional.

Según la querella, los imputados obtuvieron recursos del GORE para el desarrollo del programa “Capacitación Ciudadana para Familias de Barrio Norte”, el que sería ejecutado por la Fundación En Ti, pese a conocer que dicha fundación no cumplía con las exigencias establecidas, ni contaba con competencias en el área, causando con ello un perjuicio al erario Fiscal aún no determinado con exactitud, pero no inferior a $66.000.000.

De acuerdo con los hechos investigados, en mayo de 2022, Camila Polizzi presentó un proyecto en el GORE Biobío, que desarrolló junto a Polanco con el objetivo de postular al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), bajo el amparo de una fundación creada por Polizzi, llamada “Conce Solidario”, pero esta no cumplía con la antigüedad requerida, pues su vigencia era de un año, y no alcanzaba los dos exigidos para poder postular.

Por ello, Polizzi buscó otra fundación con la antigüedad necesaria, tomando contacto con Gerardo Silva Silva, presidente y fundador de la Fundación En Ti, obteniendo de él un mandato amplio de administración de bienes, en que le otorgaría a ella la facultad de administrar.

A través de esta fundación, y según recomendación de los propios funcionarios públicos del GORE, Polizzi y Polanco postularon esta vez al Fondo de Desarrollo Regional con el programa denominado “Capacitación Ciudadana para Familias de Barrio Norte”, el que sería ejecutado por la Fundación En Ti y que consistía en una capacitación ciudadana para la prevención de la seguridad situacional que se vive en espacios públicos en el sector de Barrio Norte de la comuna de Concepción, y cuyo costo total de inversión sería de $250.635.000 millones de pesos.

Durante la postulación y según consta en los antecedentes revisados por el CDE, el proyecto contó con un Formulario de Pertinencia y Priorización de Iniciativa de Inversión, suscrito por Simón Acuña, Jefe del Departamento de Desarrollo Social y Humano, en el que se indica que la iniciativa “es pertinente con los objetivos de la unidad informante y se solicita que se le dé prioridad en la revisión”, calificándola como “urgente”.

En dicho formulario, además, Acuña se autodesignó como contraparte técnica para el seguimiento de la iniciativa, sugiriendo personalmente a Polizzi que debía conseguir un organismo técnico de capacitación (OTEC) para su desarrollo lo que de acuerdo a lo señalado en la querella del CDE, “permite presumir que tenía el cabal conocimiento que la Fundación postulada no cumplía con las exigencias …, esto es, que tuviera competencias en el área de la ‘capacitación’, pero igualmente estimó pertinente la postulación de la Fundación y le dio urgencia a la iniciativa para su aprobación”.

Por ello, tras la firma del convenio entre el GORE Biobío y la fundación, en diciembre de 2022, Polizzi y Polanco buscaron una OTEC para concretar la labor a realizar, concertándose con Matías Godoy para adquirir los derechos de la Sociedad Frumisal Ltda., tercerizando con ello la ejecución del programa.

Finalmente, señaló el CDE, si bien el convenio también estableció, entre otras cosas, que “para efectos de control y seguimiento de la ejecución del programa, se constituirá una Contraparte Técnica en el GORE del Biobío, quien tendrá por objeto velar por el correcto avance efectivo de las actividades del Programa”, cuya labor recayó en la funcionaria Tamara Vidal, esta funcionaria “no realizó la fiscalización que estaba llamada a cumplir para evitar la defraudación de los recursos fiscales, aun cuando estas irregularidades eran evidentes, y podía determinarse de la simple lectura de las rendiciones, que las actividades de capacitación no se estaban ejecutando”.