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Resolver la desigualdad que aún se genera en el sistema público municipal con las denominadas plantas en extinción, propuso mediante un proyecto ante la Cámara Baja, el diputado por Los Ríos Bernardo Berger (RN).
Las plantas en extinción corresponden a aquellos funcionarios municipales que durante la última ley de plantas que se genero en la década de los 90, no cumplían con títulos universitarios para poder mantener las jefaturas en el sistema, lo que dio paso a una excepción a la ley para que pudieran seguir. Sin embargo, ello les ha privado desde entonces de poder hacer carrera funcionaria, con efectos tales como la congelación de los grados y la imposibilidad de optar a mejores cargos dentro de la carrera funcionaria.
El legislador explicó que de acuerdo a la información recabada por medio de los oficios de fiscalización solicitados, según las respuestas emanadas de 198 de las 345 Municipalidades, existirían al menos 66 personas en dicha condición.
“Ésta es una situación que se arrastra por décadas, si bien en un inicio eran muchos funcionarios –eran miles-, hoy en día la cifra es bastante poca, pese a eso, es una situación de desigualdad que se mantiene hasta los días de hoy, y es gente que probablemente de seguir en las mismas condiciones va a jubilar de manera absolutamente empobrecida, pese a haber trabajado para el sistema público municipal durante prácticamente toda su vida”, señaló.
Agregó que “lo que estamos buscando es aumentar en dos grados parejos a éstos funcionarios como solución. Algunos alcaldes han resuelto por iniciativa propia la disparidad que se produce con la gente que tiene planta en extinción, pero otros ediles no lo han hecho, y creemos que debe haber una solución homogénea”.
Berger recordó que en la última ley de modernización de plantas municipales en el 2016, se planteó este tema, el cual fue retirado de la mesa de discusión para no entrampar la pronta aprobación del proyecto, tema que quedó pendiente.
Por lo anterior, el parlamentario mediante el proyecto de resolución N°1051 le solicita al Ejecutivo tomar cartas en el asunto, y lo hace proponiendo esta fórmula que ya ha sido aplicada de manera voluntaria en algunos municipios del país
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