El proyecto considera la elaboración del Plan Maestro de Gestión del Uso Público, Infraestructura y Desarrollo Territorial del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, un instrumento estratégico con horizonte al año 2050 que permitirá planificar de manera integral el desarrollo del parque, ordenar el crecimiento del turismo, priorizar inversiones, mejorar la infraestructura para visitantes y fortalecer la conservación de la biodiversidad bajo criterios de sostenibilidad.

La firma del convenio entre el Municipio de Puerto Varas, CONAF y el SBAP formaliza una alianza inédita que permitirá coordinar capacidades técnicas e institucionales, impulsar proyectos conjuntos y acompañar el proceso de transición en la administración del parque, consolidando una gobernanza colaborativa entre el Estado y el gobierno local.

El alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, destacó el alcance de esta iniciativa, especialmente en el año en que el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales conmemora su centenario.

«Este es un momento histórico para Puerto Varas. Como comuna volvemos a mirar e impulsar el desarrollo del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el parque nacional más antiguo y también el más visitado de Chile. En el marco de su centenario, hemos decidido convertirnos en el primer municipio del país en financiar con recursos propios un Plan Maestro de infraestructura, gestión de uso público y conservación para un parque nacional. Esta herramienta nos permitirá planificar su desarrollo junto a las comunidades, los servicios públicos y los distintos actores del territorio, definiendo una cartera de proyectos que fortalezca la conservación de la biodiversidad, mejore la experiencia de los visitantes y contribuya al bienestar de las comunidades. Con este paso proyectamos el parque para los próximos 100 años.»

El director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Tomás Saratscheff, señaló que este convenio representa un ejemplo del nuevo modelo de conservación que impulsa la institucionalidad ambiental del país.

«Lo que hemos vivido hoy es un momento muy significativo para Chile. Este convenio refleja un modelo basado en la colaboración entre las instituciones, los territorios y las comunidades. La conservación no puede ser una tarea que enfrente el Estado por sí solo; requiere alianzas y una visión compartida. El objetivo es elaborar un Plan Maestro y una cartera de proyectos de inversión que fortalezcan la conservación, la infraestructura y la gestión del uso público del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Este ejemplo marca el camino que debemos seguir en los parques nacionales de todo el país.»

Por su parte, el director regional de CONAF, Fernando Gebhard, valoró la iniciativa como una oportunidad para proyectar el futuro del parque en el año de su centenario.

«Este convenio representa un hito muy importante para nosotros. El Parque Nacional Vicente Pérez Rosales cumple 100 años y es el parque nacional más visitado de Chile. Valoramos especialmente el impulso del Municipio de Puerto Varas para desarrollar este Plan Maestro junto a CONAF, porque permitirá proyectar el parque hacia el futuro, fortaleciendo su infraestructura, la gestión del uso público y la conservación de este patrimonio natural. Nuestro anhelo es que continúe creciendo y que durante los próximos 100 años siga siendo un espacio de conservación profundamente conectado con las comunidades.»

Creado en 1926, el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales es el parque nacional más antiguo de Chile y uno de los principales destinos turísticos del país. Cada año recibe cientos de miles de visitantes, enfrentando desafíos asociados al crecimiento del turismo, el cambio climático y la necesidad de proteger ecosistemas de alto valor ambiental.

En este contexto, el Plan Maestro desarrollará un diagnóstico integral del parque y su entorno, evaluará la capacidad de carga de sus principales atractivos, identificará brechas de infraestructura y definirá una cartera priorizada de inversiones. Entre ellas se consideran senderos, miradores, centros de visitantes, señalética, estacionamientos, infraestructura con accesibilidad universal y equipamiento para educación ambiental, siempre bajo el principio de minimizar los impactos sobre los ecosistemas.

El proceso incorporará una amplia participación de comunidades locales, organizaciones sociales, actores del turismo, servicios públicos y especialistas, permitiendo construir una visión compartida para el desarrollo del parque y fortalecer su gobernanza.

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El acuerdo, valorado en US$3,2 millones, fue pactado con el comerciante chino Song Tai, con quien la compañía negociaba desde 2023. El proyecto contempla cerca de 400 hectáreas de concesiones mineras en el sector de Pumillahue —cuyo nombre en mapudungún significa “lugar de mucho oro”— y podría albergar recursos estimados en 72 mil onzas de oro (2,5 toneladas), según un informe preliminar de la consultora canadiense GMY.

Argumentos de la empresa

En un documento enviado a inversionistas, el directorio de China Kingstone Mining destacó que la decisión responde al aumento de la demanda por metales preciosos en un contexto de tensiones geopolíticas, subrayando que Chile ofrece un “marco regulatorio estable” y cuenta con infraestructura consolidada para el desarrollo minero.

Reacciones locales

El anuncio ha generado alerta en comunidades indígenas y organizaciones medioambientales, quienes advierten que este proyecto se suma a otros megaproyectos mineros en la Fütawillimapu (grandes tierras del sur) que no han sido consultados ni informados previamente a las comunidades mapuche.

Las críticas apuntan a las posibles afectaciones socioculturales y a la destrucción de la ñukemapu (madre tierra) y el itrofilmongen (biodiversidad), valores ancestrale de la cosmovisión mapuche en la Región de Los Ríos

Este ingreso de capital chino al negocio aurífero en Chile refleja una tendencia de expansión de inversiones extranjeras en territorios de alto valor cultural y ambiental, lo que abre un debate sobre el extractivismo en el sur de Chile, la consulta indígena y el impacto socioambiental de proyectos de gran escala.

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El encuentro busca dialogar sobre los 10 años de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), normativa que obliga a los fabricantes de productos prioritarios a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de su comercialización. La Ley REP se ha consolidado como uno de los instrumentos más relevantes para transformar la gestión de residuos y avanzar hacia la economía circular.

Avances de la Ley REP

• Ha promovido la educación ambiental en comunidades y municipios.
• Reconoce y fortalece el rol de los recicladores de base, bajo el principio de inclusión.
• Ha impulsado nuevas prácticas de gestión de residuos en el país.

Programa de la Cumbre

• Bloque inicial: presentación de los fundamentos de la Ley REP y estado de implementación en Los Ríos.
• Experiencias municipales: La Unión y Lanco compartirán sus avances, buenas prácticas y desafíos en gestión de residuos.
• Panel de conversación: representantes de instituciones públicas y organizaciones vinculadas a la economía circular, como la Cooperativa Valdivia Sustentable y Re Simple.

El seremi Enrique Gillmore Carmona destacó que este tipo de encuentros permiten relevar acciones ejecutadas bajo la Ley REP y fijar una hoja de ruta para consolidar el trabajo realizado:

“Avanzar en esta materia es una prioridad para el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y la Ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo”.

Información del Evento

• Lugar: Salón Consistorial de la Municipalidad de La Unión (calle Arturo Prat 680).
• Fecha: miércoles 22 de julio.
• Hora: desde las 10:00 horas.
• Inscripción: gratuita y abierta a toda la comunidad.

Este encuentro se proyecta como un espacio clave para fortalecer la gestión de residuos, promover la educación ambiental y consolidar la transición hacia un modelo de desarrollo sustentable en la región.

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Copiaport-E busca emplazar un puerto industrial en Punta Cachos y Bahía Chasco, entre Copiapó y Caldera, con una inversión estimada en US$450 millones. Para las comunidades, representa la consolidación de un enclave extractivista sobre un territorio de alto valor ecológico, donde convergen ecosistemas costeros, actividades tradicionales y formas de vida vinculadas al mar.

Las razones de la reclamación

La acción judicial sostiene que la resolución del Comité de Ministros vulneró el derecho de participación ciudadana, al rechazar observaciones presentadas durante la evaluación ambiental sin un análisis adecuado.

La abogada Valentina Gatica (OLCA) explicó que los fundamentos jurídicos apuntan a la falta de consideración de las observaciones ciudadanas, el rechazo conjunto sin abordar sus fundamentos específicos, la aplicación de criterios que no se ajustan a la jurisprudencia vigente y la omisión de pronunciamiento respecto de algunas reclamaciones.

El Tribunal deberá revisar si la autoridad aplicó correctamente los estándares legales, considerando impactos sobre la flora y fauna marina, el patrimonio arqueológico, la ausencia de una consulta indígena integral, las consecuencias para la pesca artesanal y la afectación del paisaje costero.

Lo que está en juego

Bahía Chasco alberga la pradera de pastos marinos más extensa de Chile y el último sitio de agregación natural de tortuga verde (Chelonia mydas) en el territorio continental. También concentra algas pardas, aves marinas protegidas y especies clave para la reproducción y alimentación de fauna marina.

Carol Medrano, directora de Qarapara, advirtió:

“No es posible analizar cada componente por separado, porque todo forma parte de un mismo sistema ecológico. Si ese equilibrio se altera con un megaproyecto portuario, no tenemos certeza de que esta población de tortugas pueda mantenerse en el tiempo”.

Un conflicto con historia

El borde costero ya enfrentó proyectos como la termoeléctrica Castilla y el terminal de gas Andes LNG, ambos cuestionados por su emplazamiento en un territorio estratégico para la biodiversidad.

Eduardo Herrera, de CODEMAA, recordó que la defensa de Bahía Chasco ha evolucionado con cada intento de instalación industrial:

“Hoy existe más experiencia, más información científica y un mayor conocimiento de los procedimientos administrativos y judiciales. Pero la preocupación sigue siendo la misma: evitar que uno de los ecosistemas costeros más importantes de Atacama sea transformado por infraestructura industrial”.

Debate sobre el modelo de desarrollo

Para Giuliano López (CODEMAA), el caso refleja una planificación que privilegia grandes inversiones sobre territorios de alto valor ecológico:

“El propio Estado definió esta zona como un área de relevancia ecológica. Promovió estudios y reconoció su valor ambiental. Sin embargo, cuando llega el momento de decidir sobre grandes inversiones, actúa como si todo ese conocimiento no existiera”.

El futuro de Bahía Chasco

La decisión del tribunal será observada por comunidades de todo Chile y podría marcar un precedente sobre los estándares de evaluación de megaproyectos y la participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Lucio Cuenca, director de OLCA, afirmó:

“Las comunidades defienden ecosistemas estratégicos para la vida y la adaptación a la crisis climática. Este juicio será una señal sobre el tipo de institucionalidad ambiental que Chile quiere construir”.

Más allá del resultado judicial, las organizaciones sostienen que lo que está en disputa es el futuro del borde costero de Atacama y la continuidad de un modelo de desarrollo que ha promovido infraestructura industrial sobre territorios de alto valor ambiental.

Este comunicado refleja la tensión entre el extractivismo y la conservación de ecosistemas, y pone en el centro la discusión sobre el derecho de las comunidades a decidir el destino de sus territorios.

Grafica gentileza Nicolás Flores /Carolina Medrazo

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La vocera del movimiento Penco-Lirquén Libre de Mineras, Camila Arriagada, reiteró la fuerte oposición de la comunidad y cuestionó tanto las características técnicas del proyecto como el respaldo que ha recibido de las autoridades.

“Esta empresa ha tenido varios intentos, por muchos años, de ser evaluada positivamente. En 2023 desistió del proyecto anterior, Módulo Penco, por la presión social. Realizamos una consulta ciudadana masiva en la que más de 7 mil personas votaron en contra de la minería de tierras raras en el territorio”, señaló.

El proyecto que será votado este lunes 8 de junio corresponde a una nueva propuesta presentada tras el retiro de la iniciativa anterior. Sin embargo, Arriagada reconoció que las expectativas de rechazo son bajas, debido al apoyo que el gobierno ha manifestado en el marco de acuerdos internacionales con Estados Unidos para posicionar a Chile como proveedor de minerales críticos.

La extracción contempla la remoción de grandes volúmenes de suelo arcilloso para obtener lantánidos, esenciales en la fabricación de tecnologías avanzadas. “De una tonelada de tierra se obtiene apenas un kilogramo de lantánidos. Las cantidades de remoción son enormes”, explicó la dirigenta.

Uno de los principales cuestionamientos es la ubicación del proyecto, cercano a sectores poblados y áreas de valor ambiental. “La faena estaría a menos de dos kilómetros de viviendas, escuelas y centros de salud, lo que genera gran preocupación”, advirtió.

Arriagada también destacó el valor ecológico del área, donde aún se preserva bosque nativo y fauna en recuperación tras los incendios. “Es un sector con alto valor turístico, paisajístico y natural, que buscamos conservar”, afirmó.

Las organizaciones alertan además sobre el efecto acumulativo de actividades industriales en la zona, considerando la cercanía del proyecto con el relleno sanitario del Biobío y otras iniciativas de infraestructura en el Gran Concepción. Según la vocera, el proyecto mantiene observaciones técnicas y administrativas pendientes que no han sido respondidas adecuadamente.

Pese a la inminente votación, el movimiento anunció que continuará utilizando herramientas legales y administrativas en caso de aprobación, como la invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental y reclamaciones asociadas a las observaciones ciudadanas.

Finalmente, Arriagada convocó a la comunidad a participar en la movilización programada para este sábado 6 de junio a las 15:00 horas en la Plaza de Penco, con carácter familiar y comunitario, en defensa del territorio.

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Monte Verde volvió al centro del debate científico internacional. En marzo de 2026, Science difundió un artículo de Surovell, Méndez, Claudio Latorre y otros, que proponía reinterpretar la cronología e integridad del sitio arqueológico Monte Verde II, en el sur de Chile. El estudio sugería que parte de los materiales asociados a la ocupación humana habrían sido redepositados por procesos fluviales miles de años después.

La respuesta de la comunidad científica fue inmediata. Tres cartas independientes, elaboradas por investigadores de universidades y centros de Estados Unidos, Europa y América Latina, refutaron los argumentos del estudio y reafirmaron la antigüedad aproximada de 14.500 años del sitio, considerado clave para comprender el poblamiento temprano de América.

El señalamiento principal: ausencia de excavación directa

Las críticas se centran en la metodología. Surovell et al. no excavaron en el yacimiento original ni analizaron su estratigrafía completa, basando gran parte de sus conclusiones en observaciones de afloramientos ubicados entre 50 y 4.000 metros de distancia de Monte Verde II.

Según las cartas, esos afloramientos corresponden a contextos sedimentarios complejos y heterogéneos, afectados por procesos deposicionales y erosivos, cuya relación directa con el sitio nunca fue demostrada. Dillehay lo resumió con una metáfora: “Todo su estudio se ha hecho a alrededor de 50 a 4.000 metros de distancia. Es como si yo quisiera escribir tu biografía, y tú estás vivo todavía, pero nunca he conversado contigo”.

La discusión sobre la Tefra Lepué

Otro eje del debate es la supuesta presencia de la Tefra Lepué, una capa de ceniza volcánica de unos 11.000 años que, según el artículo en Science, estaría bajo los niveles de ocupación humana.

Los equipos que respondieron sostienen que esa tefra nunca ha sido identificada en Monte Verde, pese a décadas de excavaciones desde 1977. Plantean que los autores confundieron depósitos sedimentarios y formaciones minerales con material volcánico por similitudes cromáticas superficiales. La carta liderada por Waters enfatiza que los análisis geoquímicos disponibles no permiten confirmar que el depósito corresponda efectivamente a la Tefra Lepué, desmontando uno de los pilares cronológicos del estudio.

Evidencia incompatible con una redeposición fluvial

Las refutaciones también cuestionan la hipótesis de redeposición fluvial. Dataciones por luminiscencia (OSL) realizadas en arenas de base entregaron edades entre 18.100 y 14.300 años, confirmando que la superficie habitada existía en el Pleistoceno tardío.

A ello se suman huellas humanas, fogones, estructuras de madera, restos vegetales conservados, masas de algas marinas masticadas y más de 400 fósiles de vertebrados asociados a gonfoterios y paleolamas. Según los investigadores, la preservación de estos materiales es incompatible con un arrastre fluvial, que habría destruido gran parte de las evidencias.

Las cartas también señalan que el estudio omitió considerar la distribución in situ de estructuras, artefactos, restos vegetales y faunísticos directamente datados, así como comparaciones tipológicas que vinculan los bifaces de Monte Verde con industrias pleistocénicas tempranas de Sudamérica.

La genética respalda una ocupación pre-Clovis

La carta encabezada por Meltzer incorpora evidencia genética y paleogenómica. Los datos actuales indican que la divergencia entre poblaciones ancestrales de nativos americanos del norte y del sur ocurrió hace unos 15.700 años, lo que implica necesariamente ocupaciones anteriores a la cultura Clovis en Sudamérica.

Meltzer advierte que las conclusiones de Surovell et al. ignoran no solo la evidencia de Monte Verde, sino también décadas de investigaciones interdisciplinarias en otros sitios tempranos del continente.

Mucho más que una fecha

Los investigadores subrayan que Monte Verde no es solo una discusión cronológica. El sitio conserva restos de chozas, fragmentos de piel animal, huellas humanas, fogones, herramientas de hueso, piedra y madera, además de restos vegetales locales y exóticos. Estas evidencias permiten comprender formas tempranas de vida en América, incluyendo conocimientos sobre plantas y algas que aún persisten en comunidades del sur de Chile. Se estima que entre 15 y 20 personas habitaron Monte Verde.

Respecto a las críticas sobre un supuesto “embargo” de la colección arqueológica, los investigadores recuerdan que los materiales están bajo resguardo de la Universidad Austral de Chile desde la década de 1980 y que su acceso es regulado por el Consejo de Monumentos Nacionales.

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En representación de Chile asistieron Paula Fuentes Merino, de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente, y Macarena Sarras Bishara, de la División de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, ambas puntos focales del tratado.

Durante la reunión, la delegación chilena reafirmó que el Acuerdo de Escazú constituye un compromiso de Estado y presentó avances en su implementación nacional. Se informó que el Plan Nacional de Implementación Participativa ya está en marcha y que actualmente se elabora el Reporte Anual 2025, dando continuidad al seguimiento del plan. También se destacó la instalación de una gobernanza colaborativa, multinivel y participativa, con la creación del Consejo Nacional de Escazú y espacios regionales de diálogo, además del trabajo conjunto con el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo.

Uno de los temas centrales de la COP4 fue el fortalecimiento de los Registros de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC), herramientas públicas que permiten recopilar y difundir información sobre emisiones, residuos y transferencias de contaminantes. En este contexto, Chile manifestó su interés en integrar el Grupo Técnico de Expertos que elaborará lineamientos regionales para el desarrollo y fortalecimiento de estos registros, con participación activa de los Estados Parte y del público.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente se valoró la reunión como una oportunidad para compartir experiencias, fortalecer la cooperación regional y avanzar hacia una gestión ambiental más eficiente, transparente y sustentable, centrada en las personas y sus derechos

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Gracias a meses de monitoreo y cuidado en cada etapa del proceso, en el centro de cultivo del Liceo Politécnico de Mehuín, estudiantes y docentes lograron obtener más de un millón de semillas de choro zapato destinadas a repoblar el banco natural del río Huellelhue. Este hito forma parte de un trabajo conjunto entre el establecimiento educacional y el Centro de Pesca Sustentable, en el marco del Proyecto GEF Incentivos Económicos para la Conservación, que busca recuperar la disponibilidad de este recurso en Caleta Huellelhue y apoyar a la comunidad en su proyección hacia una comercialización sustentable.

El director del Centro de Pesca Sustentable, Miguel Espíndola, explicó: “Gracias al compromiso del Liceo —especialmente de Fabiola, jefa de Producción, y de los practicantes como Martina y Matías—, junto con la asesoría del Centro de Innovación Acuícola AquaPacífico, hemos logrado avanzar en una de las etapas más críticas del proceso de repoblamiento, lo que nos tiene muy contentos”.

Por su parte, Robert Leiva, director del Liceo, destacó la importancia de esta experiencia para la formación de los estudiantes, en especial por el apoyo logístico y la inversión en infraestructura: “Lo más importante es lo que siempre decimos: aprender haciendo. En este caso, los estudiantes egresarán de cuarto medio con la experiencia necesaria incluso para trabajar en esta área”.

Se trata de una especie clave para el ecosistema del Área de Conservación de Múltiples Usos Lafken Mapu Lahual y de gran valor para las economías locales. El proceso implicó un trabajo en estanques y recipientes cuidadosamente controlados, que contenían miles de diminutas semillas apenas perceptibles en sus primeras etapas, las cuales fueron creciendo día a día bajo la supervisión de los estudiantes, quienes asumieron turnos, registraron cambios y ajustaron condiciones para asegurar su desarrollo.

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El evento, desarrollado este19 de marzo en el campus Concepción, reunió a representantes de la industria minera, autoridades universitarias y organismos públicos, además de los principales socios estratégicos: Codelco, BHP Minerals Americas y Aurubis AG de Alemania. La jornada marcó el inicio de la fase de pilotaje de una tecnología creada por investigadores del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Facultad de Ingeniería UdeC, orientada a procesar concentrados de cobre mediante un sistema competitivo y ambientalmente responsable.

Durante la actividad se expuso el alcance del proyecto, incluyendo la descripción de la tecnología, su plan de trabajo, presupuesto y modelo de gobernanza. Posteriormente, los asistentes visitaron la planta piloto y participaron en una reunión técnica para analizar rutas de desarrollo y definir próximos pasos.

El Rector de la Universidad de Concepción, Dr. Carlos Saavedra Rubilar, subrayó el carácter estratégico de la iniciativa:

“Esta nueva fase permite integrar capacidades internas y externas para avanzar en definiciones estratégicas, especialmente en el contexto de la ampliación de la planta piloto y la evaluación de distintas rutas tecnológicas. Nos motiva el desafío que implica, pero también el ejemplo que representa para el sistema universitario al impulsar una tecnología con potencial de transformar el sistema productivo a nivel nacional y global”.

La Dra. Marcela Angulo González, Directora de Negocios Tecnológicos y Asuntos Corporativos del proyecto, destacó la relevancia del hito:

“Hoy, por primera vez, tenemos la posibilidad de enfrentar un pilotaje a una escala que permite proyectar una operación industrial, a partir de décadas de generación de conocimiento que hoy se traducen en una solución concreta para una minería más limpia”.

El Dr. Roberto Parra Figueroa, académico del Departamento de Ingeniería Metalúrgica y Director General del Proyecto, valoró el respaldo de las empresas participantes:

“Este hito representa la consolidación de un trabajo de décadas en estrecha vinculación con la industria minera. El apoyo de las compañías valida el desarrollo tecnológico que hemos impulsado y nos permite avanzar hacia la construcción de reactores piloto de mayor escala, etapa clave para el escalamiento de la tecnología”.

La tecnología, liderada por el profesor Igor Wilkomirsky Fuica, ha sido desarrollada en la UdeC durante cerca de diez años y actualmente se encuentra en nivel de madurez tecnológica TRL 5, correspondiente a validaciones en entornos semi-piloto con resultados prometedores. Con la adjudicación de US$10 millones en la primera convocatoria “Desafíos de I+D” de CORFO, se inicia una nueva etapa que permitirá avanzar hacia TRL 6 y 7, con pruebas a mayor escala en condiciones cercanas a la operación industrial.

“Si alcanzamos los resultados esperados, podríamos contar hacia el final de la década con una planta de demostración, marcando un hito para el país con una tecnología propia, más eficiente y con un impacto económico y social significativo”, puntualizó el Dr. Wilkomirsky.

Desde el sector productivo, Gerardo Alvear, gerente corporativo de innovación en procesos metalúrgicos de Codelco, resaltó el carácter disruptivo de la iniciativa:

“Se trata de un proyecto desafiante, donde la innovación desarrollada desde la academia debe converger con las necesidades de la industria y las exigencias ambientales. Este tipo de iniciativas fortalece el ecosistema y proyecta soluciones con impacto real para la minería”.

La actividad contó con la participación de autoridades universitarias y representantes de las empresas colaboradoras, quienes coincidieron en que este desarrollo abre oportunidades para fortalecer la capacidad de procesamiento en Chile, aumentar el valor agregado de los minerales y contribuir a cadenas de suministro más seguras en un contexto global de creciente demanda de cobre asociada a la transición energética.

By: Eduardo Unda /U .Concepción

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El fantasma de la dependencia tecnológica y económica

Desde el Frente Amplio, la diputada Ericka Ñanco expresó que esta firma trasciende la mera cooperación comercial, calificándola como un asunto de “soberanía económica” sobre recursos que son fundamentales para el futuro. Ñanco advirtió que Chile no puede quedar sometido a presiones externas para asegurar suministros a otras naciones, generando nuevas dependencias tecnológicas. En la misma línea, su par Jorge Brito fue tajante al señalar que Chile no debe “arrodillarse ante ninguna potencia”, adelantando que el nuevo canciller deberá dar explicaciones ante el Congreso por lo que calificó como una filtración de recursos estratégicos.

La exigencia de transparencia también fue secundada por Lorena Fries, quien demandó conocer el detalle de los decretos y los fundamentos detrás de esta decisión. Para la oposición, el secretismo inicial del acuerdo vulnera el derecho de la ciudadanía a conocer el rumbo que tomará la nación en una materia tan sensible como la explotación de tierras raras.

El diputado socialista Nelson Venegas puso el foco en la gestión diplomática de la nueva administración. A su juicio, Estados Unidos busca monopolizar las relaciones con Chile, cerrando puertas a acuerdos comerciales con otros socios estratégicos. Venegas cuestionó el perfil del canciller Pérez Mackenna, sugiriendo que, aunque posea habilidades para los negocios, la compleja coyuntura mundial requiere de una pericia diplomática que, según el parlamentario, aún no se evidencia en estas primeras acciones de gobierno.

Entre EE. UU. y China: el tablero de la nueva “Guerra Fría”

Por su parte, el diputado Raúl Soto (PPD) advirtió que el país no puede convertirse en una pieza de ajedrez en la disputa global entre Washington y Beijing. Esta preocupación es compartida por Nathalie Castillo (PC), quien enfatizó que minerales como el litio y el cobre son pilares de la soberanía nacional. Castillo advirtió que si esta alianza solo sirve para asegurar materias primas para economías externas, Chile estaría profundizando un modelo extractivista sin valor agregado, alejándose de un desarrollo industrial propio que beneficie a las regiones del país.

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