Se trata de 400 mil toneladas del recurso natural que se podrían explotar por un plazo de 29 años. Según señala el profesional, esta licitación afectaría al Fisco en caso que la nueva Constitución estipule un nuevo sistema de desarrollo económico para nuestro país hacia uno en que el Estado tenga un rol preponderante.
La convocatoria a licitación por Contratos Especiales de Operación para poder explorar, explotar y comercializar litio, publicada el 13 de octubre en el Diario Oficial, ha levantado polémica respecto del momento y la reserva con la que el Gobierno la llevó a cabo.
Ello provocó que el convencional Daniel Stingo, junto al abogado Julio Salas, denunciara que el Ejecutivo habría acelerado este proceso para afectar al proceso constituyente, como lo explicó el propio Salas, en conversación con nuestro medio.
“Se trata de un proceso que ha sido evidentemente poco transparente en términos de su publicidad y que busca cercenar las competencias tanto del Poder Constituyente como del Legislativo futuro”.
La Constitución del 80 establece que el Estado tiene el dominio de las arenas metalíferas, de los salares, pero, según indica el abogado y magister en Políticas Públicas, ésta es una definición declarativa porque basta la sola firma del ministro de Minería para entregar a privados concesiones administrativas. Y, de acuerdo con lo que señala el letrado, eso es lo que hizo el Ministerio de Minería en este caso.
“Al removerse el rol subsidiario del Estado, este cambio posibilita que el Estado pueda desarrollar algunas actividades consideradas estratégicas, como la explotación directa. De producirse ese cambio en una nueva Constitución, el próximo congreso tendría plena facultades para crear una empresa nacional del litio y los efectos de eso para el desarrollo del país son comparables a los que tiene Codelco”.
Dado que el plazo de la concesión es de 29 años, el abogado y candidato a diputado plantea que esta concesión debe ser suspendida, ya que estamos en medio de un proceso constituyente, por lo que comprometer un convenio con esa cantidad de tiempo puede conducir a que el Estado deba responder por el incumplimiento de las condiciones de la licitación pactada con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo pacto social.
“Es discutible que, dado que este gobierno está por terminar, se realicen estas definiciones de última hora sobre políticas públicas que generan un alto impacto. En este caso es doblemente grave porque sabemos que en la Convención se van a discutir estos temas y, además, porque los resultados de esta licitación se resolverán el 14 de enero de 2022, cuando ya habrá un nuevo jefe de Estado electo. Uno esperaría que el ministro Jobet tenga la decencia de bajar la licitación porque resulta completamente impresentable, sabiendo además el inversionista nacional o extranjero que participe de esta licitación que lo más probable es que haya una modificación sustantiva en las reglas del juego, por lo tanto, esta licitación no es del litio, sino de un vale vista para el cobro de una indemnización para el privado cuando se cambie la normativa respecto del rol del Estado subsidiario que viabilice la explotación del litio a través de una empresa pública”.
Consultado sobre si esta decisión del Ejecutivo podría responder a una forma de incentivar la inversión en orden a apurar la reactivación y paliar los efectos económicos que ha dejado la pandemia, Salas indicó que dados los plazos iniciados en la licitación, tampoco es posible entender este proceso en ese sentido.
“El pago por la extracción solo se da a medida que va sucediendo la extracción, por lo tanto, esto no inyecta recursos al erario público de manera urgente. No hay forma de vincular esto a un esfuerzo de reactivación post pandemia. Esto, más bien, es un intento de amarrar un negocio, porque el ministro y el Presidente saben que es posible que la Constituyente modifique la capacidad del Estado de disponer privativamente de los recursos”.

“Lo que también saben es que quien se adjudique la licitación, podrá obtener una indemnización por no haber podido explotar el litio”, enfatizó.
La diputada Daniela Ciccardini solicitó a la Contraloría General de la República un informe respecto de la situación de la licitación. En ese sentido, Salas señaló que lo que está en discusión no es la legalidad del llamado, ya que el proceso está ajustado tanto a la Constitución vigente como a las leyes. El problema es que desconoce que hay un proceso de cambio en desarrollo y que las condiciones pueden cambiar.
“A veces destinamos mucho tiempo a hablar de las amenazas de forma que tiene el proceso constituyente, pero este tipo de decisiones son amenazas de fondo, porque apunta a extraer de la competencia del proceso constituyente una materia y dejarla resuelta para que no se pueda abordar posteriormente o que, de abordarse, implicará el pago de una indemnización por parte del Estado y eso es algo que, francamente, parece una colusión para la obtención de recursos de manera poco transparente”.
El abogado se refirió también a la discusión recurrente respecto del cambio de modelo de desarrollo que se viene dando incluso desde antes de iniciado el proceso de redacción de un proyecto de nueva Constitución.
“Este cambio consiste justamente en agregar valor en aquellos bienes en los que el país tiene alguna ventaja de explotación. La forma en que se desarrollaron países como Finlandia o Suecia fue a partir de este enfoque, a partir de recursos que eran significativos en esos países, se agregó valor y se construyó un nuevo modelo de desarrollo que los llevó a ser ejemplo de estabilidad democrática. Esos países hicieron el cambio de enfoque cuando eran más pobres de lo que es Chile hoy y, por lo tanto, es perfectamente posible repensar las reglas del juego en que se conducirá la economía chilena”.
En cuanto al oficio enviado por la diputada Ciccardini al Contralor en el que señala que los términos de la licitación parecen apuntar a que sea adjudicada por una empresa específica: SQM. El abogado, sin embargo, explicó que es posible suponer que, luego de saber la influencia de esa empresa en el sistema político, haya alguna cooptación de autoridades públicas.
“Pero hay que hacer la salvedad que la licitación establece que las 400 mil toneladas de litio metálico comercializable estarán divididas en cinco cuotas individuales de 80 mil toneladas y que ningún adjudicatario podrá recibir más de dos cuotas, por tanto, debería haber al menos tres adjudicatarios beneficiados. Lo más probable es que ellos no terminen extrayendo ni un gramo de litio de los salares de Chile, sino que adquirirán un crédito cobrable una vez que se cambie la normativa. Si el Ministro baja la licitación, dejará de obligar al Estado de Chile a indemnizar por algo completamente predecible”, concluyó el profesional.
By: Claudia Carvajal G / Diario Uchile